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No sorprende que a la voz de chuzadas se enciendan en Colombia todas las alarmas: el solo recuerdo de las andanzas del DAS en el régimen de Seguridad Democrática pone los pelos de punta. El órgano de inteligencia del Ejecutivo espió, persiguió, chuzó y perfiló a la Corte Suprema de Justicia, que procesaba a decenas de parapolíticos y, en su religión anticomunista, chuzó a opositores asimilados a enemigo interno, llegó a propiciar torturas y hasta asesinatos. Quienes obraron entonces desde los meandros de la Guerra Fría procederían ahora con idéntico estandarte contra el Gobierno del cambio. Dijo el presidente que antiguos chuzadores expulsados del gobierno vuelven por sus fueros para destruirlo: hoy enfrentamos, precisó, una campaña orquestada por grupos de oscuro origen para desprestigiar al gobierno, a las inteligencias y a algunas estructuras militares, y para enemistarlo con otras ramas del poder público. Se habría configurado así la más audaz intentona desestabilizadora contra este gobierno. Con todo, tendrá el presidente que pedir investigación sobre la DNI en estos dos años y exigir sanciones si resultan responsables.
En ejercicio de su “libertad de dudar”, recuerda Cecilia Orozco que los organismos de inteligencia del Ejército y la Policía son los más potentes, se manejan solos y no responden necesariamente a sus superiores civiles. Sobre todo si estos discrepan de la formación castrense apoyada en la doctrina gringa de seguridad nacional. El fantasma del comunismo recorre todavía los cuarteles que en el gobierno Uribe frecuentó y regresó con bríos a los órganos de espionaje en la administración Duque. Se pregunta ella a quién obedecen los jefes de aquella inteligencia que sobreviven hoy: “¿a Petro, el ‘comunista guerrillero’, o a sus patrones Duque-Uribe y a sus generales Zapateiro y Vargas que parecen seguir actuando a través de sus exoficiales?”.
Si no fuera por el sufrimiento causado, el mentís de Uribe movería a risa: “dijeron que yo le estaba haciendo seguimiento a la Corte Suprema. Nunca (…) Yo he sido un combatiente de frente”. Por el escándalo del DAS, su círculo más estrecho terminó en la cárcel: el director de la entidad, Jorge Noguera, entre otros cargos, por haber ordenado el asesinato del profesor Alfredo Correa de Andréis; la directora María del Pilar Hurtado; el exdirector de Inteligencia, Fernando Tabares, quien declaró en juicio que el más alto nivel de la presidencia estaba al tanto de cuanto sucedía con los seguimientos y las interceptaciones ilegales. Revela Verdad Abierta que varias veces se fraguaron complots con exparamilitares contra la Corte: en particular contra los magistrados auxiliares Iván Velásquez (hoy ministro de Defensa) y Luz Adriana Camargo (hoy Fiscal General).
Todo revivió ahora con la denuncia del magistrado Jorge Ibáñez de que sus comunicaciones estarían intervenidas, y con las sospechas del senador David Luna sobre abuso igual. Las Altas Cortes rechazaron estos hechos, por atentar contra la democracia y contra la seguridad de los jueces. El director de la ANI, Carlos Ramón González, informó que su entidad no hace seguimiento de personas (confiado este al Ejército y a la Policía) sino inteligencia estratégica contra grandes organizaciones delincuenciales: por eso no dispone siquiera de esa tecnología. La ANI, aclara, es una entidad civil y desarmada. No reconoce enemigo interno ni persigue a la oposición.
Mientras da su veredicto la Fiscalía, las circunstancias sugieren que, si hay chuzadas, estas vendrían principalmente de la derecha radical. Si con ellas selló hace 15 años un régimen de fuerza, hoy pretende llenar el vacío de una oposición incapaz de contrapropuestas plausibles a los problemas del país.