Hace unos meses escribí sobre la necesidad de diferenciar los conceptos de autoridad y poder. En ese artículo indicaba que la autoridad de un individuo (o de una institución) surge, entre otros, del estudio, conocimiento, profesionalismo, ejemplo, humildad y dedicación que pueda demostrar. Así, una persona que ha ganado el respeto por su trayectoria se le confiere autoridad. El poder, en contraste, se otorga, ya sea a individuos, empresas o instituciones, en muchas ocasiones sin merecimientos, mediante un nombramiento, una elección o simplemente una costumbre. Esta es la razón por la que una diversidad de individuos o entidades pueden alcanzar posiciones de poder. Así, una persona con autoridad no necesariamente es poderosa y una poderosa no necesariamente es considerada una autoridad. Esto explica los numerosos ejemplos de personas que acceden al poder sin tener los atributos de autoridad deseables para ejercer dicho poder en beneficio de la sociedad.
Otro concepto que considero relevante y que amerita especial reflexión en estas épocas electorales es el de legitimidad. En el caso de la contienda presidencial, claramente todos los candidatos de cualquier país aspiran a ser elegidos y reconocidos como sus presidentes legítimos. Conviene entonces meditar sobre los elementos que conforman la legitimidad de un gobernante (que aplican en general también para los casos de personas o entidades en posición de poder y/o de autoridad). Algunos autores (en particular Hunt and Aldrich, Scott) sugieren que la legitimidad proviene de al menos tres componentes, y que estos son dinámicos y pueden variar en el tiempo. En términos simples, adaptados al contexto político, la legitimidad depende de la observancia de las reglas aplicables al nombramiento y desempeño del cargo, de la forma como se ejerza el poder que el cargo genera, y de la autoridad y respeto que inspire el poderoso. Vamos por partes.
El primer componente clave de las fuentes de legitimidad es la llamada legitimidad regulatoria, es decir aquella que proviene de cumplir con las leyes y las reglas asociadas con los procesos de decisión. Para el caso de una elección presidencial, el(la) candidato(a) que resulte elegido(a) se considerará legítimo ganador de la contienda y tendrá la aceptación de la sociedad si su elección se ciñó a unas reglas preestablecidas, que se observaron a lo largo del proceso electoral, y que dicho proceso resultó en un conteo de votos transparente. Así, una contienda electoral legítima conduciría a un “legítimo” ganador(a) de la elección. Adicionalmente, quien ostente el poder en general tendrá que cumplir no solo con las leyes y reglas asociadas con su elección, sino que deberá también cumplir con todas las normas que aplican para su actividad. No en vano, si dicha actividad es la de ejercer la primera magistratura del Estado, su toma de posesión incluye la de jurar defender la constitución del país y sus leyes.
Un segundo elemento por considerar es la que podríamos llamar legitimidad perceptiva, es decir la que surge de la relación entre el comportamiento del poderoso frente a las normas morales, tradiciones y costumbres de la sociedad. Para el caso de un presidente se trata de un comportamiento que se considere consistente y coherente con las expectativas que tiene la sociedad de él (o ella) o la imagen que de él (o ella) se forme la sociedad. Se trata de utilizar adecuadamente símbolos y actitudes que refuercen su legitimidad y que no desconozcan los intereses y expectativas de los grupos minoritarios o de sus contradictores. Nada ganamos con tener un presidente electo legítimamente si cuando se asienta en el poder lo utiliza para su beneficio o para el beneficio exclusivo de un sector de la sociedad, aun si cumple con las leyes.
Con frecuencia los primeros actos de gobierno son eminentemente simbólicos para construir legitimidad perceptiva (que algunos podrían llamar genéricamente imagen). Ejemplos de estos actos son viajar a recibir la bendición de los mamos de la Sierra Nevada, o asistir a las misas de consagración del país al Sagrado Corazón. De alguna manera se busca que los gobernados se sientan representados. Así, la legitimidad no solo consiste en ganar elecciones de acuerdo con unas reglas; depende también del comportamiento de quien ejerce el poder. Se trata no solo de ganar la legitimidad sino de conservarla en todos los estamentos de la sociedad.
Más recientemente, en su afán de ser aceptados como líderes legítimos, los gobernantes recurren a discursos populistas que exacerban la polarización y la posverdad (las tres “Ps” de las que habla Moisés Naím en su último libro, La revancha de los poderosos). En estos casos el gobernante no se adapta a las tradiciones y normas de la sociedad, sino que busca que la sociedad cambie sus normas, costumbres y expectativas de lo que es socialmente aceptado en su propio beneficio. El riesgo de este tipo de discurso basado en estigmatizaciones es que induzca a que la sociedad se convierta en estigmatizadora, generando legitimidad perceptiva entre los grupos que adhieren al discurso, pero perdiéndola entre sus contradictores. Esta forma de mantener la vigencia del líder debería prender las alarmas en cualquier sociedad.
Una tercera fuente de legitimidad es la que confiere la autoridad, que algunos llaman legitimidad cognitiva. Esta proviene, por ejemplo, del análisis y el entendimiento de los problemas, del grado de profundidad de los programas de gobierno o de funcionarios que inspiren confianza y no caigan en la improvisación. En este sentido proyectos personalistas, sin equipos de trabajo consolidados, o sin partidos políticos serios que actúen consecuentemente de acuerdo con idearios consistentes y coherentes tienden a adolecer de este tipo de legitimidad.
Así, quien llegue a posiciones de poder, ya sea a una alta corte, al Congreso, a una junta directiva o a la presidencia de una compañía, haría bien en reflexionar no solo sobre la validez de su nombramiento o elección sino sobre la forma como va a mantener su liderazgo de manera legítima. Su comportamiento, los símbolos que utilice y la manera como se dirija a los demás, especialmente a sus contradictores, determinará en buena medida la capacidad de ejercer el poder que se le otorga.
En suma, la legitimidad es un concepto que requiere constante atención por parte del gobernante o de quien detenta el poder, que implica el respeto a los contradictores, la transparencia de sus actos y el conocimiento de los temas. El grado de legitimidad o de aceptación social del líder es el resultado de la combinación de estos factores y puede variar a partir del día de su elección y durante el tiempo de su mandato. Es por ello que, al depositar nuestro voto, vale la pena reflexionar sobre cuál candidato tendrá la mejor capacidad de mantener un mandato legítimo durante su periodo presidencial.
@lfsamper