El caso contra Julián Bedoya, exsenador del Partido Liberal, se complica cada vez más. Por un lado, la Procuraduría falló en su contra porque encontró evidente que utilizó su puesto como congresista para que la Universidad de Medellín agilizara su grado de abogado. Por otro, el Juzgado Quinto Penal de Medellín condenó a dos personas involucradas con la estrategia para hacerle fraude al centro educativo. Lo curioso es que la Fiscalía está sentada sobre la investigación contra el propio Bedoya y ya en una ocasión pidió concluir el caso, lo que le causó un regaño por parte de la justicia. Todos los indicios apuntan a que hubo un abuso de poder para saltarse las normas. Pésimo ejemplo por parte de un líder político que hace poco intentó llegar a la Gobernación de Antioquia.
Son múltiples los indicios contra el exsenador. Por ejemplo, fue aprobado para reingresar a la universidad en 2018 a pesar de que la última clase que había visto fue en el 2007. Para completar, quien aprobó ese reintegro fue Juan Felipe Hernández, exconsejero académico de la facultad, quien no estaba facultado para hacerlo. Según la Procuraduría, “su reingreso coincide justamente con el período en que fue elegido senador de la República”, lo que no es un dato menor, pues al parecer Bedoya habría utilizado su cargo para agilizar su paso por la universidad. Hernández fue condenado a prisión por estos hechos.
El momento más llamativo de todo el caso fue que en un solo día presentó siete exámenes preparatorios, algo inusitado para cualquier estudiante. Según testimonio de Raúl Posada Arboleda, profesor de cátedra en la Universidad, uno de los jurados de los exámenes de Bedoya confesó que Yolanda Cossio, jefa del programa de Derecho, movió hilos para que el exsenador los aprobara todos. Cossio acaba de ser condenada a cuatro años y cuatro meses de prisión porque, según el juzgado, “la fijación de tan grande número de pruebas en un mismo día para el exsenador Bedoya nos infiere un ánimo de facilitar una graduación exprés, pero sin el cumplimiento de los requisitos”.
Surge, entonces, la pregunta: si la Procuraduría encontró probado un abuso de poder y la justicia ordinaria condenó a los involucrados por el favorecimiento, ¿por qué el proceso contra Bedoya está estancado en la Fiscalía? No puede ser otro caso donde hubo renuncia al Congreso para modificar la competencia de investigación de la Corte Suprema de Justicia y el ente investigador no es diligente en su labor.
El problema de fondo, claro, es que este caso parece dejarnos ver una práctica muy común en Colombia, donde los servidores públicos utilizan su cargo para obtener prebendas y beneficios. Es como si en el país existiesen dos sistemas de normas: uno para las personas del común y otro, plagado de excepciones y favoritismos, para quienes llegan al poder. Se trata de una traición a la Constitución y a la responsabilidad que significa la función pública. El caso de Bedoya exige respuestas más allá de las sanciones.
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