A pocos días de la segunda vuelta presidencial, la degradación de la política se ha convertido en protagonista. La guerra sucia de los candidatos, sus campañas y sus seguidores contra los contradictores, algunas de las cuales se han conocido por las infiltraciones a las reuniones privadas de los asesores y seguidores de los aspirantes —lo cual no justifica las presuntas conspiraciones que en ellas se fraguaron—, la proliferación de las llamadas “bodegas” informáticas para difundir noticias falsas, limitando aún más la ya menguada posibilidad para que los ciudadanos tengan elementos para tomar decisiones basadas en propuestas y no en la efímera y exacerbada emocionalidad que generan sus intervenciones mediáticas.
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A esto se suman algunas de las declaraciones y actuaciones de los candidatos en disputa. Por ejemplo, las intenciones manifiestas de declarar el estado de conmoción interior como primer acto de gobierno por parte del ingeniero Hernández, además de sus expresiones de desprecio por las instituciones, en particular el Congreso y la justicia, o la emergencia económica que anunció Gustavo Petro. Estas dos opciones no solamente son inconstitucionales, como lo explica Rodrigo Uprimny en su columna del domingo pasado en El Espectador, e implica gobernar por decreto, como en su momento lo han hecho Chávez, Maduro, Ortega y más recientemente Bukele. Esto puede ser interpretado como un asomo al tinte autoritario y populista de los dos aspirantes.
Tampoco han faltado los ataques a los medios de comunicación, quizá como otro preaviso de futuras restricciones a la libertad de expresión. Como si esto no bastara, a medida que se acercan las elecciones se están conociendo denuncias sobre las trayectorias non sanctas de varios de los asesores de las dos campañas y el ingreso de recursos de financiación de dudosa procedencia. Estos son solo algunos ejemplos que deben prender las alarmas sobre los peligros que enfrentan el Estado de derecho y la democracia cuando la política se convierte en un campo de batalla donde todo vale y el fin justifica los medios, sin importar cuáles sean.
Muchos de estos temas no son nuevos, pero se han exacerbado en esta contienda electoral. Sin embargo, esto no debe sorprendernos. Estamos pagando el precio de un gobierno que privilegió un sistema político excluyente, de unos partidos políticos y unos gobernantes refractarios al cambio que se han mostrado incapaces de escuchar a los ciudadanos y no han sabido responder a los problemas más apremiantes del país, como la violencia, la inseguridad, la corrupción, la desigualdad y la pobreza. Estamos ante una ciudadanía que viene reclamando desde la calle y otros escenarios cambios de fondo en las prácticas políticas, pero no ha sido escuchada.
Cuando las opciones electorales se limitan a votar en contra de quien piensa diferente y no por quien tiene las mejores propuestas; cuando quienes dicen representar el cambio adoptando las mismas prácticas políticas que estos utilizan para perpetuarse en el poder; cuando la ética que debe guiar el actuar de quienes aspiran llegar a dirigir los destinos del país es cuestionada; cuando la política se degrada para darle paso al populismo, lo que está en juego es la democracia y las instituciones que la soportan. Ojalá el Congreso y el futuro presidente estén a la altura del reto que enfrentan.
