A la sorpresa fiscal de hace un par de semanas, cuando el Gobierno presentó un Presupuesto General de la Nación (PGN) superior en 3 puntos del PIB al radicado por el gobierno Petro —a pesar de las promesas de austeridad—, se suman ahora las revisiones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).
Hace un par de meses (junio) el CARF proyectaba que la deuda neta del Gobierno Nacional Central sería 63 % del PIB en 2027; ahora nos dice que incluso las cuentas más recientes del Ministerio de Hacienda, con todo y “sinceramiento” (66 % del PIB), se quedan cortas: la deuda neta sería 67% del PIB. Esto quiere decir 20 billones de pesos por encima del “sinceramiento” y 80 billones de pesos más que las proyecciones de junio.
Fuera de confirmarse la falta de credibilidad en las cifras del Marco Fiscal de Mediano Plazo del gobierno anterior —asunto que pronto se verá pequeño en el retrovisor—, preocupa que cada diagnóstico (“sinceramiento”) es peor que el anterior mientras el paciente sigue esperando en la camilla. La anunciada “Ley de Rescate Económico”, que incluiría un ajuste fiscal de 2,2 puntos del PIB, podría ser insuficiente frente a las nuevas cifras del CARF. Aún a la espera de los detalles.
Está clara la necesidad de que el ajuste fiscal ocurra en el déficit primario, no en las programaciones de pagos de la deuda pública. Vale la pena tenerlo presente. En la columna anterior destaqué que el “sinceramiento” del Gobierno recaía en buena medida en el servicio a la deuda y el pago de FEPC. El gobierno anterior preveía nuevas operaciones de manejo de deuda y pagos con títulos de tesorería de corto plazo (pagar deuda con deuda). Si el Gobierno actual decidió reconocer estos rubros directamente en el PGN, como parte del “sinceramiento”, bien, pero no podría resultar luego que termine haciendo lo mismo que habría hecho el gobierno anterior para poder mostrar una reducción del déficit final en 2027. Los mercados y la oposición estarán atentos a esto. Y falta el efecto fiscal para el 2027 de la atención a los damnificados y la reconstrucción luego del terremoto del pasado 10 de agosto. Desafiante panorama.
Por impopular que sea decirlo, no hay otro camino que la reducción gradual del gasto junto con una nueva reforma tributaria. Las presiones de todas las carteras al interior del Gobierno y la atención de la emergencia del terremoto, más la camisa de fuerza que se puso prematuramente el ministro Gómez Martínez al descartar nuevos impuestos, están complicando el plan fiscal.
Por el lado político, luego de un mal arranque, el Gobierno parece ahora estar avanzando en contar con un apoyo mayoritario en el Congreso de la República para su agenda legislativa, especialmente en la Cámara de Representantes. La nueva sintonía es buena, siempre y cuando la coordinación se oriente en la dirección de la responsabilidad fiscal. Muy grave sería una miopía fiscal conjunta de Ejecutivo y Legislativo, consolidando un régimen de altos déficit y endeudamiento.
Coletilla. Inconcebibles por cierto las declaraciones en el sentido de que Colombia debería dejar de pagar sus deudas. Tal locura sería como oprimir el botón de la “autodestrucción” macroeconómica.
* Ex viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público. Profesor titular de Economía de la Universidad Javeriana.