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Contratación a dedo de operadores improvisados por al menos un billón de pesos y simulación de preescolar integral por el Ministerio.
En este 2026 estamos viendo el punto más alto de dos políticas de este gobierno que dañan la calidad de la educación inicial: i) la discrecionalidad en la selección de los operadores de ICBF en la atención a la primera infancia, y ii) pasar el preescolar desde los tres años a la órbita del Ministerio de Educación, sin que las instituciones educativas estén preparadas.
Las razones son políticas e ideológicas. En tiempos de afanes electorales no hizo convocatorias generales y acudió a la invitación directa para la contratación de operadores en primera infancia, gracias a una excepción de la que goza el ICBF frente a la ley de garantías. ¿A quiénes invitó a la fiesta?
Para contextualizar recurro a esta columna de hace dos años: “´Democratizar´ la contratación, dañar la atención a la primera infancia”. Allí mostré que el ICBF se proponía que el 75 % de los operadores fueran “organizaciones de base”, es decir, “asociaciones de madres comunitarias, grupos étnicos, asociaciones campesinas, entre otros”. La idoneidad para el servicio de la educación inicial no ha sido el punto.
Llegados a 2026 se desataron de las apariencias y solo hicieron convocatoria para organizaciones campesinas. Como los contratos van hasta junio o julio, fácilmente asignaron así un billón de pesos (para no decir que la mitad del presupuesto de cuatro billones). Esta práctica en el periodo seguro ayudará electoralmente al gobierno, pero perjudicó el desarrollo de la primera infancia.
Así que ojalá el próximo gobierno tome la decisión que evitaron Duque y Petro: estabilidad, idoneidad y remuneración de los operadores que atienden a la primera infancia (adiós a la politiquería, que ha denunciado sin descanso Jhon Arley Murillo), mientras en un par de años se prepara la reforma institucional que deje el primer ciclo de la educación inicial (hasta los tres años) en el ICBF y el segundo ciclo (prejardín, jardín y transición, hasta los seis años) en la esfera de Educación.
Si todos saben que un colegio oficial está lejos de poder prestar la calidad del servicio de un Centro de Desarrollo Infantil (CDI), ¿por qué improvisar el preescolar en condiciones deficientes? Ah, porque quieren creer que con nombrar planta de personal y poner batería sanitaria para pequeñines estamos listos, aunque han visto el equipo interdisciplinario de un CDI y un HI.
No están preparados para la conversación de esta reforma institucional: i) oferta mixta de preescolar de tres años con financiación pública, y ii) instituciones de preescolar especializadas, como los CDI, pero adscritas a instituciones de básica primaria y secundaria por coherencia del Proyecto Educativo Institucional (PEI).
La gradualidad necesaria de la reforma, hacia una verdadera universalización del preescolar integral, permitirá que los actuales operadores idóneos se consoliden y surjan otros. Destruir capital institucional de la sociedad civil por el prejuicio estatizador es algo que debemos parar.
Todo un reto en un país que cambia cada cuatro años de políticas, que invierte menos en la educación de mayor retorno social y más en la de mayor retorno privado, y le da susto decirles a los universitarios que si les va bien en el mercado laboral devuelvan algo a la sociedad (o a los niños).
