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Los anuncios de arranque del ministro de Hacienda designado son positivos, en general.
Lo primero por celebrar, aunque ya parezca lugar común, es el reconocimiento abierto de que la situación fiscal es crítica. El gobierno saliente subestimó el problema desde 2024 y renunció desde entonces a la tarea de continuar el ajuste fiscal postpandemia, desencadenando consecuencias macroeconómicas negativas como el alto costo del financiamiento de la deuda y un marco insostenible de crecimiento económico de corto plazo impulsado en parte por el gasto público. Esto ha contribuido además a que la inflación “cumpla” seis años sin cumplir la meta. Mientras tanto, la inversión se encuentra en niveles bajos, en ausencia de una buena coordinación público-privada y en un contexto de altas tasas de interés.
Al respecto, el candidato presidencial oficialista no solo evadió los debates generales, sino estos específicos sobre política económica. Muy al final, apenas con la llegada de la senadora Clara López como líder del equipo económico, se vieron algunas luces en medio de tantas sombras. Demasiado tarde.
El ministro designado, Miguel Gómez Martínez, ya dijo en términos coloquiales que sería el ministro del “guayabo” –agreguemos “fiscal” para evitar señales confusas a los mercados–.
Lo segundo positivo por destacar son los comentarios respetuosos de la institucionalidad que reviste la junta directiva del Banco de la República. Dijo que habría querido que la tasa de intervención no subiera al 12 %, pero no por eso parece interesado en atizar confrontaciones interinstitucionales.
Oportuna también su aclaración de que la “renegociación” de la deuda en realidad se trata de un “reperfilamiento” propio de las operaciones de financiamiento en las que se buscan oportunidades para reducir los pagos de intereses cuando así lo permiten los mercados. De hecho, aunque insuficiente, las tasas de la deuda pública han pasado ya de niveles superiores al 14 % a niveles inferiores al 12 %, en buena medida porque se anticipa un mayor compromiso con una senda fiscal responsable.
Están pendientes sí muchos detalles. No puede darse por sentado un escenario de menores tasas de interés internacionales. Hay que tener presentes las declaraciones contundentes del nuevo presidente de la Reserva Federal, en el sentido de que cualquiera con expectativas de que no se tome en serio la meta de inflación de 2 % en los Estados Unidos terminará “decepcionado” –a pesar de las solicitudes del presidente Trump de recortar tasas–.
Asimismo, siendo el ajuste fiscal lo clave, el gobierno electo tendrá que dar claridad sobre su verdadera magnitud. No veo posible, tanto por las restricciones técnicas –ligadas a las inflexibilidades presupuestales–, como por las políticas –fuerzas en el Congreso de la República y demandas sociales–, hablar de 60 billones de pesos, a menos que nos digan que no se trataba de un ajuste anual. Y está pendiente la atención financiera de los sectores de Salud y Energía.
Buen logro sería regresar al déficit de 2023 (4,3 % del PIB) en dos años mediante una gran concertación política que incluya de manera secuencial: reducción del gasto, fortalecimiento del recaudo tributario –con lucha contra la evasión– y eventualmente una nueva reforma tributaria. Ciertamente el orden importa para ganar legitimidad política.
Démosle tiempo al nuevo equipo para presentar su fórmula para la resaca.
*Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.
