Colombia está perdiendo su equilibrio democrático

Retomando el editorial de El Espectador del pasado jueves, es correcto afirmar que la solidez de una democracia no depende de estructuras rígidas, sino de un delicado equilibrio entre instituciones, controles y a tener una prensa libre. Cuando esos elementos se debilitan, el sistema entero empieza a resentirse. En el caso colombiano, distintas señales advierten sobre un momento crítico: la presión sobre la prensa, las tensiones con la institucionalidad y la expansión de la desinformación están configurando un escenario complejo para la subsistencia democrática.

Uno de los indicadores más destacables es el trato hacia el periodismo. Los medios cumplen la función de vigilar al poder, cuestionarlo y exponer aquello que afecta al interés general. Sin embargo, cuando esa labor es presentada como una amenaza o como parte de supuestos complots, como lo hace Petro, el efecto inmediato es la erosión de la confianza ciudadana en la información. La consecuencia es grave: el ejercicio del poder pierde transparencia, en lo cual este gobierno es un experto.

A esto se suma la creciente tensión entre el Ejecutivo y las otras ramas del poder público. Las críticas reiteradas a la independencia judicial o a los organismos de control no son un asunto menor. Más allá de las diferencias ideológicas, lo que está en juego es el respeto por las reglas que garantizan el equilibrio institucional. En una democracia, ningún poder puede situarse por encima de la ley, cosa que a Petro no le importa. Cuando se plantea que la voluntad popular justifica la flexibilización de esas normas, se abre la puerta a un terreno peligroso Eso lo sabe Petro y por eso insiste en una constituyente para abrirle a su candidato Iván Cepeda, si gana las elecciones, el camino para gobernar como un dictador de extrema izquierda.

Simultáneamente, la circulación de noticias falsas ha adquirido un papel determinante. Se trata fundamentalmente de la difusión sistemática de contenidos diseñados para confundir. A través de redes sociales, estas narrativas logran amplificarse con rapidez, afectando la capacidad de los ciudadanos para distinguir entre hechos y opiniones. El resultado es un debate público deteriorado, donde la emoción y la polarización reemplazan al análisis informado. Este contexto plantea un desafío de fondo: una sociedad que no logra acordar los hechos básicos de su realidad pierde la posibilidad de deliberar de manera racional. En ese escenario, las decisiones dejan de sustentarse en evidencia y pasan a depender del miedo o de la lealtad ciega a determinadas posturas radicales.

La defensa de la democracia exige algo más que discursos incendiarios. Requiere ciudadanos más atentos, instituciones firmes y un compromiso real con la verdad. La libertad de prensa, el respeto por las reglas, y la responsabilidad en el manejo de la información no son principios abstractos; son condiciones esenciales para la estabilidad del país.