La pandemia ha desatado una profunda crisis económica en Colombia y en el mundo. No se sabe cuánto durará ni cuán honda será. Solo sabemos que apenas comienza y que ya es de magnitud histórica. Basta con mirar cifras oficiales a nivel mundial. Para solo mencionar una: la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó al 14,7 %, la más alta desde la Gran Depresión de los 1930. En Colombia, se estima que podría llegar a superar el 20 %, con la diferencia de que en EE. UU. sí existe el seguro al desempleo.
Las crisis profundas requieren medidas audaces y producen oportunidades inusitadas. Ante la gravedad incontrovertible de la realidad, propuestas que hasta hace poco se descartaban por considerarse utópicas e irreales, hoy son entendidas como posibles y sobre todo necesarias. Un buen ejemplo es la Renta Básica, una idea de tiempo atrás de académicos y sectores políticos progresistas, que empieza a abrirse camino.
Hace dos semanas, un grupo de senadores, liderados por Iván Marulanda de la Alianza Verde, presentó una proposición para crear el Ingreso Mínimo Vital, sin recibir mayor atención en los medios. La propuesta, basada en documentos técnicos elaborados por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, así como en recomendaciones de otros economistas, cuenta con el respaldo de 53 senadores. Se centra en dos grandes apoyos económicos: un subsidio por el valor de un salario mínimo mensual con prestaciones sociales legales ($1’409.000) a personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis y una transferencia de un salario mínimo mensual ($877.000) a los hogares más pobres. Se unificarían y reemplazarían los programas existentes de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el recién creado Ingreso Solidario. En total, se estaría beneficiando a 34,5 millones de personas, que representan el 71 % de la población, por un período de tres meses.
El costo total de la propuesta suma 40,5 billones de pesos, el 4 % del PIB. Sin duda, es muchísima plata. Sin embargo, si se mide en relación con la magnitud de la crisis, el costo de no hacer nada y los porcentajes destinados de sus respectivos PIB por países comparables al nuestro -aproximadamente 10 % en Perú y 7 % en Chile- se podría argüir que el monto es aún demasiado bajo.
Ante la pregunta evidente de cómo se paga, la propuesta plantea una serie de fuentes de financiación inmediatas. Entre ellas, la suspensión de las exenciones tributarias de la Ley de Crecimiento Económico de 2019 y la ampliación del impuesto al patrimonio. Una de las pocas cosas positivas de la extrema concentración de riqueza en Colombia es que es relativamente fácil identificar, utilizando los términos de Garay y Espitia, quiénes son los ricos, los superricos y los supersuperricos, los verdaderos atenidos del modelo imperante.
El objetivo, en primer lugar, es evitar la hambruna y garantizar la supervivencia digna de la población. Pero no es un acto de caridad. Desde la lógica básica del mercado, se trata de garantizar la sostenibilidad de la economía, inyectándole recursos a quienes más los necesitan, a su vez estimulando el consumo de alimentos y servicios indispensables. Hoy la cuestión no es si el Estado debe rescatar a la economía o no, sino cómo debe hacerlo: ¿desde abajo entregándole dinero a los más necesitados o desde arriba, subsidiando a los más adinerados, como se ha venido haciendo?
No son tiempos normales. Incluso gobiernos de extrema derecha e híper capitalistas se han visto en la obligación de romper con las ortodoxias. Tanto Trump como Bolsonaro, aunque no como renta básica y con intereses distintos, acudieron a transferencias masivas de recursos para los sectores más necesitados; en Estados Unidos las recibieron 150 de los 330 millones de habitantes y en Brasil, 70 de los casi 210 millones de habitantes. Hasta en Colombia, el propio Álvaro Uribe afirmó en la plenaria del Senado que con la hambruna no se podía pedir solidaridad.
El pasado viernes, un grupo de los proponentes se reunió con el ministro de Hacienda, ortodoxo por excelencia. Lo interesante es que no los sacó a patadas. El propio senador Marulanda comunicó por Twitter que la reunión había sido “magnifica, convinimos trabajar duro en los detalles esta semana para buscar el consenso.”
De lograrse un acuerdo, sería histórico por varias razones. Pese a su carácter temporal y de emergencia, representaría un paso significativo hacia el re direccionamiento del Estado durante la crisis que todo indica durará más que meses, años. Por otra parte, que una iniciativa parlamentaria, proveniente de la bancada alternativa en la oposición, por la viabilidad, solidez técnica y pertinencia de la propuesta, haya concitado el apoyo de integrantes de nueve partidos y sea acogida, toda o en parte significativa, por el Ejecutivo, en una coyuntura en la cual el equilibrio de poderes y el control político han brillado por su ausencia, tendría un inmenso significado.
Pero principalmente mandaría un mensaje muy poderoso de que, sobre medidas concretas en asuntos vitales para todos como sociedad humana, pese a las diferencias, sí nos podemos poner de acuerdo. En medio de la crisis, una señal de vida muy bienvenida.
* * *
Como colombiano, me da vergüenza la actitud del gobierno de Duque en relación con Cuba, firme aliada de la paz en nuestro país. Suscribo enteramente la excelente columna de Humberto De La Calle el pasado domingo al respecto. ¡Gracias, Cuba!
danielgarciapena@hotmail.com
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.
La pandemia ha desatado una profunda crisis económica en Colombia y en el mundo. No se sabe cuánto durará ni cuán honda será. Solo sabemos que apenas comienza y que ya es de magnitud histórica. Basta con mirar cifras oficiales a nivel mundial. Para solo mencionar una: la tasa de desempleo en Estados Unidos llegó al 14,7 %, la más alta desde la Gran Depresión de los 1930. En Colombia, se estima que podría llegar a superar el 20 %, con la diferencia de que en EE. UU. sí existe el seguro al desempleo.
Las crisis profundas requieren medidas audaces y producen oportunidades inusitadas. Ante la gravedad incontrovertible de la realidad, propuestas que hasta hace poco se descartaban por considerarse utópicas e irreales, hoy son entendidas como posibles y sobre todo necesarias. Un buen ejemplo es la Renta Básica, una idea de tiempo atrás de académicos y sectores políticos progresistas, que empieza a abrirse camino.
Hace dos semanas, un grupo de senadores, liderados por Iván Marulanda de la Alianza Verde, presentó una proposición para crear el Ingreso Mínimo Vital, sin recibir mayor atención en los medios. La propuesta, basada en documentos técnicos elaborados por Luis Jorge Garay y Jorge Enrique Espitia, así como en recomendaciones de otros economistas, cuenta con el respaldo de 53 senadores. Se centra en dos grandes apoyos económicos: un subsidio por el valor de un salario mínimo mensual con prestaciones sociales legales ($1’409.000) a personas empleadas en actividades formales e independientes vulnerables a la crisis y una transferencia de un salario mínimo mensual ($877.000) a los hogares más pobres. Se unificarían y reemplazarían los programas existentes de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor y el recién creado Ingreso Solidario. En total, se estaría beneficiando a 34,5 millones de personas, que representan el 71 % de la población, por un período de tres meses.
El costo total de la propuesta suma 40,5 billones de pesos, el 4 % del PIB. Sin duda, es muchísima plata. Sin embargo, si se mide en relación con la magnitud de la crisis, el costo de no hacer nada y los porcentajes destinados de sus respectivos PIB por países comparables al nuestro -aproximadamente 10 % en Perú y 7 % en Chile- se podría argüir que el monto es aún demasiado bajo.
Ante la pregunta evidente de cómo se paga, la propuesta plantea una serie de fuentes de financiación inmediatas. Entre ellas, la suspensión de las exenciones tributarias de la Ley de Crecimiento Económico de 2019 y la ampliación del impuesto al patrimonio. Una de las pocas cosas positivas de la extrema concentración de riqueza en Colombia es que es relativamente fácil identificar, utilizando los términos de Garay y Espitia, quiénes son los ricos, los superricos y los supersuperricos, los verdaderos atenidos del modelo imperante.
El objetivo, en primer lugar, es evitar la hambruna y garantizar la supervivencia digna de la población. Pero no es un acto de caridad. Desde la lógica básica del mercado, se trata de garantizar la sostenibilidad de la economía, inyectándole recursos a quienes más los necesitan, a su vez estimulando el consumo de alimentos y servicios indispensables. Hoy la cuestión no es si el Estado debe rescatar a la economía o no, sino cómo debe hacerlo: ¿desde abajo entregándole dinero a los más necesitados o desde arriba, subsidiando a los más adinerados, como se ha venido haciendo?
No son tiempos normales. Incluso gobiernos de extrema derecha e híper capitalistas se han visto en la obligación de romper con las ortodoxias. Tanto Trump como Bolsonaro, aunque no como renta básica y con intereses distintos, acudieron a transferencias masivas de recursos para los sectores más necesitados; en Estados Unidos las recibieron 150 de los 330 millones de habitantes y en Brasil, 70 de los casi 210 millones de habitantes. Hasta en Colombia, el propio Álvaro Uribe afirmó en la plenaria del Senado que con la hambruna no se podía pedir solidaridad.
El pasado viernes, un grupo de los proponentes se reunió con el ministro de Hacienda, ortodoxo por excelencia. Lo interesante es que no los sacó a patadas. El propio senador Marulanda comunicó por Twitter que la reunión había sido “magnifica, convinimos trabajar duro en los detalles esta semana para buscar el consenso.”
De lograrse un acuerdo, sería histórico por varias razones. Pese a su carácter temporal y de emergencia, representaría un paso significativo hacia el re direccionamiento del Estado durante la crisis que todo indica durará más que meses, años. Por otra parte, que una iniciativa parlamentaria, proveniente de la bancada alternativa en la oposición, por la viabilidad, solidez técnica y pertinencia de la propuesta, haya concitado el apoyo de integrantes de nueve partidos y sea acogida, toda o en parte significativa, por el Ejecutivo, en una coyuntura en la cual el equilibrio de poderes y el control político han brillado por su ausencia, tendría un inmenso significado.
Pero principalmente mandaría un mensaje muy poderoso de que, sobre medidas concretas en asuntos vitales para todos como sociedad humana, pese a las diferencias, sí nos podemos poner de acuerdo. En medio de la crisis, una señal de vida muy bienvenida.
* * *
Como colombiano, me da vergüenza la actitud del gobierno de Duque en relación con Cuba, firme aliada de la paz en nuestro país. Suscribo enteramente la excelente columna de Humberto De La Calle el pasado domingo al respecto. ¡Gracias, Cuba!
danielgarciapena@hotmail.com
* Profesor de la Universidad Nacional de Colombia y Director de Planeta Paz.