La conducta de varios representantes de la Cámara, en los últimos debates de la plenaria de la corporación, confirma que ignoran que su función está definida en el Artículo 133 de la Constitución: “Los miembros de los cuerpos colegiados de elección directa representan al pueblo, y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable políticamente ante la sociedad y frente a sus electores del cumplimiento de las obligaciones propias de su investidura”.
El bien común, en la filosofía social, política y en derecho, es el “conjunto de condiciones de la vida nacional que atañen al bienestar de todos”. El constituyente antepuso la justicia como la igualdad de oportunidades, la equidad y los derechos humanos para una sociedad en paz. Cobija la ética, la honestidad, y el discernimiento intelectual documentado en la función legislativa.
Desde que se inscribió el proyecto de Ley Ordinaria 339, los sectores políticos de oposición y algunos otros que se autoproclaman independientes, rechazan que dicho proyecto intente cambiar el sistema de salud-negocio de la Ley 100, sin afrontar en sus intervenciones el análisis de las innumerables ilegalidades e inequidades cometidas contra los ciudadanos afiliados a las EPS, denunciadas públicamente por organismos del Estado (Corte Constitucional, Contraloría, Defensoría, Ministerio de Salud, Superintendencia Nacional de Salud, Adres), y diversos medios y columnistas independientes.
Si esa información es contundente, no hay excusa para que algún parlamentario se refugie en su ignorancia para justificar su aberración a la reforma. La galardonada periodista Cecilia Orozco diagnostica que “el Congreso de hoy no lograría pasar las pruebas Saber del ICFES con que se mide el nivel de educación media”. Y agrega: “¿Han conocido, por casualidad, un discurso con fondo, sobre los errores o los aciertos contenidos en las reformas propuestas, aparte del alarido, del grito, del insulto?”. (Política descolocada y oposición sin fondo, El Espectador, 21-11-23).
El contraste entre los representantes de la oposición y la formación y el conocimiento de la coordinadora de ponentes de la reforma, Martha Alfonso, es abismal.
Por consiguiente, el debate es profundamente desigual. A la evidencia argumentada por Alfonso le responden con algarabía y vulgaridad. Entristece que la exdirectora de Parques Nacionales se haya dejado cautivar por pares tan diferentes.
La salud es un derecho fundamental constitucional, independientemente de quién sea el presidente de la República. El resultado de la reunión convocada por el presidente con Álvaro Uribe y el Centro Democrático demuestra que estos no buscan preservar el derecho fundamental a la salud, sino desacreditar las reformas propuestas por el Ejecutivo, sacrificando, sin reato de conciencia, el bien común de los ciudadanos.