¿El cambio era complacerlo?

Deicy Jiménez afirma que los contratos que recibió en entidades del Estado fueron la contraprestación por encuentros íntimos con Petro. Él lo niega. El video que ella publicó no prueba por sí solo ese intercambio; la justicia deberá establecerlo. Pero haber sido presidente no le da derecho a despachar estas denuncias como otro ataque de sus enemigos. Hay contratos pagados por los colombianos y una acusación concreta sobre cómo se obtuvieron. Petro tendrá que responder con algo más que discursos sobre sus perseguidores. Debe explicar si intervino en esas contrataciones y con qué propósito.

Exigir esas respuestas no es entrometerse en su vida sexual. La vida íntima de un gobernante no le pertenece al público. Sus decisiones sobre recursos del Estado sí deben someterse al escrutinio ciudadano. El derecho a la intimidad no puede servir para eludir preguntas sobre contratación pública.

A esto se suma la contradicción con sus promesas. «El cambio es con las mujeres», anunciaba su programa de gobierno en 2022. Pidió votos prometiendo autonomía económica, participación política y una vida libre de violencias. Si las denuncias se comprueban, habría burlado esas promesas al utilizar su poder para obtener encuentros sexuales y ofrecer contratos públicos como contraprestación. Resultaría cínico haber conseguido respaldo apelando a las luchas de las mujeres para después ejercer el poder aprovechándose de las desigualdades que las motivaron.

También está en juego el reconocimiento de las mujeres como personas capaces de ejercer el poder por mérito. Durante décadas, han luchado para que su preparación, su trabajo y sus capacidades les permitan ocupar espacios de decisión. Un presidente que condicionara oportunidades a encuentros sexuales reforzaría la idea degradante de que su acceso a esos espacios depende de complacer a un hombre poderoso. Quien debía contribuir a desmontar esa subordinación habría utilizado la Presidencia para perpetuarla.

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Ahora bien, el poder de Petro no elimina la necesidad de investigar la eventual responsabilidad de quienes hubieran participado voluntariamente en un acuerdo irregular. Además de investigar a quien habría utilizado su autoridad para obtener beneficios sexuales, debe establecerse si otras personas aceptaron libre y conscientemente ese intercambio para conseguir privilegios indebidos. Reconocer el desequilibrio de poder exige examinar si hubo presiones, dependencia o abusos. También exige esclarecer si alguna de las personas involucradas decidió aprovechar esa relación para beneficiarse a costa de los colombianos. Ninguna responsabilidad puede presumirse por el trabajo sexual de una mujer o por su vínculo íntimo con un dirigente.

La defensa de las mujeres tampoco puede servir para justificar privilegios indebidos. Si se demuestra que alguien participó conscientemente en un intercambio de esa naturaleza, llamarlo empoderamiento sería desfigurar las luchas por la igualdad. La autonomía no convierte en legítimo cualquier beneficio. Conseguir contratos públicos a cambio de encuentros íntimos conserva un sistema en el que las oportunidades dependen de la cercanía con quien manda. Ese sistema perjudica a quienes esperan ser evaluadas por sus capacidades.

La igualdad que se reivindica para conquistar el poder debe respetarse cuando se ejerce. Si las denuncias se comprueban, Petro habría degradado la Presidencia y traicionado las luchas que utilizó como bandera. Ese acuerdo sería una afrenta a las mujeres que se preparan, trabajan y exigen ser valoradas por sus capacidades, mientras otras personas conseguirían privilegios por complacer a quien manda. Ni el abuso de poder es liderazgo ni el oportunismo es empoderamiento. Los colombianos no tienen por qué financiar los deseos de un gobernante ni los beneficios de quienes acuerden aprovecharse de ellos.