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El 25 de febrero y el 11 de marzo de 2022 publiqué dos columnas tituladas “La soledad del ciudadano común” en las que resumí las denuncias hechas por la Veeduría de Armenia y del Quindío y por la Procuraduría Judicial, Ambiental y Agraria de Armenia contra el proyecto de la constructora Río Espejo S.A.S. en Circasia (Quindío) y contra la alcaldesa de ese municipio, Ana Yulieth Díaz.
El proyecto se llama Ecociudad Galicia, los detalles están en las columnas mencionadas y de lo que se trata es cómo una constructora y unos funcionarios municipales asaltaron en la buena fe a cientos de ciudadanos que sueñan con una posibilidad digna de vivienda. A pesar de los múltiples cargos contra un proceso que arrancó con un volteo de tierras arbitrario y que luego derivó en 13 irregularidades, los constructores, su abogado, la alcaldesa y sus funcionarios persistieron en ese adefesio.
Finalmente y ante el espíritu escéptico de quienes tenemos dificultad para creer en la justicia del país, el jueves 2 de febrero de este año el Tribunal Contencioso Administrativo del Quindío, en segunda instancia, declaró nula la licencia urbanística otorgada por la Alcaldía de Circasia a Río Espejo S.A.S., prohibió la continuidad del proyecto Ecociudad Galicia y volver a construir en el área denunciada.
Un asunto que tuvieron en cuenta los magistrados del Tribunal y que ignoró la juez tercera en primera instancia es la gravedad que representa que la constructora defendiera, con la complicidad de Empresas Públicas del Quindío (EPQ), la “viabilidad” de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y energía, cuando es claro que no hay ninguna muestra de la efectiva disponibilidad de esos servicios para atender a una población que en total sobrepasaría los 3.000 habitantes una vez fuera terminado el proyecto.
La sentencia del Tribunal es de obligatorio cumplimiento. Sin embargo, durante los días que han pasado desde que fueron notificadas las partes la construcción avanza a velocidades sorprendentes y en la página web de la constructora y en la oficina que abrió en el municipio siguen promocionando el proyecto. Al cierre de esta columna la situación no cambió.
El Ministerio de Vivienda del gobierno pasado contrató como asesor a Nelson Uribe Ramírez, quien a su vez es el abogado de la constructora demandada, Río Espejo S.A.S. El ministro de entonces, Jonathan Malagón, fue advertido sobre los impedimentos éticos de ese trabajo, pero el funcionario respondió que no le parecía grave. ¿Sigue el señor Uribe en el Ministerio?
Esa cartera argumenta que nada tiene que ver con las trampas de Circasia porque defiende la autonomía territorial. El argumento es válido. Pero, señora ministra Catalina Velasco, ¿qué puede hacer su despacho para garantizar los derechos de los ciudadanos tumbados en ese negocio? La justicia, así la pisoteen constructores y funcionarios, llegó para enseñarnos que los torcidos se pueden enderezar, pero hay unas víctimas que entregaron sus ahorros y que los van a perder.
La Cámara Colombiana de la Construcción es otra entidad ausente a pesar de que casos como el de Ecociudad Galicia se repiten por miles en Colombia. Ante eso, ¿cómo defiende el buen nombre del sector? ¿Qué hace la Superintendencia de Industria y Comercio?
Y la Fiduciaria del Banco de Bogotá, ya siendo notificada, ¿sabe que su nombre sigue siendo citado por Río Espejo S.A.S. para continuar la venta de un proyecto amparado en la entidad bancaria a pesar de que ya fue prohibida toda acción de construcción?
Entonces, señores del Estado y privados, ¿qué hacemos? ¿Vamos a permitir que le tiren la puerta en la cara a la justicia?
* Periodista.
