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La acusación de incompetencia era grave, pero la de corrupción es peor.
Escribí hace un año sobre “el declive de la calidad de la clase política”, a propósito del “presidente Duque repartiendo dádivas sin pudor en los días finales de su mandato, el Congreso con un sainete para la elección del contralor y que los partidos Liberal, Conservador y de la U no hayan esperado el mes que les daba la ley para declararse de gobierno”. Tres hechos anti-estéticos, producto de un fenómeno más general: la calidad del personal político viene en franco declive, subrayé.
Con las noticias recientes del entramado de corrupción de Odebrecht, tal vez resulte más evidente la crisis de la “clase dirigente” colombiana. Este es un concepto difuso, pero que se puede acotar así: i) segmento de personas con gran influencia, a menudo no reglada, en la política y la economía de un país; y ii) cuyos alcances se ejercen de forma permanente, por largo tiempo, sin depender de refrendación popular.
Así, por ejemplo, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro pertenecían a la clase dirigente antes de llegar a la presidencia, el uno anclado en el abolengo, el otro como resultado de décadas de liderazgo político determinante, ambos con vocación de poder sobre toda la sociedad. No así secuaces suyos de elección popular u operadores políticos, que conforman el grueso de la clase política.
Que tengamos en el Gobierno y el Legislativo una cantidad de personas sin las capacidades requeridas es un problema muy serio, pero que la “clase” con las capacidades para dirigir la sociedad no haga lo que se espera de ella y lo que es correcto resulta un problema peor. La sociedad necesita cabezas o núcleos que se encarguen de llevarla o liderarla hacia los ideales constitucionales. Pongamos que esas cabezas o núcleos son la “élites”, y que de ahí sale la “clase dirigente”.
Al margen del escándalo del Odebrecht, la clase dirigente se rajaba porque tenemos un Estado mediocre, una clase política en decadencia, una parte grande del territorio sin monopolio legítimo de la fuerza, un desarrollo económico y social lento. Debe haber una “clase” o segmento que responda por la dirección de la nación porque en toda sociedad, aún si es democrática, hay un orden, unas jerarquías, y los que detentan el poder tienen unas responsabilidades. La democracia ayuda a la distribución de las responsabilidades, pero hay realidades de poder más profundas que no se someten a comicios.
La legitimidad es, en buena medida, resultado de los beneficios u oportunidades que reciben o perciben los “dominados” en un orden social. Que Petro haya llegado a la presidencia es un campanazo. Pero que existan confesiones de miembros prominentes de la clase dirigente que muestren que esta no tiene autoridad moral para pedirle a la sociedad pautas de comportamiento que necesitamos nos pone en una perspectiva más difícil: “no hay núcleo sano”.
A los que les gusta sentirse superiores moralmente por su posición política, hay que recordarles que tenemos un presidente que ha vivido por encima de la austeridad que indicarían sus ingresos y al que se le vio recibiendo fajos de billetes en bolsas en una habitación semi-oscura, independientemente de lo que hizo gracias a su entorno el hijo que no crió.
La noción de crisis tiene relación con el deber ser y la responsabilidad. Si no se espera nada de alguien, no hay “crisis” si no hace nada. Tal vez no una crisis dramática que amanece el futuro de la nación, pero sí una profunda inquietud que bordee la sensación de crisis respecto de la clase dirigente deberíamos tener con todo esto de Odebrecht.
