Inconstitucional (de nuevo)

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No había carta de navegación. La borrasca llegó intempestivamente y el Gobierno tuvo que tomar decisiones a gran velocidad. Lo hacía con el imaginario de las unidades de cuidado intensivo del norte de Italia, colapsadas por pacientes contagiados por COVID-19. Como nunca antes en cada nivel del Estado, las decisiones tomadas parecían de vida o muerte. Imposible no expresar admiración, compasión y solidaridad con cada uno de sus funcionarios.

Ya iremos decantando en dónde hubo aciertos y errores. En el frente económico hay muchas líneas de acción en marcha, algunas de las cuales nos dejarán lecciones importantes que trascenderán la pandemia. Por ejemplo, en pocas semanas se montó un operativo para tratar de llegar con recursos a poblaciones que generalmente escapaban al radar de las ayudas estatales. Lo que aprendimos como sociedad de ese esfuerzo marcará los debates que habremos de dar sobre la política social del futuro.

Pero hay también errores y me voy a centrar en unos que debería hacer saltar alarmas en los brazos que toman decisiones económicas en el Gobierno. Lo que preocupa de esos errores es que no parecen ser fruto del afán de estos tiempos: ya teníamos ejemplos protuberantes de estos desde el inicio del Gobierno, hace dos años. Me refiero, en particular, a la inconstitucionalidad de varias de las acciones que ha tomado, algunas con consecuencias muy serias.

En pocas semanas, tres decisiones económicas tomadas en el marco de la pandemia han sido echadas para atrás por la Corte Constitucional. La primera, el impuesto solidario que forzaba a empleados y contratistas del Estado con ingresos altos, así como a pensionados con altas mesadas, a contribuir con una parte de esos ingresos. No había que ser un suspicaz constitucionalista para prever que esa decisión se iba a caer y así lo advirtieron muchos desde su emisión. El Estado tendrá que devolver esos recursos.

La segunda, la Corte declaró inconstitucional el decreto que permitía que no se hicieran temporalmente aportes a pensiones y el traslado de 25.000 pensionados de los fondos privados a Colpensiones. Ese entuerto saldrá muy costoso: empresas y trabajadores que se acogieron al decreto en medio de la crisis ahora deben esos recursos. Y finalmente, se cayó el decreto que permitía subsidios extraordinarios a los servicios públicos hasta final de año. Este último ¡por falta de firmas!

Estos fallos tenían un precedente: durante la primera legislatura de esta administración se aprobó una reforma tributaria, en la que el Gobierno invirtió enormes esfuerzos y capital político. Unos meses después, toda la reforma se cayó en la Corte. El Gobierno tuvo que volver a tramitarla en el Congreso, empleando una nueva ronda de esfuerzos y de capital político, y prolongó durante otro año la incertidumbre sobre las reglas tributarias.

Hay, pues, un camino largo de reveses constitucionales en las decisiones que involucran el brazo económico del Gobierno. No es solo el afán reciente; algo está fallando en el acompañamiento jurídico de ese brazo con consecuencias de gran calado para el país y la misma administración.

@mahofste

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