La política y los militares

En un artículo de Semana, el almirante (r) David René Moreno criticó mi columna del pasado 10 de abril en El Espectador, en la que propuse reducir el tamaño del Ejército para reorganizarlo y ocuparse eficazmente de restaurar y mantener el orden público interno, en lugar de continuar con la vieja tradición de defensa de la nación de fronteras hacia afuera. Agregué que esa tarea era indispensable, “así hubiera que confrontar el «espíritu de cuerpo» que se opondría a la eliminación de la «grandeza militar»”. El autor de ese artículo me acusa de “vender la idea de transformar esta insigne institución castrense buscando su debilitamiento, al igual que lo han pregonado los miembros de la izquierda recalcitrante que desde hace mucho tiempo tratan de doblegar a Colombia ante las intenciones del socialismo/comunismo internacional”.

Su argumento central se basa en la eventualidad de un conflicto armado con Venezuela, bajo el estímulo de la ofensiva rusa hacia Ucrania y sus relaciones con nuestro vecino. Parte de lo importante que ignoró fue la ubicación de Colombia y Venezuela en la zona de influencia estadounidense, factor que se hizo obvio luego de la guerra rusa contra Ucrania, mediante el cambio de la actitud gringa hacia Venezuela. También ignoró la importancia del papel político que cumple la diplomacia, no necesariamente entre regímenes compatibles sino también entre los disímiles. En este contexto, es prioritario que el próximo gobierno restablezca relaciones diplomáticas con Venezuela, para administrar por este medio problemas fronterizos y de otra índole.

La política ha influido siempre en el sector castrense, en particular durante las dos administraciones de Uribe, que inclinaron la balanza hacia la derecha, aupadas por la cooperación paramilitar que ejecutaba lo que no les está permitido a los militares. Además, hubo un escalamiento de “falsos positivos”, estimulados por una norma del Ministerio de Defensa y el “perdón de los pecados” por parte del presidente.

La improvisación de los ministros de Defensa (la mayoría desconocen los intríngulis del trasegar militar) ha ido acompañada por la ausencia de una ley de defensa y seguridad nacional que plantee orientaciones frente a decisiones en sucesos intempestivos que afecten el orden público. El actual ministro ha exhibido improvisaciones que han segado la vida de civiles y menores de edad, sin ofrecer disculpas. A esto se suma la autonomía con que han actuado los altos mandos, en particular en este gobierno, pues el presidente ha dado mal ejemplo al distanciarse de la ecuanimidad política que le corresponde a los jefes de Estado.

A estas alturas de la coyuntura electoral, la situación ha dado para que haya rumores sobre un eventual golpe militar frente a la supuesta amenaza de un triunfo de Petro, dada su visibilidad por su personalidad populista y ególatra. El sector castrense no puede pasar por encima del sistema democrático. Debe aceptar los resultados electorales sin inmiscuirse en política, sobre todo si interviene para acabar con la tradición de regímenes civiles, así tengan la fragilidad que los ha caracterizado.