La junta directiva del Banco de la República decidió en su última sesión (abril), por unanimidad, mantener su tasa de interés de política monetaria en 11,25 %. El resultado se presentó como una tregua en medio del fuerte ataque del Gobierno, que ha dejado, por ejemplo, acusaciones inaceptables y sin fundamento por parte del presidente de la República de que la autoridad monetaria opera al servicio de los intereses del sistema financiero.
Las minutas de la reunión, que se dieron a conocer el miércoles pasado, confirman que la decisión “envía un mensaje de consenso y respeto entre los miembros de la Junta Directiva para mostrar que, si bien existen opiniones diversas sobre el manejo de la tasa de interés, es posible lograr acuerdos en medio de las diferencias y evitar que las políticas del Banco sean interpretadas como elementos relacionados con el proceso electoral”.
Por otro lado, de acuerdo con un boletín de Primera Página, el equipo técnico del banco central habría recomendado un aumento de 75 puntos básicos, incluso desde la reunión de marzo. Hay preocupación por una inflación que no cede. Fue 5,7 % en abril de 2026, mientras hace un año llegó a 5,2 %. Y recordemos que la meta no se cumple desde 2022.
Nos encontramos entonces frente a un caso extraordinario en el que el Banco de la República hace referencia explícita a su consideración política en las minutas. Esto, junto con la inferencia de que la Junta no acogió la recomendación del equipo técnico —diferencia que naturalmente puede ocurrir—, ha generado inquietudes sobre los efectos de la presión, en particular cuando el Gobierno intensifica su retórica populista y amenaza con elevar de nuevo el salario mínimo o con boicotear la realización de la junta mediante la posible inasistencia de quien la preside (el ministro de Hacienda y Crédito Público).
Está claro que el mundo no es blanco o negro y que el Gobierno saliente ha buscado redefinir las reglas de juego, haciendo que el tablero sea más gris que de costumbre. Ante tales circunstancias hay que respaldar el liderazgo del gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, y el estoicismo de la Junta que priorizó el desescalamiento del conflicto, así sea temporalmente. Esto también es parte de un manejo serio de política económica en su objetivo de la estabilidad macroeconómica.
El respaldo al Banco de la República en su última decisión, que quede claro, no es más por lo político que por lo técnico. El banco central subió su tasa de interés en 200 puntos básicos entre enero y marzo de 2026 frente a los riesgos inflacionarios crecientes —excesos de demanda impulsados por gasto público, aumento excesivo del salario mínimo, guerra en Irán, entre otros—. La tasa regresó así a los niveles de hace dos años cuando las expectativas inflacionarias eran menores que las de hoy, dando margen para dejarlas quietas en abril. Además, en caso de que los choques inflacionarios fueran más persistentes que transitorios, el banco central tiene la posibilidad, si fuera necesario, por indeseable que sea, de mantener las tasas altas por un periodo más largo de tiempo.
En definitiva: equilibrismo con red de seguridad técnica. Bien.
* Exviceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
