Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Este martes se firmará el acta final de los acuerdos colectivos entre el Ministerio de Educación y ocho sindicatos del sector (pliego unificado), pero ya Fecode anunció los logros económicos más importantes: i) una (otra) nivelación salarial del 3 % (adicional al incremento del sector público), distribuida en 2026, 2027 y 2028, y ii) el inicio de un reconocimiento especial para los docentes del Decreto 2277 de 1979, alrededor de 123.000 en 2022 (37 %).
Desde el paro docente de 15 días de 2015 estamos en modo “nivelación salarial”, sin que hablemos de cuándo termina y de su racionalidad. El próximo gobierno tiene que mostrar cuáles son los segmentos profesionales de referencia para la nivelación salarial de los docentes oficiales y cómo estamos. Spoiler: esas brechas salariales ya no existen. En algunas comparaciones, los docentes ganan más. Hace algunos años, Sandra García, Darío Maldonado y Catherine Rodríguez lo anunciaron.
La racionalidad de la nivelación salarial en estos diez años ha sido política: de Santos y Duque, por debilidad ante los paros docentes; y de Petro, por alianza estratégica con Fecode (dos nivelaciones, 2023 y 2025). A los sindicatos les corresponde una racionalidad económica, pues su razón de ser es conseguir más ingresos y confort para los afiliados.
Al gobierno le corresponde buscar el mejoramiento del servicio educativo, y uno de sus principales instrumentos es introducir incentivos en la asignación de los recursos públicos, pero como no hay marchas ni paros ni electorado por la calidad educativa, termina entregando el presupuesto a cambio de nada o de evitar o levantar la huelga.
Se sabe que los docentes no mejoran sus prácticas de enseñanza porque les paguen más, sino por lo que les evalúen. Entonces hay que pagar más conforme los resultados de evaluaciones a los estudiantes y a los propios docentes. Si pusiéramos a los estudiantes en el centro del sistema educativo, no sería admisible que un docente ascienda en el escalafón por hacer posgrados, independientemente de cuánto aprenden sus estudiantes. El sistema gira en torno al docente, con una increíble indiferencia sobre el destino del estudiante. Sin arreglar esa falla, no tendremos el principio correcto para las políticas educativas.
La facilidad con la que los sindicatos del magisterio suspenden el servicio educativo refleja bien el actual orden de las cosas. El bienestar de ocho millones de niños y adolescentes es usado como recurso de presión a los gobiernos, y la sociedad lo admite (por varias razones). El tiempo de enseñanza y atención a los estudiantes debería ser sagrado, y su suspensión un recurso extremo estrictamente regulado. La educación es un servicio público esencial para la sociedad, y estratégico, donde el derecho de huelga no se debería ejercer alegremente.
El gobierno y el Congreso pueden apelar al artículo 56 de la Constitución o llenar el vacío legislativo del Código Sustantivo del Trabajo (artículos 431, 446 y 450), como mostré en “Regular las huelgas (de Fecode)” (17/junio/2024). Porque 90 % del gasto educativo en nómina y capital humano sin educación de calidad no nos llevarán a ninguna parte.
