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Flexibilidad para conectar aprendices de técnicos laborales subvencionados con unidades productivas pequeñas o informales.
Si queremos cientos de miles de jóvenes que estudien y trabajen (disminuir el flujo de “ninis”) debemos detenernos en el programa de la educación media que otorga, al tiempo, título de bachiller y certificado de técnico laboral, normalmente del SENA.
Según la evaluación de impacto con corte a 2022 (DNP, Ipsos-UniAndes), ese año el programa concentró el 42 % de la matrícula de educación media (en 971 municipios de los 32 departamentos). Entre 2015 y 2022, del total de 1.704.022 estudiantes inscritos en el programa, el 69 % se certificó. Así, es ya un rasgo importante del sistema educativo.
La evaluación mostró que “el transito inmediato hacia el mercado laboral formal es una alternativa poco común por parte de los beneficiarios del programa”. De los 842.548 bachilleres certificados como técnicos laborales entre 2016-2021, el 22,47 % estaba en la PILA. De los egresados de 2021, solamente el 5,7 % se encontraba en la PILA en 2022.
¿Cómo lograr que la doble titulación conecte más con el trabajo? (No fue tema de la evaluación). Del lado de la demanda: i) modificar la ley laboral para permitir la vinculación voluntaria de aprendices por empresas u organizaciones de menos de 15 empleados; ii) subvencionar el pago del contrato de aprendizaje; y iii) disminuir a la mitad los costos de un aprendiz.
La única salida es conectar también la formación técnica con las unidades productivas que están en la informalidad, con una estrategia flexible. Una mirada micro con el técnico de ebanistería del SENA. Solamente se ofrece en unos centros de formación, pero en cientos de municipios hay pequeños talleres de carpintería, que se beneficiarían si un estudiante de grado 10 u 11 llega a aprender de modo práctico y a transferirles conocimientos, como hacer muebles sobre planos o usar nuevas herramientas.
Eso requeriría flexibilidad del sistema para: i) tomar la etapa lectiva o teórica vía remota; ii) hacer la formación práctica presencial con supervisión remota; iii) proveer la ARL al aprendiz; y iv) simplificar los requisitos de la unidad productiva para firmar el contrato de aprendizaje.
Si a un propietario y maestro carpintero se le dice que un aprendiz puede ayudarlo dos o tres medias jornadas a la semana en determinadas cosas concretas que elevarán su productividad e ingresos, y que a él no le costará más de lo que ya paga a un ayudante porque el Estado completará la remuneración del aprendiz, tal vez lo piense y acepte.
Del lado de la oferta, en un nivel meso: i) diversificación de oferta con demanda: los estudiantes que tomen la modalidad técnica en la educación media (reformada pronto, quiera Dios) no pueden ser metidos a la brava en técnicos laborales que no acrediten tener demanda de la mitad de los cupos para la formación práctica (en 2022, el 62,7 % de las instituciones educativas ofrecía solo 1 programa técnico, y el 22,3 % ofrecía dos).
Con una variante: si en un municipio una institución ETDH o IES con técnica profesional privada acredita un programa con demanda y el SENA no lo tiene, el SENA les puede pagar la matrícula a los interesados (en lugar de obligar a los estudiantes a perder tiempo en lo que no tiene demanda). Necesitamos un poco más de competencia.
ii) Los programas técnicos laborales deben estar claramente alineados con la Clasificación Única de Ocupaciones para Colombia, CUOC (que por ahora tiene 680), y con las competencias del Marco Nacional de Cualificaciones, y iii) los bachilleres con doble titulación deben presentar un Saber TyT de competencias generales y específicas, como les toca a los de niveles técnico profesional y tecnológico de educación superior.
Nada de eso ocurre hoy porque qué tal tomarnos en serio el presente y el futuro de nuestros adolescentes y jóvenes, y de pronto incomodarnos o pellizcarnos un poco.
Esta es la entrega 2 de "Del desprecio al rescate de la educación técnica laboral“.
