La Doctrina Monroe: del siglo XIX al siglo XXI

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James Monroe, presidente de Estados Unidos, proclamó el 2 de diciembre de 1823 (Siglo XIX) la neutralidad en los asuntos de los países europeos que intentaban recolonizar las naciones de América Latina en proceso de independencia de los mismos, o expandir su influencia en este continente, y exigió su reciprocidad. Fue una declaración unilateral que implicó rechazar la propuesta de alianza con Gran Bretaña y mantener su libertad de crecimiento. Interpretó que “cualquier intervención en los asuntos políticos en el continente de América por parte de potencias extranjeras de otros continentes es un acto potencialmente hostil contra los Estados Unidos”. (Urofsky, Melvin I., ed. 1993, Wikipedia).

La intención y el efecto de la doctrina persistieron durante más de un siglo, “como uno de sus principios más antiguos, con pequeñas variaciones, y serían invocados por muchos estadistas y presidentes estadounidenses, incluidos Ulisses S. Grant, Theodore Rooselvelt, Jhon F. Kennedy y Ronald Reagan”. ( Scarfi, Juan Pablo (2014, Wikipedia).

En el siglo XXI, el presidente Trump, a raíz de su intervención inicial en el mar Caribe cercano a Venezuela, y la extracción del dictador Maduro en la madrugada del 3 de enero, anticipó: “Desde Monroe nosotros hemos decidido mejorar muchísimo para tratar de acabar esto. Se nos olvidó, era muy importante pero se nos olvidó, ya nos olvidamos de algunas cosas, pero esto lo volvemos a retomar en esta buena estrategia de seguridad que tenemos ahora encabezada por Pete Hegseth, de la Guardia Nacional”.

La extracción del dictador Maduro y de su esposa, en una impecable operación estratégica de inteligencia militar, está sometida a diversas interpretaciones, algunas de carácter jurídico, y otras dependientes de ideologías, de fanatismos políticos regionales o de conveniencias. Se ha invocado con ligereza que fue una violación al “derecho de autodeterminación de los pueblos”, sin valorar el contexto histórico de la dictadura chavista-madurista en Venezuela. Por definición, “es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural, y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de equidad”. Por consiguiente, es aplicable a las democracias contemporáneas, incluidas las naciones en las que persisten las monarquías, como El Reino Unido, España, Suecia, Dinamarca y Noruega, en las que existen partidos políticos organizados y eligen, por voto popular, miembros de los parlamentos o primeros ministros de gobierno.

El régimen dictatorial venezolano, desde Chávez, ha cooptado todas las entidades del país y simula (para la exportación), la independencia de las instituciones que lo soportan. En la columna “La trascendencia del Nobel a María Corina Machado” (El Espectador, 17-10-2025) se recordó que el Centro Carter confirmó que la elección presidencial en Venezuela (julio 28, 2024) no se adecuó a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no puede ser considerada como democrática”. La agencia Infobae reportó que, con el 81,21 % de las actas escrutadas, por 90.000 testigos electorales de la oposición coordinados por María Corina Machado, Edmundo González Urrutia obtuvo el 67 % de los votos, frente al 30 % del dictador Maduro. Recabando, la “autodeterminación” del pueblo venezolano fue la elección libre del candidato González U. y el rechazo a la dictadura como “forma de gobierno”.

No obstante, la oposición supuso, cándidamente, que el Consejo Nacional Electoral y el ejército comandado por Padrino reconocerían a González U, y que el dictador abandonaría el poder. Por el contrario, el régimen persiguió a los dirigentes de la oposición, generó más desapariciones, torturas, asesinatos y aumento de la diáspora venezolana. Así las cosas, se requería de una fuerza externa suficientemente poderosa, que derrocara al dictador Maduro. Los organismos internacionales como la OEA, la ONU, la Unión Europea, en situaciones similares, no han jugado un papel protagónico de juicio sancionatorio, y su inoperatividad se manifiesta en declaraciones compasivas con los habitantes de los países afectados por los excesos de las dictaduras y las violaciones a los derechos humanos.

El primer corolario de Trump a la doctrina Monroe es la industria petrolera y extractiva de los minerales del subsuelo venezolano, por el que compiten también Rusia, China e Irán. El informe The World Factbook de la CIA (2024) establece que Venezuela es el país con la mayor reserva de petróleo en el mundo, con un total de 302.300 millones de barriles. El mandatario afirmó que el tema energético fue determinante para la decisión de intervenir, al señalar que existe “mucha infraestructura quebrantada”, que debe ser reparada. Añadió: “vamos a tener nuestras grandes compañías inmersas en Venezuela”. No obstante, los expertos analizan que es un crudo muy pesado, con alto contenido de azufre, que corroe las tuberías metálicas y dificulta su manejo. Requerirá una gran inversión para la refinación y el transporte. Trump enfatizó que su gobierno asumirá cargo de Venezuela de manera temporal.

El segundo corolario de Trump es que la esperanza de los ciudadanos venezolanos, que con la extracción del dictador Maduro se restablecería la democracia, tendrá que aplazarse hasta tanto se favorezcan las condiciones que pretende el presidente Trump, al delegar en Delcy Rodríguez (vicepresidenta de la dictadura de Maduro) que ejerza la presidencia interina de Venezuela, por 90 días. Podría deducirse que esta decisión del gobierno norteamericano busca controlar a los secuaces del círculo íntimo de Maduro, como Diosdado Cabello, el comandante Padrino, y a Jorge Rodríguez, hermano de la elegida y presidente de la llamada asamblea de Venezuela. Tanto el gobierno de Trump como la señora Rodríguez deberán afrontar ahora las reacciones de los ciudadanos que apoyan con entusiasmo a María Corina Machado, quien ya anunció su regreso a Venezuela.