¿Qué pasa con la orden presidencial de sacar el Galeón San José?

Pasados cuatro meses de su posesión, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en una entrevista que estaba pensando en una “solución definitiva” para el caso del Galeón San José (Noticias RCN: diciembre 07 de 2022). Han trascurrido 18 meses desde que dijo categóricamente que “El plan es sacarlo” (WRadio, mayo 2 de 2023). ¿Qué ha pasado desde entonces?

Lo primero que hay que notar es que la orden, encomendada por el mandatario expresamente a la Armada Nacional, el Ministerio de las Culturas y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, ICANH, no se ha cumplido. Ello por fortuna, y para bien de la preservación in situ de este importante yacimiento arqueológico. Pero preocupa mucho que la orden presidencial siga en marcha y que tarde o temprano logre su cometido.

Y es que, desafortunadamente, el plan de sacar el Galeón no es un simple capricho o intención pasajeros del presidente. Ya en noviembre de 2023, el ministro de las Culturas, Juan David Correa, expresó en una entrevista que Petro les había solicitado acelerar el ritmo, pues siendo una de sus prioridades, aspiraba a que la extracción se realizara antes de terminar su periodo de gobierno (Bloomberg, noviembre 3 de 2023).

En esos términos, el gobierno dispuso de un presupuesto de $ 18.000 millones para ejecutar un proyecto que ha denominado el “Viaje al corazón del Galeón San José”. Este, según ha trascendido, ha incluido una inmersión exploratoria de carácter remoto al yacimiento, adelantada entre mayo y junio del presente año, al mismo tiempo que se realizaba la declaratoria del yacimiento del San José como un Área Arqueológica Protegida.

Hasta el momento, que se sepa, nada se ha sacado aun, pero para octubre próximo, se tiene programada otra inmersión, durante la cual, según el ministro Correa, se prevé “una pequeña extracción”, para ver cómo se comportan los materiales que conforman el yacimiento, en perspectiva de definir cómo podría efectivamente darse cumplimiento al plan de Petro (El Nuevo siglo, 16-ago-24).

Entre tanto, desde las entidades encargadas de la tarea se han desplegado una serie de actividades buscando hacer visible y posicionar el proyecto ante la opinión pública nacional e internacional. Por ejemplo: el simposio Hacia el corazón del galeón San José, celebrado el 22 y 23 de febrero en Cartagena; la presentación, realizada en Santa Marta el 4 de mayo, por fuera de la agenda académica del Congreso Colombiano de Arqueología; o la celebración de septiembre como el mes del patrimonio, en homenaje al Galeón San José.

Dos estrategias centrales han tenido estos y otros despliegues mediáticos de los últimos meses: contrarrestar las críticas efectuadas desde diferentes sectores de la sociedad y la academia colombiana e internacional que han venido llamado la atención acerca del afán extractivo y la falta de planeación y solvencia científica de la iniciativa y, por otra parte, tratar de convalidar social y políticamente el proceso de diseño y puesta en marcha del plan, mediante actuaciones con tono participativo.

En la primera dirección, con el empleo de un lenguaje abundante acerca del contexto arqueológico del Galeón San José como patrimonio cultural, se ha buscado erradicar de las narrativas oficiales cualquier mención al mismo como tesoro de valor económico y objeto de prácticas extractivas. En esta apuesta, se han purificado las declaraciones del presidente Petro y del ministro Correa, que hasta el año anterior todavía empleaban esos términos. Incluso se ha llegado a condenar dicho extractivismo de los tesoros como un rasgo característico de prácticas patriarcales y colonialistas. Pero más que corrección política en el lenguaje, se requiere que efectivamente se cierre la puerta a la mercantilización y el afán de extraer el patrimonio cultural sumergido, y que se reconozca y actúe en términos de algo que es un asunto de Estado, y no sólo de gobierno.

Una mirada analítica, contextual y de largo plazo acerca de lo que ha sido el manejo político del contexto arqueológico del Galeón San José desde la década de 1980 no puede dejar de advertir que no ha habido un claro deslinde del plan de Petro frente a la estrategia jurídico-política y económica que puso en marcha el expresidente Juan Manuel Santos.

¿Deben acaso olvidarse, sin más, los vasos comunicantes que se hacían visibles en las expresiones de Petro acerca de sus diálogos con el empresario cazatesoros Roger Dooley, al inicio de su mandato, a quien valoró como “un señor muy experto, muy sabio”, del que esperaba que diera el paso definitivo para la operación de extracción del Galeón? (Noticias RCN: diciembre 07 de 2022) ¿O de la valoración de los trabajos previos de exploración, efectuados durante el gobierno Santos, por parte de la empresa Maritime Archaeological Consultants-MAC, como algo que, según Petro, debía ser premiado, en cuanto conducían a sacar los restos del Galeón? (W Radio, mayo 2 de 2023).

Es evidente que el presidente ha querido hacer, a su manera, lo que Santos tanto quiso y no pudo, pues el negocio del segundo, una Asociación Público-Privada con MAC y Dooley para extraer y generar ganancias derivadas de la extracción del pecio, era tan inconstitucional, tan inconveniente, y, por lo tanto, tan criticado por diferentes sectores de la academia y la opinión pública colombiana, que fue suspendido en vísperas de dejar el gobierno, y revocado durante el siguiente.

Algo va del proyecto mercantilista del expresidente Santos, al extractivista del presidente Petro. Aparte de la instrumentalización política y consecuente capitalización mediática de la posible extracción del Galón San José, que ambos gobiernos han compartido, las conexiones entre una y otra estrategia no son tan evidentes, debido al velo de “secreto de estado” con el cual se han cubierto las actuaciones gubernamentales en la materia, incluso aquellas que técnica y jurídicamente no deberían ser un secreto, como los nombres y trayectorias profesionales en arqueología de profundidad de los involucrados en el proyecto actual.

Tratar estas cuestiones de fondo ha sido evitado a toda costa por los funcionarios encargados de ejecutar el plan en el actual gobierno, desviando la atención mediante la segunda estrategia mencionada: la participación de la ciudadanía se ha canalizado hacia los aplausos y las tareas de comentar en línea documentos puntuales como la formulación del Plan de Manejo Arqueológico y la declaratoria del Área Arqueológica Protegida del San José, reservándose el ICANH y el Ministerio de las Culturas, las decisiones acerca de cuáles aportes se atienden, cuáles no, y cuándo se harían los ajustes resultantes. Los posicionamientos críticos y las preguntas de fondo, como los que se han venido efectuado públicamente por parte de la RUPCS y otros sectores académicos han sido estigmatizados o simplemente desoídos.

Desde la RUPCS se han planteado a este gobierno, como a los dos anteriores, una serie de análisis y propuestas encaminadas a dar un tratamiento integral, científico y constitucional a cualquier acción que se pretenda realizar sobre bienes del patrimonio arqueológico subacuático, encuéntrense éstos en aguas marítimas o terrestres (https://cienciassociales.uniandes.edu.co/opca/comunicaciones-publicas-de-la-red-universitaria-de-patrimonio-cultural-sumergido/).

Mientras no haya una política pública al respecto, y mientras no se derogue la ley 1675 de 2013 y la normativa desarrollada en el gobierno Santos, para tratarlos como mercancías, los riesgos para la adecuada conservación, investigación y valoración de este y otros patrimonios sumergidos seguirán presentes. Pero, además, en ausencia de estas medidas, aumentan los peligros que ha traído consigo, y traerán, las demandas de las empresas cazatesoros que han aprovechado el vaivén de las erráticas decisiones de los gobiernos de turno que les han dado juego desde la década de 1980.

Desde luego que tales análisis y propuestas, por su envergadura y carácter integral, no pueden tramitarse como formularios a diligenciar en línea, según los términos y plazos establecidos por una entidad estatal. Se han ofrecido por escrito y de viva voz al actual gobierno, primero en la solicitud de una reunión con el presidente Petro y altos funcionarios concernidos, que sin embargo recibió una respuesta tardía que fue desescalada hacia una reunión sin mayores consecuencias, con la directora del ICANH, Alhena Caicedo, en diciembre de 2023. Segundo, se hicieron comentarios sistemáticamente elaborados, de carácter científico y jurídico al Plan de manejo arqueológico, en enero de 2024, que no recibieron respuesta oficial. Igual suerte corrió un comunicado público, efectuado en febrero de 2024, en donde se formulaban preguntas acerca del proyecto Galeón San José, pero, además, sobre la posible agenda legislativa para derogar la Ley 1675 de 2013 y una convocatoria para la formulación conjunta de una política pública sobre patrimonio cultural sumergido.

El único espacio en el que podría, eventualmente, hacerse una escucha y unos diálogos auténticos respecto de los planteamientos de la RUPCS, se produjo en el marco del ya citado simposio Hacia el corazón del galeón San José, celebrado el 22 y 23 de febrero en Cartagena. No obstante, fue evidente la asimetría provocada por la estructura de programación de un evento de dos días, al conceder sólo 20 minutos a la Red, como única voz crítica presente en el mismo. La intervención, efectuada por el arqueólogo Juan Guillermo Martin fue contestada por el ministro de las Culturas en términos defensivos, aunque aseguró que pondría en marcha la iniciativa de reformar la Ley 1675, mientras que la directora del ICANH hizo lo propio en referencia a una Política de Estado sobre PCS. A la fecha, ninguna señal clara se tiene acerca de la concreción de estos propósitos, que serían fundamentales, aun cuando no suficientes, para demarcar de manera contundente el Plan Petro frente al Plan Santos.

En una columna de opinión reciente, titulada “El Galeón San José navega en irregularidades”, cuyo coautor es el arqueólogo Juan Guillermo Martín, se formularon al ministro de las Culturas estos y otros interrogantes (El Espectador, agosto 27 de 2024). Correa, en una columna de respuesta, adopta un tono estigmatizante, al expresar que con el título se trata de “promover las discusiones de fondo mediática y peligrosamente sensacionalistas”, reclama al arqueólogo no haber hecho los aportes oportunamente y por los medios dispuestos para tal fin, mientras que conduce las discusiones de fondo a una esfera de debate personal, desconociendo que algunos de los temas tratados han sido expuestos de manera detallada desde hace meses, si no años, desde la RUPCS. (El Espectador, 3 de septiembre de 2024).

Seguimos planteando, desde la RUPCS, la necesidad de convocar a un proceso realmente participativo, de escucha auténtica para la construcción de una política pública sobre PCS, y para la eliminación de las inconsistencias legislativas y aspectos inconstitucionales de la normativa actual sobre el tema. A la vez, seguimos exponiendo, ante la opinión pública nacional e internacional, análisis fundamentados sobre los riesgos que en el corto y largo plazo siguen afectando la suerte del patrimonio cultural sumergido y arqueológico en general.

Igualmente, invitamos al gobierno actual, en cabeza del señor presidente y los funcionarios encargados de ejecutar sus mandatos, a reconsiderar el camino por ellos emprendido. En lugar de seguir adelante con un plan de orígenes oscuros y prioridades inmediatistas, se deberían enfocar los esfuerzos financieros e institucionales dispuestos, que en el contexto actual de la economía del país no son insignificantes, hacia el fortalecimiento de las capacidades locales en materia científica y tecnológica, no solo de la Armada, el ICANH y el Ministerio de las Culturas, sino, sobre todo, de los sectores más amplios de la academia y la gestión patrimonial.

* Firman en orden alfabético: Sergio Andrés Castro (Universidad de Santander); David Cohen (Universidad de los Andes); Mario Omar Fernández (Universidad de Los Andes); Hernando Javier Giraldo (Universidad del Cauca); Luis Gonzalo Jaramillo (Universidad de los Andes); Roberto Lleras (Miembro de número, Academia Colombiana de Historia); Juan Guillermo Martín (Universidad del Norte); Juan Felipe Pérez (Fundación Proyecto Navío); Carlo Emilio Piazzini (Universidad de Antioquia); Javier Rivera-Sandoval (Universidad del Norte); Manuel Salge (Universidad Externado de Colombia).