Polarización e intolerancia, ¿hasta cuándo?

La polarización y la intolerancia no son fenómenos nuevos en Colombia. Sin embargo, en los últimos años, las redes sociales y las noticias falsas han contribuido a que estas se difundan más rápido y lleguen más personas, trascendiendo incluso los temas políticos: familias fracturadas, amistades rotas.

Como lo señaló Cristina Nicholls en una reciente columna en El Espectador, en las redes sociales “se ha vuelto recurrente apelar a la amplitud del debate democrático para abrir el espacio a opiniones contrarias a los mínimos civilizatorios que no sostienen como humanidad (…), que buscan anular derechos fundamentales”. Si bien en las democracias la libertad de expresión es un derecho, esta no es ilimitada. Los actos y expresiones misóginas, xenófobas, basadas en género, nacionalidad, origen étnico, raza o religión, entre otras, constituyen un riesgo para la democracia. La violencia verbal, agresiones físicas, amenazas, discriminación y miedo de expresar opiniones o la toma de decisiones por estas razones son solo algunas consecuencias.

La polarización y la intolerancia con los que piensan distinto son comportamientos propios de los gobiernos autoritarios y totalitarios. Para ellos, el disenso y la oposición son una amenaza que hay que eliminar. Con frecuencia, acompañan esta narrativa con populismo y acusaciones a sus contradictores de ser los culpables de los problemas que enfrenta el país. Algunos gobernantes se benefician de la polarización porque les permite generar miedo de que “el otro” gane.

La escritora Siri Hustvedt lo describe así: “Una vez en el poder, los dirigentes religiosos fundamentalistas, o los gobiernos fascistas, totalitarios y autoritarios de todo tipo aprueban leyes para legislar la diferencia sexual y controlar la reproducción. Quieren adueñarse de las categorías y convertirlas en verdades naturales e inmutables”. La democracia es un antídoto que protege a los países de este flagelo.

La Constitución de 1991 es una barrera de contención; por eso debemos protegerla y cumplirla. Esto implica respetar la separación de poderes y la independencia de entidades como el Banco de la República, los órganos de control y las Cortes y acatar la ley, reconocer que quienes piensan distinto no son enemigos, anteponer los intereses colectivos a los personales y, sobre todo, respetar los derechos humanos, que deben ser el faro de las decisiones fundamentales.

Pero no son solo la constitución y las leyes las que cuentan. Hay tradiciones que tienen un significado simbólico, pero no por eso son irrelevantes. Una de ellas es la posesión de los presidentes de la República en el Congreso de la República, el poder del Estado que representa al pueblo. La decisión del presidente electo de hacerlo en una guarnición militar es una ruptura de esa tradición, que pretende reiterar la subordinación de las fuerzas armadas y de policía al jefe de Estado. En este caso, además, se generan fricciones adicionales que nutren la ya exacerbada polarización.