El presidente funge de bombero después de prender el incendio

En la noche del 4 de junio, un grupo de personas identificadas como simpatizantes de Iván Cepeda llegó a la sede del candidato Abelardo De la Espriella para realizar arengas y protestas contra el aspirante presidencial. Un joven, de nombre Sebastián, que se encontraba en un evento con el candidato José Manuel Restrepo, resultó afectado por una sustancia que le espolvorearon los seguidores de Cepeda. El presidente pidió “bajar la tensión” y agregó que “le solicitó al señor Abelardo de la Espriella poner fin al discurso de odio”.

El pánico que invadió a Petro y a Cepeda por el triunfo de De la Espriella en la primera vuelta les obnubila la memoria política para borrar lo revelado en los llamados “petrovideos” de la revista Semana, entre los meses de abril-junio de 2022. Roy Barreras, el estratega de la campaña, en presencia del candidato Petro, definió los pasos a seguir por los partidarios congregados, para erosionar la imagen pública de los contendores políticos, en la campaña más sucia hasta ese momento conocida en la historia del país, dirigida hacia Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria (para arruinar a la Coalición Verde Esperanza) y calumniar y vilipendiar, sin consideración alguna, al candidato Federico Gutiérrez, vinculándolo con narcotraficantes de Medellín.

De este cometido se encargó un tal Sebastián Guanumen, coordinador de una estrategia paralela a la de Barreras, que instruía a su equipo a “correr la línea ética” y atacar la integridad de los otros candidatos, incluido Rodolfo Hernández. Ya presidente, Petro nombró a Guanumen como cónsul general de Colombia en Santiago de Chile, sin acreditar credenciales de idoneidad para ese cargo.

Los senadores del Pacto Histórico, incluido Cepeda, aceptaron sin protestar esas estrategias difamatorias y destructoras contra ciudadanos colombianos contendores de Petro. El único que sentó su protesta fue Gustavo Bolívar, quien solicitó devolverle alguna dignidad a esa campaña.

El bombero llegó después del incendio que él mismo prendió. El símil se originó en el editorial de El Espectador del 7 de junio, “Mala idea destruir el país antes de llegar a gobernarlo”. “Prender fuegos en elecciones puede movilizar al electorado, pero no funciona cuando el objetivo es gobernar al país” es la sentencia final del editorial. Agregó que los discursos posteriores a la primera vuelta “pulverizan la idea de que somos un país que se construye entre diferentes”. Luego aludió al riesgo de que “las dos Colombias enfrentadas en las urnas pueden desencadenar graves actos de violencia política”.

Aunque Cepeda finalmente aceptó el resultado de la primera vuelta, el presidente persiste en la conducta cerril del antiguo guerrillero del M-19, para afectar gravemente la estabilidad de las instituciones del Estado, apartándose de la representación de la unidad nacional: lo exige la Constitución Nacional. Como jefe de campaña del candidato oficial, es pertinaz en desconocer el resultado y afirmó que “la izquierda seguirá en los próximos 4 años, en los siguientes 8, y por qué no, durante 100 años”. Su vocabulario es ofensivo contra sus opositores, políticos y columnistas de prensa, a quienes califica como apátridas, esclavistas y genocidas. Revive la estrategia de los petrovideos. El que rebosa odio y polarización es precisamente el presidente Petro.

Lo que demuestra el presidente, líder de la izquierda, es que su soberbia y la corrupción contaminaron todas las esferas de su gobierno, y entre sus funcionarios no hay quien lidere la autocrítica para corregir tan peligroso escenario en el que han sumido al país, al borde del colapso institucional.

Pareciera que a Petro no le importa ser denunciado por participar en política. Es lo suficientemente curtido para entender que ese proceso tomará tiempo hasta que se surtan las instancias procedimentales en la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Por consiguiente, la propuesta de la representante Gloria Arizabaleta (exesposa de Roy Barreras, el de los petrovideos), del Pacto Histórico, para la suspensión del presidente es más un ardid previamente acordado para generar zozobra y darle a Petro más espacio en su propósito destructor de la institucionalidad, invalidando la segunda vuelta presidencial en caso de que triunfe el candidato De la Espriella. La infamia de Petro contra el proceso electoral lo indujo a tipificar en la sesión de la ONU (junio 10-2026) que “hay dos candidatos en Colombia: el de la vida y el de la muerte”. Obviamente, no mencionó que el de la muerte podría ser su candidato, autor de la paz total, con las disidencias de todos los grupos armados que han asesinado a militares, a policías, a periodistas y a las poblaciones vulnerables en los territorios que dominan, en los que triunfó en primera vuelta el candidato Cepeda.

La columna “La estrategia de la izquierda de Petro contra las instituciones del Estado Social de Derecho” (El Espectador, 10-04-2026) anticipó que el presidente actuaba como jefe de campaña del candidato Cepeda. Se agregó que Transparencia por Colombia, en sus diversos informes, arroja un balance negativo sobre la gestión anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro. Analiza las debilidades institucionales, el permanente choque de poderes con el Legislativo y el Judicial, el mínimo avance en sus principales apuestas en materia de lucha contra la corrupción y los escándalos que han tocado a varios altos funcionarios del Gobierno nombrados por Petro de manera directa.

Citando las encuestas analizadas, se enfatizó que los problemas del gobierno de Petro son la corrupción, el sistema de salud, el avance de las organizaciones criminales, la debilidad de la fuerza pública para enfrentar el crimen, los escándalos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo entramado implicó a funcionarios cercanos a su presidencia. La reforma a la salud fue afectada por los sobornos a congresistas, que condujeron a que varios analistas y columnistas nos apartáramos de apoyar una reforma que es necesaria, pero sin estar salpicada por la corrupción del gobierno. Posteriormente, el presidente empeoró al sector, nombrando a personajes sindicados por graves delitos en sus alcaldías, como son Daniel Quintero, en la Superintendencia Nacional de Salud, y Jorge Iván Ospina como interventor de la Nueva EPS.

La Sala de Instrucción Criminal de la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 30 congresistas por contratos de Invías, corrupción que puede ser mayor que la de la UNGRD. Esos congresistas presuntamente habrían vendido sus votos en favor de proyectos del gobierno.

El señor Ricardo Roa no solamente está implicado en la violación de los topes de la campaña de Petro. Tiene acusación formal de la Fiscalía por tráfico de influencias.

A la cadena de escándalos del gobierno de Petro se añaden los nexos y reuniones a principios de 2025 de funcionarios públicos con algún abogado de Diego Marín, alias Papá Pitufo, uno de los mayores contrabandistas de Colombia.

El presidente, para obviar el juicio sobre estas ilicitudes de su ejercicio, no puede seguir comprometiendo la estabilidad institucional del Estado, buscando subterfugios para impedir el desarrollo de la segunda vuelta, que posiblemente será desfavorable para su candidato.