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Quisiera aterrizar esta afirmación de Carlo Tognato: “la defensa del orden democrático implica necesariamente una batalla cultural a favor del pluralismo y en contra de la violencia política”, que cité en Desradicalizar la universidad pública (10 de junio de 2024).
Específicamente en las universidades, ¿cómo promover el pluralismo? En principio, se entiende que se está hablando del pluralismo ideológico-político, y eso nos llevaría al artículo 41 de la Constitución, que consagra una herramienta adecuada para hacerlo: “En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica”.
Como muestran la cultura política promedio de los estudiantes universitarios, maniquea, adversa a más de dos opciones, una de las cuales siempre es moralmente inferior (mamertismo), y el resultado de los alumnos de grado octavo en el Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana (ICCS) de 2022, estamos fracasando en esas dos materias, y habría que tomárselas en serio.
Sin embargo, existe una dimensión menos obvia que está restringiendo el pluralismo ideológico en las universidades, incluyendo a muchas privadas, donde no hay murales del Ché Guevara como en las estatales, pero sí un extendido pensamiento político asociado a él. Esa dimensión es la propiamente académica.
La escasez de pluralismo teórico en los pénsums, los planes de estudio (asignaturas) de las carreras, y en los syllabus, el programa de contenido de una asignatura en particular, tiene una relación con el pluralismo ideológico-político, vía los fundamentos epistemológicos, comenzando por la concepción de la naturaleza humana.
Que la mayoría de profesores, estudiantes y egresados de un determinado programa de pregrado o posgrado tenga una misma preferencia político-electoral no es casualidad. La visión del mundo subyacente común es la explicación. Suelen ser programas con un enfoque teórico dominante o excluyente, que crea comunidades uniformes de puntos de vista, lo que no se espera de una universidad.
Al amparo de la autonomía universitaria, una institución puede adoptar un “proyecto político-epistemológico decolonial”, por ejemplo, pero tiene el deber ético de declararlo (en su misión y en los pénsums) para claridad del público. Normalmente, esos proyectos son adoptados por unidades académicas, y las autoridades generales de la universidad ignoran (no entienden) sus implicaciones.
Bajo la libertad de cátedra, ciertamente un profesor puede decir que en su asignatura solo enseña una escuela o corriente de autores, pero el estudiante tiene la libertad de pensamiento, que exige la posibilidad de escoger entre diferentes ideas y aproximaciones al conocimiento, un deber de la universidad y del profesor.
El profesor que se esfuerza por la “neutralidad valorativa” en el aula (Max Weber) y expone con agudeza las ventajas y desventajas, o las fortalezas y limitaciones de un enfoque o de un conflicto de valores, sin duda enseña más que aquel que opta por la “beligerancia valorativa”. Pero tenemos más beligerantes que neutrales en las aulas.
Así, necesitamos estímulos para el pluralismo en los pénsums y los syllabus. Y ya se verá quiénes los toman.
