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Las últimas semanas estuvieron marcadas por intensos movimientos políticos. El accidentado debate en el Congreso sobre el proyecto de la reforma a la salud fue el detonante de la ruptura de la coalición de gobierno que el presidente Petro había propiciado al comienzo de su mandato. Esta coalición sorprendió a muchos. Por un lado, porque fue una señal que permitía prever un gobierno abierto al diálogo y a construir consensos en torno a los temas fundamentales. Pero, por el otro, porque no difería mucho de las que la antecedieron en los últimos gobiernos. Como ha sido costumbre, la coalición se materializó con prebendas burocráticas a los partidos que la conformaron, incluso aquellos que durante la campaña criticaron las propuestas del presidente Petro y muy posiblemente votaron por el candidato Rodolfo Hernández. Ante las dificultades de construir consensos en torno a la reforma, el primer paso fue pedirles la renuncia a varios viceministros y otros funcionarios que representaban a esas colectividades. Después hizo lo mismo con su gabinete y cambió a siete ministros, la mayoría de ellos que el jefe de Estado considera ser representantes del “establecimiento”, “miembros de las élites” y “enemigos del cambio”.
Y de nuevo, les hizo un llamado a los ciudadanos a salir a la calle a exigirle al Congreso que se aprueben las reformas, porque su mandato es el del estallido social que en su concepto los congresistas están desconociendo. Como escribió Rodrigo Uprimny en El Espectador, “Es bueno que Petro quiera cumplir sus promesas electorales, pero su tesis de que las reformas de su programa ya fueron aprobadas por el pueblo es equivocada y ojalá la abandone, ya que expresa una visión problemática de la democracia que puede tener consecuencias institucionales y políticas muy negativas”. De las declaraciones de varios nuevos funcionarios del Gobierno se infiere que ahora la estrategia para lograr la aprobación de sus proyectos serán las negociaciones individuales con miembros de los partidos. Es decir, acuerdos al menudeo. Estos puede dar resultados en el corto plazo, pero desembocar en una fragmentación, debilitamiento y desprestigio de los partidos políticos aun mayor a la que hoy en día enfrentan. Esto también debilita la democracia.
Ahora la apuesta del presidente debe ser reconstruir la gobernabilidad. El nuevo gabinete está compuesto por personas muy cercanas a él, incluso algunos que lo acompañaron en la Alcaldía de Bogotá. En su mayoría son reconocidas por sus capacidades y conocimientos en los temas de sus carteras y muy afines a su ideología. Sin embargo, se corre el riesgo de que esta homogeneidad le impida al presidente escuchar otras voces. Que lo aíslen de las críticas es una práctica que con frecuencia practican los más cercanos asesores de los mandatarios con el propósito de protegerlos —y en ocasiones de protegerse—. La gobernabilidad se logra dialogando y construyendo consensos con diversos sectores sociales, políticos y económicos.
En una entrevista a la Fundación Ramón Areces, de España, Daniel Ziblatt, profesor de la Universidad de Harvard, coautor con Steven Levitsky del libro Por qué mueren las democracias, se refirió a los peligros de los populismos de derecha y de izquierda, y a las amenazas para la democracia que pueden venir de ambos extremos. En su opinión, estos son proclives a “estirar los procesos y procedimientos legales e institucionales a extremos (…) Se aprovechan de la letra de la ley para vulnerar el espíritu de la ley, se estiran procedimientos legales hasta los límites. La cuestión es que en una democracia se requiere que los líderes políticos actúen con cierta contención. Ambas partes (el gobierno y la oposición) deben hacerlo”. Sin esa contención será muy difícil lograr la gobernabilidad que se requiere para hacer realidad los cambios que el presidente Gustavo Petro y muchos colombianos consideramos necesarios.
