Hace un mes escribí una columna sobre los riesgos de cambiar las reglas de juego electorales. En ese momento aún no se conocía el proyecto. Hoy retomo el tema porque volvió a estar nuevamente sobre la mesa, ya que efectivamente un grupo de congresistas radicó una propuesta para unificar las fechas de las elecciones presidenciales, parlamentarias, de gobernadores y alcaldes. Esto implicaba, además, extender sus períodos.
Eso causó indignación entre los ciudadanos y los medios de comunicación, y sentimos un gran alivio cuando este esperpento murió de inanición antes de que pudiera ver la luz. Sin embargo, la tranquilidad no duró mucho. No había pasado una semana cuando otro honorable congresista anunció que presentaría un proyecto para unificar las fechas de la elección del Congreso y la primera vuelta presidencial, en esta ocasión por una sola vez, que podría convertirse en dos o tres o más. Así sucedió con el 2 x 1.000, que luego se convirtió en 4 x 1.000 y se volvió permanente, contrario a lo que contemplaba el decreto que expidió el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana en el marco de la declaratoria de la emergencia económica.
Como en el caso anterior, el representante liberal Alejandro Chacón justifica su propuesta con el argumento de que no se van a extender los períodos de los ya elegidos y que los recursos que se destinarían a los comicios se utilizarían para enfrentar la emergencia generada por el COVID-19. ¿Quién garantiza que efectivamente el dinero se destine a este noble propósito?
También considera que, debido a la pandemia, sería muy peligroso que millones de ciudadanos salgan a votar dos veces con pocos meses de diferencia. Aun si estos argumentos fueran ciertos —lo cual no es evidente, como demostraron recientemente Ecuador y otros países—, en caso de ser aprobada, el costo es poner en riesgo la democracia al debilitar el principio de los pesos y contrapesos. Lo que sí puede suceder es que, por la pandemia, sea más difícil trasladar electores o repartir tamales y tejas a cambio de votos, una práctica enraizada en el trasegar político del país y sin la cual la elección de algunos candidatos estaría en riesgo. Pero quizá lo más preocupante es que cambiar la Constitución para responder a intereses coyunturales genera inestabilidad política e inseguridad jurídica.
Adicionalmente, la separación de fechas es un aliciente para que en las elecciones presidenciales participen candidatos que no dependan de las redes clientelares, incluyendo aspirantes independientes y de partidos minoritarios. Todo esto permite pensar que el propósito parece ser volver al pasado. Es decir, legislar en beneficio propio a costa de cambiar la Constitución y poner en riesgo la democracia.
Llama también la atención la flexibilidad con la que los congresistas interpretan y aplican la utilización de los impedimentos y los conflictos de intereses para votar o no determinados proyectos. Pareciera que estos son relevantes y útiles cuando un proyecto puede favorecer sus intereses, pero improcedentes cuando los puede afectar negativamente. En este caso son utilizados para dilatar los debates o simplemente para hundirlos. Cuando este proyecto llegue al Congreso, ¿los parlamentarios se van a declarar impedidos o van a argumentar que en este caso no es pertinente aun si los favorece?
