Luego de la plenaria de la Cámara de Representantes el 10 de octubre, Yamid Amat, en “Pregunta Yamid”, entrevistó al ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, sorprendido por el avance en las dos sesiones plenarias de la corporación, que logró la aprobación del 49 % del articulado del Proyecto 339. El periodista insinuó si la estrategia tradicional de los anteriores gobiernos para hacer aprobar por el Congreso sus propuestas legislativas había embadurnado de mermelada a los congresistas. Jaramillo, sin inmutarse y con la parsimonia del viejo político, le respondió: “Don Yamid, es el fruto de mucho trabajo”.
Agregó que, cuando las representantes Miranda y Arbeláez propusieron la convocatoria de una subcomisión (“Subcomisión y otras dilaciones contra la reforma de la salud”, El Espectador, 21/09/2023), resolvieron rebosar sus pretensiones promoviendo centros de estudio y reflexión profunda sobre el contenido de la reforma, con actores multilaterales comprometidos honestamente con la salud de los colombianos, cuyo resultado fueron esos debates de las plenarias.
El desconcierto de quienes se sienten afectados por dicho avance se manifiesta al expresar su “preocupación por el desfinanciamiento del sistema, que ocurrirá con la reforma”. Así lo afirmaron la directora de Acemi y la representante Julia Miranda Londoño.
Perturba que pretendan ignorar que el sistema de salud de la Ley 100 de 1993 viene desfinanciado desde sus orígenes, precisamente por el poder dominante con que el gobierno de Gaviria y los subsiguientes favorecieron a las EPS, sin control ni vigilancia. Ya en 1997 se identificaron los registros de “duplicados” de inscritos en los regímenes subsidiado y contributivo, que incluyeron identidades de fallecidos, para reclamar la correspondiente UPC.
Recurriendo a la evidencia sustentada por los organismos del Estado, como la Corte Constitucional en su Sentencia T-760 de 2008 (“la supertutela de salud”), ¿no significa que las EPS autodesfinanciaron el sistema, al negar sistemáticamente servicios que estaban amparados en los planes de beneficios, obligando al Estado a buscar otros recursos para cubrir las necesidades negadas a los afiliados?
Que las EPS destinen recursos de la salud para apoyar campañas políticas, como lo declaró el exsenador y exconcejal de Medellín Alejandro Guerra en 2010, endosados a Cambio Radical, ¿no es también desfinanciar la salud?
La Contraloría General de la República en 2012 denunció un desfalco mayúsculo de la EPS Saludcoop, en cuantía de $1,4 billones. Más recientemente, el director de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas relató que la deuda de las EPS a las instituciones prestadoras asciende a $16 billones.
Desde febrero de este año, con la presentación del Proyecto 339, la entonces ministra Carolina Corcho advirtió que, una vez entregado a las EPS el valor mensual de la UPC, correspondiente al número de afiliados a cada una de esas entidades, el Estado pierde el rumbo y el destino de tan millonarias sumas.
¿Quién ha desfinanciado el sistema de salud en los pasados 30 años?
