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El 29 de septiembre, el director jurídico del Ministerio de Salud y Protección Social informó que interpuso ante la Fiscalía General de la Nación una denuncia contra el exministro Fernando Ruiz por los delitos “de peculado por apropiación a través de terceros, de contrato sin el cumplimiento de los requisitos legales y prevaricato por omisión”, por el Contrato Estatal MSPS 167-2021.
Sin esperar el resultado de tal procedimiento, el expresidente Duque se precipitó a calificar la acción emprendida por el funcionario, en cumplimiento de sus deberes de servidor público, como un acto de persecución por la oposición de Ruiz a la reforma de la salud propuesta por el actual Gobierno.
¡Al contrario! La presunta conducta de Ruiz comprobaría ante la opinión pública que la reforma del sistema de salud es mandatoria e impostergable, en defensa de los recursos fiscales y parafiscales definidos constitucionalmente para la satisfacción del derecho fundamental a la salud, de los que dependen la vida y la supervivencia de todos los ciudadanos. Es dinero sagrado.
En columnas anteriores he establecido que desde 1994 se detectaron desviaciones irregulares de los recursos de la salud con la tolerancia de “presidentes, ministros, superintendentes, políticos, cortes, organismos de control y otros por acción u omisión”. (“Enriquecer el debate de la reforma a la salud”, El Espectador, 28/09/2023).
Es posible que otros funcionarios del sector salud estén involucrados en conductas irregulares que afectan el derecho fundamental a la salud de los ciudadanos. Se podría interpretar que ha existido “un pacto de silencio”, con tal de preservar la salud-negocio de la Ley 100 de 1993, que les garantice a dichos funcionarios que sus actos no serían denunciados ni investigados.
Hay cuestionamientos no suficientemente aclarados sobre la gestión del exministro Ruiz. Cuando varios analistas exigían conocer los contratos con las farmacéuticas de las vacunas contra la epidemia del COVID-19, en 2021, el ciudadano Ruiz respondió con arrogante autoritarismo que no los revelaba, porque estaban amparados por “la confidencialidad”. Se trataba de dineros públicos y los contratos debían ser informados a la sociedad que reclamaba divulgarlos.
En noviembre de 2012 visité al entonces ministro Alejandro Gaviria en su despacho, con el propósito de solicitarle que revisara el convenio con la Organización Panamericana de la Salud sobre la fluorización de la sal de cocina que estaba causando una epidemia de fluorosis (intoxicación sistémica), que, además de los dientes, afecta el metabolismo óseo de los seres humanos. Gaviria, conocedor de que he sido columnista en temas de salud, me comentó que la contralora Sandra Morelli le estaba creando un problema con sus denuncias sobre el robo de Saludcoop, en cuantía de $1,4 billones, sin derivar esos seis millones de afiliados a otra EPS. Por supuesto, le contesté que la contralora tenía toda la evidencia del ilícito. Aceptemos que el país cambió.
