Las decisiones del Gobierno tienen desbordada la discusión económica. El desorden actual se resume en dos aspectos: 1) la irresponsabilidad fiscal que deriva en altísimo endeudamiento y emergencias económicas sin sustento constitucional ni legitimidad política; y 2) el aumento excesivo del salario mínimo, por fuera, por cierto, del rango de negociación de la mesa tripartita de trabajadores, gremios empresariales y Gobierno.
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Lo primero constituye un problema serio para los próximos años: más servicio a la deuda y menos recursos para la inversión social y el desarrollo productivo. Una barrera al desarrollo económico del país.
Sobre lo segundo, poco importaron la informalidad (55 % de los trabajadores), que aquellos que no llegan al salario mínimo sean cinco veces más que el 10 % de los trabajadores que lo alcanzan, las distorsiones en los mercados de vivienda y, peor aún, las consecuencias negativas sobre el empleo actual y la generación de nuevos empleos. Al incremento le siguen, además, malos controles de precios que buscan atajar las anticipadas pero ignoradas consecuencias inflacionarias. En síntesis, el presidente prioriza la audacia del mensaje político y el simbolismo por encima del bienestar general. Populismo.
En la táctica presidencial reciente, si sus acciones de gobierno proceden, como fue el caso de usar la cláusula de escape de la regla fiscal (2025), aumenta el endeudamiento del país, incrementa el gasto, crea una percepción positiva pasajera y deja programada la explosión de los problemas económicos para que ocurra durante las siguientes administraciones.
Si no proceden, como es el caso de sus reformas fallidas o la caída de decretos sin argumentos sólidos, culpa a los empresarios, a las Cortes, al Congreso de la República, a gobiernos pasados, a los medios de comunicación, a los analistas, incluso a sus colaboradores. Una combinación de miopía y victimización que le ha permitido conservar una aprobación popular, especialmente en la población de menores ingresos.
Cierto, más allá de lo político, la pobreza, la desigualdad y la exclusión de este país no pueden ser ignoradas. Que el presidente las use de manera discursiva y no para actuar de manera sensata no significa que hayan dejado de ser el núcleo de los problemas del país —sí hay que reconocerle que al hacerlas parte esencial de sus discursos las ha hecho más visibles en un país segregado por la desigualdad social—.
El presidente Petro terminará un mandato caracterizado por un liderazgo ausente para crear consensos. Renunció a la oportunidad histórica de conformar un gobierno de transición, menos revolucionario en las palabras y efectivo para la solución de los problemas del país.
Que él haya renunciado a eso no significa que la izquierda y el país lo hagan. El país debe tener una agenda económica de progreso y bienestar en la que el desarrollo productivo, con trabajo coordinado del sector público y privado, sea el motor de la inclusión social. Elementos fundamentales y convocantes para una nueva mayoría por fuera de los extremos y la polarización.
Muy diciente es la frase de cierre de la entrevista al presidente saliente de Chile, Gabriel Boric, que sirvió para el titular de El País: “La izquierda que solo culpa al adversario está condenada a diluirse”.
* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
