La palabra ni siquiera existe. Sin embargo, es una de las más usadas en el mundo de lo público.
En los últimos años, pero sobre todo cuando se sacude este país –en especial el político–, siempre alguien saca esa palabreja. Y es como si mencionarla calmara las aguas.
En momentos cruciales, cuando la situación ha tocado fondo –bueno, eso creemos siempre, que esta vez sí y que entonces ahora sí empezaremos a mejorar–, aparece algún término que nos ayuda a hacer creer que de verdad el esfuerzo valió la pena.
A principios de siglo, cuando conservadores y liberales se pusieron de acuerdo para no matarse más, se habló de “la Patria por encima de los partidos”. La palabra entonces fue “Patria”. La receta comenzaba a ser efectiva.
Cuando mataron a Gaitán y muchos esperaron que el Partido Liberal asumiera actitud decidida frente a la muerte de su líder, al contrario algunos dirigentes fueron hasta la Casa de Nariño a reunirse con Ospina Pérez para “rodearlo”. A cambio, el presidente llamó a algunos rojos “moderados” al gabinete; esos dirigentes hablaron de defender por encima de todo las instituciones. En el campo, godos y cachiporros seguían matándose, pero qué importaba: “las instituciones” estaban a salvo.
De nuevo se repetiría cuando, tras la dictadura de Rojas Pinilla y sus excesos, Laureano Gómez y Alberto Lleras conversaron y, como medio siglo atrás, de nuevo bajaron las banderas partidistas y firmaron el Frente Nacional, para repartirse el poder cada cuatro años, pero poniendo por encima de nuevo “la defensa de la República”.
En 1985 el acervo lingüístico fue creciendo, poniéndose a tono con los tiempos. Tras la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 vendría la retoma a plomo y fuego, por parte del Ejército, y Plazas Vega, jefe de aquel operativo, selló a posteridad lo que luego se demostró fueron excesos en contra de magistrados, empleados y guerrilleros que ya se habían entregado. “Aquí estoy defendiendo la democracia, maestro” (democracia que también reclamaban los guerrilleros que se tomaron el Palacio y una misma que defendían los honorables magistrados de la Corte Suprema).
Para mediados de los 90, la defensa de las “instituciones” era la fórmula plañidera de quienes pedían la renuncia de Ernesto Samper, ante señalamientos por ingreso de dineros del narcotráfico a su campaña presidencial. Al cabo de unos meses, cuando la Cámara de Representantes lo absolvió, también Samper, pletórico, dijo que la investigación y posterior absolución por parte de su juez natural demostraba “la solidez de las instituciones” colombianas.
Siempre, pues, está la palabra para defender una decisión, un nuevo inicio, un personaje. La Patria, la República, la Democracia, las Instituciones, por encima, dicen siempre. Están disponibles en cada cambio de gobierno cuando los presidentes juran no ser tan malos como el anterior, y listas también cuando ante un gobierno sin mayorías en el Congreso arma coaliciones variopintas, y entonces los enemigos acérrimos de antes, al cabo de horas terminan apoyándolo, pues por encima de los partidos está… (use la palabra que quiera).
Y ahora suena más otra más rimbombante: Institucionalidad.
“Sacar al ministro no resuelve la crisis; en el caos hay que preservar la institucionalidad”, dijo a la revista Semana Horacio José Serpa, cuando el Congreso lideró moción de censura contra Diego Molano.
La palabra también nos la traen como receta cada tiempo, cada que surge un candidato que no es bendecido por el “establecimiento”. La congresista Goebertus –que tiene candidato muy representante del statu quo– dice que “Petro pone en riesgo la institucionalidad”.
Ahora bien, ¿qué es eso de la institucionalidad? Según Pablo Felipe Robledo (El Espectador, 12 de agosto de 2020): “un conjunto de entidades y personas en quienes hemos acordado depositar la confianza para resolver las mismas causas por las que la gente opina, grita y marcha, a favor o en contra (...) Eso es Estado de derecho, civilidad, modernidad y respeto por las reglas sociales de juego”.
Ahora, será depositaria de confianza la institucionalidad colombiana. ¿Habrá acaso que defender, según Goebertus, una Fiscalía que no investiga sino que acosa opositores al Gobierno? ¿A una Registraduría que no da garantías y al contrario invita a no participar a quien crea que habrá fraudes? ¿Una Contraloría y una Procuraduría que no controlan? ¿Un Congreso que aprueba casi todo lo que le pasa el Gobierno y que legisla para garantizarse más y más privilegios? ¿A un poder Ejecutivo que no ejecuta y va de tumbo en tumbo?
O sea, ella hace poco cuestionaba los bombardeos a campamentos guerrilleros donde había niños, y también cuestionó la eliminación de la Ley de Garantías, pero sale a descalificar a alguien que, según ella misma, pone en riesgo esas instituciones que ella crítica y de las cuales también hace parte.
También habría que preguntarle al senador Serpa si es más importante avalar a una institución que no pone por encima la Vida misma de los inermes que él mismo dice representar en el Congreso.
No nos damos cuenta de o no queremos aceptar que lo que hace daño a “la institucionalidad” es el narcotráfico que pone precio a la vida y a la dignidad humana; la corrupción y el irrespeto a la Constitución y las leyes, en especial de quienes dicen representarnos y son pagos con los dineros de los impuestos de todos.
“La institucionalidad” colombiana (entiéndase mejor como cierta élite que vive inmersa en privilegios) prefiere enredar a la gente en la lingüística y los eufemismos, como una forma de evadir responsabilidades y no asumir posiciones certeras sobre problemas estructurales del país.
