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Por: Ariel Ávila y Esteban Salazar*
Córdoba ha estado en medio del debate nacional en los últimos años. Fue la cuna del fenómeno de la parapolítica, luego fue, también, este departamento la mejor muestra de lo que se conoció como la mermelada o los cupos indicativos, el festival de la compra venta de votos conocido como la ñoñomanía y también fue Córdoba donde se dieron los famosos cárteles de la hemofilia, que sirvieron para desangrar el sistema de salud del departamento.
Desde hace dos décadas la democracia en Córdoba está secuestrada por cuatro poderosos clanes políticos familiares:
1) López-Casado-Amín (Partido Liberal)
2) Ñoños: Musismo-Ñoñomanía (La U)
3) García-Pineda-Barguil (Conservador)
4) Jattin (La U).
Los tres primeros se fragmentaron y el último se mantiene enquistado. Sin embargo, para las elecciones de 2019, las alianzas entre las fracciones garantizan la supervivencia de todos.
Entre los clanes compiten y se distribuyen el control de la gobernación y las 28 alcaldías que conforman el departamento. Por el gran caudal electoral que manejan, han logrado establecerse en el Congreso de la República y desde allí ejercer injerencia en el ejecutivo. Al respecto, la Fundación Paz & Reconciliación (Pares) ha hecho diversas investigaciones durante el último lustro, advirtiendo sobre el riesgo que representa la continuidad de estos en el Congreso y ahora con sus propios candidatos para las elecciones locales de 2019.
Cabe recordar los clanes son principalmente la herencia que dejó la parapolítica, luego del ascenso a sangre y fuego de familias que se favorecieron electoralmente de las AUC, comandadas por los hermanos Castaño y Salvatore Mancuso. Como si lo anterior no fuera suficiente, varios de sus integrantes han sido salpicados también en los recientes escándalos de la “mermelada tóxica” (o cupos indicativos), el Cartel de la Toga, los sobornos de Odebrecht y unos sofisticados mecanismos de corrupción a nivel local.
Luego de las rupturas y alianzas para las elecciones de 2019, los clanes se congregan en dos grandes frentes, que impulsan las dos candidaturas más fuertes a quedarse con la Gobernación y la alcaldía de Montería.
En el primero, están las candidaturas de Orlando Benítez Mora (Gobernación) y Carlos Ordosgoitia (Montería), ambos con el aval Liberal, pero Ordosgoitia con el coaval Conservador. Estos tienen el apoyo del clan liberal, manejado anteriormente por el parapolítico Juan Manuel Juancho López y la exsenadora Arleth Casado, pero del que ahora está a la cabeza del senador Fabio Amín y su representante a la Cámara, Andrés Calle Aguas.
También, congregan el apoyo del Clan del Musismo, en cabeza del exsenador corrupto Musa Besaile y sus hermanos Edwin Besaile (exgobernador destituido en 2019) y Jhonny Besaile (senador de la U 2018-2022); así como del representante Erasmo Zuleta Bechara (de la cuestionada familia Bechara) y el senador conservador David Barguil, quien fue clave para otorgar el coaval de la colectividad azul a Ordosgoitia y en 2018 se separó del Clan García-Burgos.
En este frente, los cuestionamientos más complicados vienen del apoyo del Clan del Musismo, quienes tienen al exsenador Besaile preso por sus vínculos con el cartel de la toga, además de presuntas relaciones con grupos paramilitares. El timón de esta campaña también es manejado por el senador Amín, quien se separó de sus padrinos políticos en 2018 para edificar una estructura política asociada a graves investigaciones de corrupción en el municipio de Montelíbano y que buscan controlar los municipios del sur de Córdoba por medio de un movimiento denominado “Camino Correcto”, liderado por el representante Calle y su papá, Gabriel Calle, actual candidato a la alcaldía de Montelíbano y quien está siendo investigado por su presunta participación en un sofisticado mecanismo de corrupción descubierto por Pares.
A la candidatura de Benítez también se sumó el apoyo de la Colombia Humana en Córdoba, por medio del respaldo que le dio recientemente Gustavo Petro. Al parecer, ignorando los cuestionados apoyos de los clanes.
En el segundo frente, se encuentran los candidatos Carlos Gómez Espitia (Gobernación) y Salin Ghisays (Montería), avalados por coaliciones, pero con un factor común: el partido Centro Democrático. Estos se encuentran apoyados por la coalición del exgobernador corrupto Alejandro Lyons y su prima, la representante a la Cámara Sara Piedrahíta Lyons, del partido de la U; la senadora Ruby Chagui, del partido Centro Democrático y una parte del partido Cambio Radical en Córdoba.
Asimismo, está el Clan García-Burgos, en cabeza de la actual baronesa electoral de Córdoba por el partido Conservador, Nora García y de su hijo, Marcos Daniel Pineda, actual alcalde Montería. Junto con estos apoyos, entran el representante conservador Wadith Manzur, hijo del excongresista investigado por parapolítica Julio Manzur, y el clan de la exsenadora investigada por parapolítica Zulema Jattin. Ante la ruptura del clan de los Ñoños, solo la casa de la ñoñomanía apoya también esta candidatura, en cabeza del exsenador Bernardo Ñoño Elías, preso por el escándalo de Odebrecht.
De este grupo, los cuestionamientos son igualmente graves. Por un lado, el exgobernador corrupto Alejandro Lyons, quien es testigo clave del cartel de la toga y se encuentra en Estados Unidos, apareció recientemente en unas conversaciones denunciadas por la W radio en las que Yasser Alvear, actual candidato a la alcaldía de Montería reveló que, al parecer, Lyons sigue manejando a su antojo el departamento haciendo arreglos para Carlos Gómez en su candidatura.
Por otro lado, Nora García tiene investigaciones por parapolítica ante la Corte Suprema de Justicia; Marcos Pineda García, su hijo, es investigado por temas de corrupción. Pero, como si esto no fuera suficiente, los apoyos de Jattin y Bernardo Ñoño Elías dejan una estela de cuestionamientos adicionales entre los cuales están la parapolítica del departamento y el escándalo de Odebrecht, respectivamente.
Puntualmente, los candidatos también tienen cuestionamientos propios. Para el caso del aspirante a la gobernación Carlos Gómez Espitia, este abogado externadista fungió como secretario General y asesor jurídico de la Gobernación de Alejandro Lyons (2012-2015) y era la ficha con la que este quería pelearle este puesto al clan de los Ñoños en 2015 cuando perdió las elecciones contra Edwin Besaile.
Aunque en su momento Lyons terminó apoyando a Besaile, Gómez también recibió el respaldo de los Char, quienes le ayudaron a conseguir el aval de Cambio Radical para su aspiración a la gobernación. Posteriormente, el exvicepresidente Vargas Lleras lo nombró como director nacional del programa de viviendas de la vicepresidencia. Para el 2018, nuevamente con el apoyo de los Char y de Vargas, aspiró al Senado con el aval de Cambio Radical, cuando también se quemó.
Su fórmula para la capital cordobesa, Salin Ghisays, es hijo del cuestionado Pedro Gihsays, quien se coronó como el zar del chance en Córdoba durante la administración del exgobernador Lyons. De acuerdo con diversos documentos de Justicia y Paz, así como declaraciones del exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, Pedro Ghisays también tendría vínculos como testaferro de las extintas AUC.
En el caso del segundo frente, el candidato a la gobernación Orlando Benítez, en su paso como diputado por la asamblea también ha dejado una serie de cuestionamientos sobre su comportamiento. Benítez le fue funcional a la gobernación del destituido Edwin Besaile, en la aprobación de las ordenanzas que el clan del Musismo le ordenaba. En campaña, también hizo una polémica declaración recientemente en la que dijo: "No seré un gobernador de escritorio que se oculta para robar al departamento. Lo haremos de frente".
Su fórmula en Montería, Carlos Ordosgoitia, quien tiene el aval Conservador y Liberal, es investigado por la Fiscalía luego de que la Procuraduría hiciera dicha solicitud ya que el candidato figuró durante siete años como beneficiario del régimen subsidiado de salud (el Sisbén), el cual existe específicamente para la población de menos recursos en el país.
A la campaña de Ordosgoitia se suma la estrategia de la exsenadora investigada Arleth Casado de López, quien se está lanzando al concejo municipal para contrarrestar el grupo político del clan García Pineda, que lleva 12 años controlando Montería. La maniobra es que Casado, liderando una lista cerrada, arrastre la mayor cantidad de votos y luego de posesionada renunciará a dicha dignidad para cobrar el favor político en la administración local.
Que entre el diablo y escoja.
*Investigadores de la Fundación Paz y Reconciliación
