Una respuesta al columnista Indalecio Dangond y a su diagnóstico anticipado.
Recibo con perplejidad la columna en la que Indalecio Dangond declara que “Petro dejó el agro en sala de urgencias”. El diagnóstico se presenta como el resultado de un empalme que no ha comenzado. El coordinador designado por el presidente para esta labor, el ministro Germán Ávila, instruyó este viernes que el proceso inicia formalmente el 10 de julio. Mal haría un médico declarar a un paciente en urgencias antes de haberlo examinado.
El empalme que estamos preparando como sector será riguroso y transparente, como ha sido nuestra gestión al frente de la cartera, con fuentes oficiales y verificables, abierto a cualquier auditoría y, lo más importante, con impactos positivos que hoy ya vemos en los territorios, en los beneficiarios de la Reforma Agraria y en el conjunto de la población rural.
El columnista dice que el PIB agropecuario “apenas alcanzó un mediocre 2,9 %” y que la participación del sector “se estancó en un raquítico 6 %”. Permítanme corregir dichas afirmaciones. El sector agropecuario cerró 2025 con un crecimiento de 3,1 %, superando en 0,5 puntos porcentuales el aumento del PIB nacional (2,6 %). Esto no es un hecho aislado pues en 2024 el sector creció 6,1 %, ubicándose 4,6 puntos por encima del crecimiento nacional (1,6 %); y en 2023 también superó en 0,8 puntos a la economía en su conjunto. Tres años seguidos posicionándose como motor de crecimiento económico para el país.
Sobre la participación en el PIB, el DANE señala que en 2025 el valor agregado del sector alcanzó el 11,0 % del PIB, su mayor nivel en 33 años, duplicando el 5,9 % que representaba en 2013. Lo anterior indica que es un sector que logró en el Gobierno del Cambio duplicar su peso en la estructura productiva nacional.
Si comparamos con la región, las cifras del Banco Mundial ubican a Colombia como líder del crecimiento agropecuario en América Latina y el Caribe, muy por encima del promedio regional, y con un desempeño contracíclico mientras grandes economías como Brasil y México registraban caídas. En cuanto a la participación del agro en el PIB, el Banco Mundial sitúa a Colombia (9,3 %) por encima del promedio de América Latina y el Caribe (6,5 %), de Brasil (5,8 %) y de México (3,7 %).
La inversión en el campo, en efecto la más importante de las últimas décadas, se tradujo en récords para el país y para la ruralidad. En 2025, las exportaciones agropecuarias y agroindustriales alcanzaron USD 15.317 millones, el mayor valor de toda la serie, con un crecimiento del 24,7 % en las exportaciones no tradicionales —cacao, aguacate, plátano, limón Tahití, pasifloras, hortalizas— que ya aportan el 46,8 % de lo exportado por el sector, y un superávit comercial récord cercano a USD 5.608 millones. Todo ello apalancado por una diplomacia sanitaria que logró 56 nuevas admisibilidades.
Sumado a ello, logramos récords de producción y abastecimiento con la política alimentaria de este Gobierno. En 2025 se cosechó 41,7 millones de toneladas de alimentos siendo la cifra más alta de los últimos años, y a las centrales mayoristas ingresaron 7,5 millones de toneladas, superando con 1,3 millones de toneladas al Gobierno Santos y 1,2 millones al Gobierno Duque.
Sobre la gestión de tierras, las críticas que se formulan tienen un error de base. Las metas del Acuerdo Final de Paz fueron concebidas con un horizonte de 12 años, no de un cuatrienio. Cabe señalar que este ha sido el único gobierno que ha honrado lo acordado en 2016. La ANT ha gestionado 806.082 hectáreas para proveer el Fondo Nacional de Tierras: 462.562 por compra directa por oferta voluntaria, 314.494 por procesos agrarios especiales y 29.026 por transferencia gratuita. La redistribución de tierras de este Gobierno supera en 3.400 % el gobierno Duque y en 3.800 % lo hecho por Santos.
Se han adquirido 2.675 predios con una inversión de $4,7 billones, el mayor presupuesto destinado en la historia a la adquisición de tierras. De ese total, 264.095 hectáreas están pagadas y 198.467 comprometidas con ofertas aceptadas en trámite de perfeccionamiento. Hemos además administrado las tierras de la Nación, recuperado baldíos de su indebida ocupación y hecho la mayor gestión de tierras para la redistribución.
Hemos redistribuido 351.010 hectáreas a 95.727 familias —81.405 de comunidades étnicas y 14.322 campesinas, con 128.601 mujeres beneficiarias—, combinando entregas provisionales (206.650 ha., que permiten el acceso productivo inmediato) y definitivas (144.360 ha., que garantizan seguridad jurídica). La entrega provisional es un instrumento legal que da acceso de inmediato mientras se surte el registro. Y el acompañamiento existe y es verificable; tenemos 225 proyectos PIDAR por $1,10 billones que benefician a 370.000 productores —358 % más que las inversiones del Gobierno Santos y 183 % más que las del Gobierno Duque—, extensión agropecuaria para 219.041 productores y la reactivación del FONAT, que pasó de 35 a más de 700 distritos.
Sabe el columnista que avanzamos en la compra de tierras a ganaderos, también conoce que dispusimos los bienes administrados por la SAE en manos de comunidades campesinas como nos obliga la ley, elemento que al parecer no se recordaba antes del 2022. La Reforma Agraria se construyó recuperando para los campesinos la tierra que el narcoparamilitarismo había despojado. La hacienda La Macarena, en Tierralta (Córdoba), antiguo centro de operaciones de la casa Castaño, hoy en manos de 120 familias campesinas; el predio Simba–La Comandancia, en San Onofre (Sucre), base del Bloque Héroes de Montes de María, hoy del pueblo Zenú y de familias campesinas; Mochalito, en Ciénaga de Oro, que fue campamento de Salvatore Mancuso. Tierra de la guerra, devuelta a la vida.
Por eso esta política hay que protegerla. Mientras se escribe que la reforma “fracasó”, el despojo regresa por la fuerza. Hace tres días, en la finca La Primavera, vereda Nare de Puerto López (Meta) —un baldío de la Nación recuperado por la ANT y la SAE de manos de un testaferro de alias “El Loco Barrera” y entregado a familias campesinas víctimas—, hombres armados amarraron, golpearon y amenazaron de muerte a los labriegos para expulsarlos, alegando que “recuperaron el poder”. El Gobierno ha puesto las denuncias y convocado las instancias de articulación para la protección de los beneficiarios de la reforma agraria. El país no puede permitir que regrese la política de sangre y fuego para despojar y acaparar la tierra.
Sobre el crédito. En el período 2022–2026 se han colocado $156 billones en crédito de fomento agropecuario, el máximo histórico: más del doble que en 2014–2018 ($73 billones) y por encima de 2018–2022 ($129 billones). Los mayores recursos destinados a los instrumentos de financiamiento y gestión de riesgos ampliaron el acceso al crédito para pequeños productores y PPIB. El valor colocado a este segmento creció 29 % en términos reales comparado con el gobierno anterior, además el monto promedio de los créditos para pequeños productores pasó de $12,2 millones a $19,5 millones, fortaleciendo su capacidad de inversión y productividad. Conoce el columnista que acotamos los instrumentos del crédito de fomento agropecuario para que no se concentraran en grandes productores.
El Fondo Agropecuario de Garantías (FAG) se consolidó como un instrumento de inclusión financiera. Gracias a este mecanismo, tres de cada cuatro productores nuevos accedieron por primera vez al crédito agropecuario. Además, el valor garantizado alcanzó $16,3 billones, un 33 % más que en el periodo anterior, lo que permitió movilizar $22,7 billones en crédito, con un crecimiento del 75% frente al gobierno anterior. Las mayores coberturas del FAG se concentraron en los pequeños productores, facilitando su acceso al financiamiento.
Así pues, la transformación agraria de estos cuatro años está anclada en la Constitución —el Acto Legislativo 01 de 2023 reconoció al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección—, en el CONPES 4184 de Política de Reforma Agraria y en la creación de la Jurisdicción Agraria.
El agro colombiano no está en una sala de urgencias, está viviendo la transformación más profunda de su historia y es el corazón de la revolución por la vida iniciada por el gobierno de Gustavo Petro. Lo que sí está en riesgo son las familias campesinas a las que el despojo quiere volver a expulsar como en los tiempos más aciagos del campo colombiano.
* Ministra de Agricultura.
Por Martha Carvsjalino*
