:format(jpeg)/www.elespectador.com/resizer/6rMN2xD_0JDLTCw36QRpygEk5Yk=/arc-anglerfish-arc2-prod-elespectador/public/KOVVRTNLLFFEJAJY6P2AANY5XU.jpg)
La justicia colombiana le dio dos reveses en apenas dos días al exsenador liberal Julián Bedoya, cuyo título como abogado de la Universidad de Medellín está bajo polémicas y procesos judiciales. De un lado, la Procuraduría lo encontró responsable de obtener su título gracias a su investidura como congresista de la República y lo multó, en fallo de primera instancia, a pagar más de $300 millones. De otro lado, el Juzgado Quinto Penal de Medellín condenó a dos exfuncionarios del alma máter de Bedoya, por haber graduado a Bedoya incumpliendo los requisitos y reglamentos de la institución educativa, a través de la falsificación ideológica de documentos públicos.
(Le podría interesar: Julián Bedoya es responsable de obtener con ventajas su título de abogado)
Ambos expedientes dejan contra las cuerdas a Bedoya, quien está bajo investigación activa de la Fiscalía. Según la Procuraduría, hay pruebas que permiten concluir que la graduación de Bedoya es, simplemente, inexplicable. Para empezar, el exconsejero académico de la facultad, Juan Felipe Hernández, aprobó su reingreso a la Universidad en 2018, cuando la última materia que había visto Bedoya fue en 2007. El problema es que definir ese reingreso era competencia del Consejo de la Facultad. Con el agravante de que, según la trazabilidad de fechas y papeleo, el Consejo Académico se pronunció sobre la posibilidad de reingreso de Bedoya el 27 de septiembre de 2018, dos semanas antes que el exsenador presentara su solicitud formal, el 8 de octubre de ese año.
“Su reingreso coincide justamente con el periodo en que fue elegido senador de la República”, consideró la Procuraduría, argumentando que toda la serie de situaciones inverosímiles se dieron a partir de la premisa que todo se le facilitó a Bedoya al tener su investidura de congresista. Por ejemplo, sus exámenes preparatorios debían ser presentados los últimos lunes de noviembre de 2018 y febrero de 2019. Sin embargo, los validó martes y viernes. Con un récord más que particular: Julián Bedoya aprobó Derecho Procesal 2, primero que Derecho Procesal 1. Así lo confirma el Ministerio de Educación, a pesar de que está prohibido en el plan de estudios de la facultad de la Universidad de Medellín.
(En contexto: Los sorprendentes hallazgos de la Corte Suprema en el expediente contra Julián Bedoya)
Para la Procuraduría, el viernes 23 de noviembre de 2018 es un día clave en la historia de Julián Bedoya. Si lo que dice su historial académico fuese cierto, pasó siete exámenes del más alto nivel en el pregrado de Derecho, entre ellos preparatorios y suficiencias, en un solo día. “Lo que permite a todas luces comprobar, un tildado y exagerado beneficio obtenido. Y no como un estudiante del común. Sino que se trató entonces de un beneficio adicional que adquirió el procesado en su calidad de senador de la República”, señala el Ministerio Público. Con el dato adicional de que no hay un solo documento en la Universidad de Medellín que pruebe que Bedoya solicitó permiso para un frenesí académico nunca visto. Presentar dos preparatorios en un día, de por sí, ya es considerado un dolor de cabeza.
Así lo testificó el exdecano de la misma facultad de Derecho de la Universidad de Medellín, Juan Carlos Vásquez, quien a la Procuraduría le dijo: “En un examen preparatorio lo normal es que el 50 % pierda y el otro 50 % lo pase (…) Para los estudiantes que trabajan, el índice de perdida es aún mayor (para entonces el sancionado era congresista)”. Y aunque quedara el beneficio de la duda a favor de Bedoya, su propio examen final ICFES no arrojó ningún tipo de erudición, pues de 300 puntos posibles, solo sacó 167. La defensa de Bedoya argumentó, en términos procesales, que la Procuraduría no tiene competencia para sancionarlo como funcionario de elección popular y que no hay pruebas que establezcan el uso indebido o abusivo de su investidura como senador.
(Lea también: Fiscalía solicitó archivar el caso contra Julián Bedoya por su diploma de abogado)
Sobre ello, la Procuraduría le contestó con un testimonio: el de Raúl Posada Arboleada, profesor de cátedra en la Universidad y fiscal delegado ante los tribunales de la República. Aseguró que el profesor Julián Rendón, cuyo nombre aparece entre los jurados de Bedoya en un examen final, lo visitó en una casa en Rionegro en 2019. Allí, Rendón le confesó que Yolanda Cossio, jefa del programa de Derecho entonces, había gestionado todos los exámenes irregulares y que era un “favor muy especial para el rector (Néstor Hincapié)”. Según Posada Arboleda, el título de Bedoya fue un “canje” por 5.000 o 6.000 votos a favor de Aura Marleny Arcila para el Consejo de Medellín. Esta última perdió el puesto por orden del Tribunal Administrativo de Antioquia en mayo pasado.
Ese testimonio no solo es oro para la justicia disciplinaria, sino también para la penal, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que le abrió el proceso a Bedoya en 2021. Sin embargo, un año después, perdió el expediente porque el excongresista renunció a su curul como Senador y, al perder su calidad de aforado, al alto tribunal no le quedó de otra que enviar el caso a la Fiscalía. “Yolanda (Cossio), la secretaría de la facultad de Derecho los puso a firmar actas en blanco (a los profesores y supuestos jurados) y ella se encargó de poner la nota final, pues le dijo que era un favor para el rector”, explicó Posada Arboleda. Aunque la Fiscalía cuenta con abundante material probatorio, incluso mayor al de la Procuraduría, ña enrtidad que dirige Francisco Barbosa intentó cerrar la investigación contra Bedoya el año pasado. Sin embargo, hace unos meses, el juez 27 penal de Medellín le puso un tatequieto a esa solicitud y le ordenó seguir investigando.
(En contexto: Llaman a indagatoria al senador Julián Bedoya por dudas sobre su título de abogado)
Otros funcionarios del ente investigador avanzaron penalmente por otras orillas y encontraron que en esta historia los que ayudaron a Bedoya son responsales. El Juzgado Quinto Penal de Medellín condenó a Cossio a cuatro años y cuatro meses de prisión, pues argumentó que su función era escoger a los docentes y programar los exámenes para los alumnos de la facultad que están en su fase final, y verificar que cada procedimiento se ajustara a los requisitos. “La fijación de tan grande número de pruebas en un mismo día para el exsenador Bedoya, nos infiere un ánimo de facilitar una graduación exprés, pero sin el cumplimiento de los requisitos que debía verificar”, dijo el juzgado.
También cayó Juan Felipe Hernández, el exsubsecretario académico de la facultad, quien, sin competencia, dejó entrar de nuevo a la Universidad a Bedoya y, por si fuese poco el empujón, sirvió de jurado para uno de los exámenes probablemente falsos con los que el político ostenta la calidad de abogado. “Ello sin duda favoreció de manera grande a facilitar la expedición irregular del diploma”, explicó el juzgado. Sobre el investigado principal, el despacho judicial concluyó: “Es claro que no se aportó elementos materiales probatorios que nos indicaran sobre la capacidad y conocimiento de Julián Bedoya para poder pasar tantos y tan difíciles y variados exámenes en un mismo día”. Sin embargo, el futuro penal de Bedoya depende de la voluntad del fiscal que lleva su caso.
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.