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Lo que está ocurriendo con el gobierno del presidente Petro en las últimas semanas es una arremetida contra las instituciones que se oponen a sus pretensiones, como si se tratara de un régimen dictatorial y no de una democracia.
En columna anterior se mencionó al constitucionalista Mauricio Gaona, quien se refirió a la “dictadura constitucional” que significa la propuesta al cambio de la Constitución de Petro, con la asamblea constituyente (El Colombiano, 21-03-2026), a la que recurre cada vez que las instituciones no acatan sus caprichos. Un Estado Social de Derecho es el modelo político de las democracias, soportado por los poderes autónomos e independientes: legislativo, ejecutivo y judicial, que protege y promueve los derechos individuales, sociales, económicos y culturales de todos los ciudadanos.
La independencia del Banco de la República evita que la política monetaria esté supeditada a las necesidades fiscales y políticas del Ejecutivo. Las decisiones de la Junta se toman con carácter técnico, para preservar el poder adquisitivo de los colombianos. El ministro Ávila se levantó de la última Junta, por el desacuerdo del gobierno con el aumento de la tasa en 100 puntos básicos. Es su obligación constitucional presidir la Junta, como lo ordena el Artículo 372.
En la sesión del Consejo Superior Universitario (Universidad Nacional) del 21 de marzo de 2024, se eligió a José Ismael Peña como rector de la Universidad. La exministra Vergara, por instrucción del presidente, no firmó el acta correspondiente. Modificó las normas vigentes para dar paso al nombramiento de Leopoldo Múnera Ruiz. El Consejo de Estado anuló la resolución del 6 de junio de 2024 que nombró a Múnera y concluyó que el proceso de designación había finalizado el 21 de marzo, y “ninguna actuación posterior podía modificar un acto administrativo definitivo”. Se preservó la autonomía universitaria y se definió que las universidades tengan la capacidad de definir sus propias directivas y regirse por sus estatutos, sin interferencia del gobierno de turno.
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público publicó el 11 de marzo el Plan Financiero 2026. Los expertos afirman que las cuentas del Gobierno no cuadran en su Plan Financiero y alertan sobre el déficit oculto. Los analistas sostienen que tiene una limitación importante: los cálculos incluidos llegan hasta el 23 de febrero de este año, por lo que no incorporan el impacto económico del conflicto en Medio Oriente, que en las últimas semanas ha alterado los mercados energéticos y financieros globales. Destacan que la proyección de inflación para 2026, el propio Ministerio de Hacienda la estima en 5,8 %. La cifra es superior al 5,1 % proyectado para 2025, y contrasta con el discurso del presidente Petro que ha sostenido que el aumento del salario mínimo no presionaría la inflación. Luis Fernando Mejía, exdirector de Fedesarrollo, advirtió que el documento explícitamente reconoce ese efecto inflacionario.
El economista Diego Montañez-Herrera recordó que el déficit primario pasó de 2,4 % al 3,5 % del PIB. Esto significa que el Gobierno está gastando más rápido de lo que crecen sus ingresos, lo que plantea dudas sobre la sostenibilidad fiscal en los próximos años. Agregó que el déficit primario es el indicador clave para evaluar la salud fiscal del país.
Transparencia por Colombia, en su diversos informes, arroja un balance negativo sobre la gestión anticorrupción del gobierno de Gustavo Petro. Analiza las debilidades institucionales, el permanente choque de poderes con el Legislativo y el Judicial, el mínimo avance en sus principales apuestas en materia de lucha contra la corrupción y los escándalos que han tocado a varios ex altos funcionarios del Gobierno nombrados por Petro de manera directa.
En la columna sobre la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, se enfatizó que los problemas actuales (Gobierno Petro) son la corrupción, 39,4 %. El sistema de salud: 32,0 %. El avance de las organizaciones criminales: 13,8 %. La debilidad de la fuerza pública para enfrentar el crimen: 3,7 %. Se agregó que “Petro, en campaña para 2022, había prometido una transformación para superar el daño acumulado por años que ha carcomido la confianza institucional”. No obstante, “terminó protagonizando varios escándalos”, como el de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). El entramado implica a altos funcionarios cercanos a la presidencia de Petro: la Corte Suprema citó a Sandra Ortiz, exconsejera presidencial y al fugitivo Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia. Salpicaron a los presidentes de Senado y Cámara, Iván Name y Andrés Calle, detenidos por presuntamente recibir sobornos por 3.000 millones y 1.000 millones de pesos, respectivamente, provenientes de sobrecostos en contratos de la UNGRD. Dos de los ministros de Petro, Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, fueron enviados a prisión preventiva. Se complementó que La Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de los congresistas Wadith Manzur (conservador) y Karen Manrique (curul de la paz), reelegidos el 8 de marzo. Petro menospreció la gravedad del delito, al reducirlo a que solo se “trataba de cuatro cupos”. La salud, igualmente implicada por los sobornos a los congresistas, llevó a la Corte a citar al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y a la ministra de Trabajo de la época, Gloria Inés Ramírez.
Hay que agregar los escándalos de los contratos de Invías, revelados por revista Semana (28-03-2026). La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia investiga a más de 30 congresistas por un escándalo de corrupción de mayores proporciones que el de la UNGRD. Legisladores de las dos corporaciones habrían presuntamente vendido sus votos en favor de proyectos del Gobierno, a cambio de millonarios contratos con esa entidad.
El presidente ha protegido al señor Ricardo Roa, quien el 8 de abril no asistió por segunda vez a la sesión de imputación de cargos de la Fiscalía, por el veredicto del Consejo Electoral de la violación de los topes, como gerente que fue de esa campaña. También fue imputado por la entidad investigadora, por tráfico de influencias desde la presidencia de Ecopetrol, en la adquisición de un lujoso apartamento, negocio en el que, presuntamente, podrían estar implicados contratistas de la empresa.
Un nuevo escándalo, revelado por Noticias Caracol, afecta al Gobierno de Petro: los nexos y reuniones a principios de 2025, de funcionarios públicos con uno de los abogados de Diego Marín, alias Papá Pitufo, señalado como uno de los mayores contrabandistas de Colombia.
En el choque con las instituciones de control sobrevino la decisión de la Fiscalía General de la Nación de solicitar al Gobierno restablecer las órdenes de captura contra las personas reconocidas por el Gobierno Nacional como voceros de Estructuras Armadas Organizadas de Crimen de Alto Impacto de Medellín y el Valle de Aburrá, vinculados a las negociaciones de la paz total. Particularmente de alias Calarcá, sobre quien, según el ente acusador, hay evidencia del incumplimiento de los compromisos que fueron adquiridos en el marco de tal acuerdo.
Otro frente de controversia institucional lo protagonizó el alcalde Galán, tras la captura de 23 integrantes de la banda criminal “El Mesa”. Cuestionó que el cabecilla de esa estructura haya sido designado como gestor de paz, lo que contradice los esfuerzos de seguridad de la ciudad.
La redacción política de este diario, (El Espectador, 5-04-2026) se refirió a la publicación del presidente en la que aseguró contar, supuestamente, con información de inteligencia, sobre la que no hace ninguna precisión, en torno a que el candidato Abelardo De la Espriella tendría diálogos con sectores de la Procuraduría y de la firma Thomas Greg & Sons, con fines no específicos. El equipo jurídico del candidato le pidió a la Comisión de Acusaciones que investigue al presidente por presunta violación ilícita de comunicaciones.
¿Actúa el presidente como jefe de campaña del candidato Cepeda?
