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Más seguro priorizar enfrentar privaciones que discriminaciones para superar “estigmas”.
Terminé la columna “Discutible preeminencia de diversidades en Plan de Desarrollo” en medio de una actividad con estudiantes de secundaria y noté, después de enviarla al periódico, que un argumento central lo dejé demasiado implícito. El columnista de El Tiempo Thierry Ways me hizo el honor de tuitearla y pensé dejar así el tema, pero el profesor Juan Gabriel Gómez, desde Taiwán, me sacó de la auto-indulgencia.
Así que aquí va: una sociedad “libre de estereotipos y estigmas” no es posible sociológica ni ontológicamente. Las “imágenes en nuestras cabezas”, las creencias compartidas sobre atributos de grupos sociales, incluido el propio, son inevitables.
El padre del término hace un siglo, Walter Lippman, decía que “el estereotipo no solo ahorra tiempo en una vida atareada y defiende nuestra posición dentro de la sociedad, sino que tiende a resguardarnos de los desconcertantes efectos de querer ver el mundo estable y en su totalidad”.
El gobierno en el Plan de Desarrollo seguro quiere decir “estereotipos negativos”, a menos que también quiera abolir los estereotipos positivos que tenemos sobre nosotros mismos. Cuando dicen “estigmas”, otro concepto sociológico (Erving Goffman), que define la “pertenencia a un grupo social menospreciado”, probablemente no se refieren a los estigmas necesarios sobre los corruptos, los criminales o los violadores, por ejemplo.
Es importante que un gobierno busque reducir los estereotipos y los estigmas dañinos, pero pretender vertebrar las “transformaciones” para llegar a una sociedad “libre” de ellos es o un uso ligero de los conceptos o la creencia en una sociedad idílica donde los defectos de la naturaleza humana son superados (en un horizonte de evolución corto).
Sería, además, el caso curioso de un gobierno que cabalga sobre los estereotipos para acabarlos, aunque tendría que bajarse, apearse de ellos para lograrlo. Así que el propio presidente sería la medida de cuán difícil es en la realidad esa frase tan políticamente correcta.
Ahora la segunda crítica: que el discurso del gobierno sugiere “que toda ausencia de igualdad es discriminación”. De nuevo, la precisión conceptual es saludable. El gobierno tal vez no discuta con Amnistía Internacional, que dice: “la discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados”.
Tenemos poca discriminación (negativa) en la ley y mucha en el trato. Es apenas natural que el gobierno o el Estado se propongan eliminar las discriminaciones en la ley (debe haber todavía para la población diversa sexualmente, por ejemplo), pero en el trato es distinto el alcance de la intervención del Estado. Inducir cambios de comportamiento en el ámbito de las relaciones sociales es un proceso más delicado.
El proyecto de Plan de Desarrollo habla de “superar las discriminaciones de tipo económico, social, cultural y político”. Tenemos que ver cuáles derechos están impidiendo o interfiriendo esas discriminaciones y de qué modo, es decir, la “distinción injustificada”. Porque esta corriente ideológica del gobierno sugiere que si hay desigualdad económica toda obedece a la discriminación, asumiendo una idea de sociedad en la que todos tendrían lo mismo. Así, acabar las “discriminaciones” (y viéndolas en todo lado), aunque técnicamente no lo sean, nos llevaría a la sociedad soñada.
Siquiera hay otra corriente dentro del gobierno, de la que Jorge Iván González, director de Planeación Nacional, hace parte, que cree que lo urgente es superar “las privaciones básicas”, tarea en la cual con seguridad hay que enfrentar discriminaciones, pero no al revés.
