Durante mucho tiempo he escrito sobre educación. Hace seis meses salió mi última columna sobre el tema en este diario. Una educación integral y con amplia cobertura es, sin duda, el mejor antídoto para gran parte de problemas en una sociedad. Pero la política —con sus múltiples manifestaciones— tiende a impedir tal logro, máxime en una sociedad compleja como la colombiana. Su historia —desconocida para la mayoría de la población— explica gran parte del asunto.
El aumento de universidades —públicas y privadas—, con raquíticos controles estatales y proliferación de “las de garaje”, comenzó en la historia bipartidista desde hace más de un siglo. El desarrollo capitalista, tardío, voraz y sin control por causa de las violencias, proyectó la raquítica educación urbana —primaria y secundaria—, predominantemente católica, acompañada de un tardío sindicalismo: Fecode no ha facilitado el crecimiento de una buena educación, en un Estado políticamente débil, incapaz de imponer su calidad. Incluso en los escasos establecimientos educativos con calidad, la lectura crítica ha retrocedido, según las pruebas Pisa. No se trata de que los gobiernos se vanaglorien del aumento del acceso a la educación, sino que se empoderen para imponer buena calidad, apoyada en un persistente conocimiento de la historia; ¡por fin obligatoria!, pero sin reglamentar.
La educación académica de alta calidad es esencial, pero no suficiente. Habría que cubrir otros frentes. La obligatoriedad de lo que se conoció como educación cívica, que no por elemental deja de ser imprescindible. No se trata de venias y saludos, sino de lograr que comportamientos adecuados, en espacios públicos y privados, sean hábitos cotidianos. Pero la complejidad urbana in crescendo exige reproducir la educación ciudadana en distintas actividades del quehacer cotidiano. Los escasos hábitos de buen comportamiento público se originaron en la alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá. Una educación pública, formal y universal debería estar acompañada de una labor policial preventiva y de seguridad ciudadana, ojalá sin la negativa estructura militar actual de una institución civil armada como es la Policía Nacional.
Al retornar la educación formal son indispensables la comprensión de lectura con visiones críticas y la historia con interpretaciones analíticas del acontecer nacional y mundial. Una formación intelectual apoyada en estos principios es garantía para contrarrestar el permanente vaivén de las fake news, que atiborran las redes sociales con breves mensajes afirmativos, que impiden constatar verdades y ante todo mentiras, para evaluar la tempestad en la que están inmersas las juventudes. Esa es la triste realidad de la sustitución “espontánea” de la historia por parte de información acomodaticia “en tiempo real”. La política atraviesa estas redes, que han debilitado al extremo instituciones democráticas, como los partidos.
Con el paso de los años —y esto es lo importante—, una educación integral se reflejaría en la reducción significativa de desigualdades sociales, brechas entre educación rural y urbana, y desidia frente a indígenas, negritudes y personas en extrema pobreza. Además de lograr una tendencia sostenida para eliminar el mal llamado empleo informal, que no es sino el eterno “rebusque” en este país en el que la exclusión social ha sido la constante.
Pero, en medio del debilitamiento de la democracia y el consecuente fortalecimiento de corruptelas, ¿será posible promover movilizaciones tendientes a incrementar recursos para la educación y controles estatales para impulsar su calidad?
¡La esperanza es lo último que se pierde!
Durante mucho tiempo he escrito sobre educación. Hace seis meses salió mi última columna sobre el tema en este diario. Una educación integral y con amplia cobertura es, sin duda, el mejor antídoto para gran parte de problemas en una sociedad. Pero la política —con sus múltiples manifestaciones— tiende a impedir tal logro, máxime en una sociedad compleja como la colombiana. Su historia —desconocida para la mayoría de la población— explica gran parte del asunto.
El aumento de universidades —públicas y privadas—, con raquíticos controles estatales y proliferación de “las de garaje”, comenzó en la historia bipartidista desde hace más de un siglo. El desarrollo capitalista, tardío, voraz y sin control por causa de las violencias, proyectó la raquítica educación urbana —primaria y secundaria—, predominantemente católica, acompañada de un tardío sindicalismo: Fecode no ha facilitado el crecimiento de una buena educación, en un Estado políticamente débil, incapaz de imponer su calidad. Incluso en los escasos establecimientos educativos con calidad, la lectura crítica ha retrocedido, según las pruebas Pisa. No se trata de que los gobiernos se vanaglorien del aumento del acceso a la educación, sino que se empoderen para imponer buena calidad, apoyada en un persistente conocimiento de la historia; ¡por fin obligatoria!, pero sin reglamentar.
La educación académica de alta calidad es esencial, pero no suficiente. Habría que cubrir otros frentes. La obligatoriedad de lo que se conoció como educación cívica, que no por elemental deja de ser imprescindible. No se trata de venias y saludos, sino de lograr que comportamientos adecuados, en espacios públicos y privados, sean hábitos cotidianos. Pero la complejidad urbana in crescendo exige reproducir la educación ciudadana en distintas actividades del quehacer cotidiano. Los escasos hábitos de buen comportamiento público se originaron en la alcaldía de Antanas Mockus en Bogotá. Una educación pública, formal y universal debería estar acompañada de una labor policial preventiva y de seguridad ciudadana, ojalá sin la negativa estructura militar actual de una institución civil armada como es la Policía Nacional.
Al retornar la educación formal son indispensables la comprensión de lectura con visiones críticas y la historia con interpretaciones analíticas del acontecer nacional y mundial. Una formación intelectual apoyada en estos principios es garantía para contrarrestar el permanente vaivén de las fake news, que atiborran las redes sociales con breves mensajes afirmativos, que impiden constatar verdades y ante todo mentiras, para evaluar la tempestad en la que están inmersas las juventudes. Esa es la triste realidad de la sustitución “espontánea” de la historia por parte de información acomodaticia “en tiempo real”. La política atraviesa estas redes, que han debilitado al extremo instituciones democráticas, como los partidos.
Con el paso de los años —y esto es lo importante—, una educación integral se reflejaría en la reducción significativa de desigualdades sociales, brechas entre educación rural y urbana, y desidia frente a indígenas, negritudes y personas en extrema pobreza. Además de lograr una tendencia sostenida para eliminar el mal llamado empleo informal, que no es sino el eterno “rebusque” en este país en el que la exclusión social ha sido la constante.
Pero, en medio del debilitamiento de la democracia y el consecuente fortalecimiento de corruptelas, ¿será posible promover movilizaciones tendientes a incrementar recursos para la educación y controles estatales para impulsar su calidad?
¡La esperanza es lo último que se pierde!