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La semana pasada estuve recorriendo varios proyectos agroindustriales en la Altillanura y confirmé, una vez más, lo difícil —casi tortuoso— que resulta sacar adelante un proyecto productivo en Colombia.
Para que el lector dimensione el calvario que enfrentan estos verdaderos Simón Bolívar del agro, basta un ejemplo: comprar una hectárea en Meta y Vichada es apenas el primer paso. A ese costo hay que sumarle ocho millones de pesos en cal dolomita (para corregir acidez de los suelos) e incorporación en suelos. Y, aún así, todavía no se ha sembrado una sola semilla.
Transportar insumos, maquinaria, equipos y luego sacar la cosecha es otro capítulo de esta odisea. En invierno todo debe moverse por el río Meta; en verano, por una trocha de más de 500 kilómetros entre Puerto Gaitán y Puerto Carreño. Ambas vías, en un estado deplorable y abandonadas por el Gobierno, encarecen y vuelven incierta cualquier operación agrícola o industrial.
La Orinoquia y la Altillanura son la despensa agrícola natural de Colombia. Es la única región capaz de garantizar alimentos competitivos para 50 millones de colombianos y sustituir más de 10 millones de toneladas de importaciones que encarecen la canasta familiar. Abarcan el 25 % del territorio nacional, pero albergan solo el 3 % de la población: tierras abundantes y subutilizadas, frente a una fuerza laboral mínima. Un potencial gigantesco frenado por falta de voluntad política o política de Estado.
A este desafío se suma otro aún más corrosivo: la inseguridad jurídica. La tradición de los predios es un laberinto y las absurdas limitaciones de las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) impiden escalar proyectos productivos. Peor aún, la Agencia Nacional de Tierras se ha convertido en una fuente permanente de incertidumbre, actuando con interpretaciones arbitrarias y cambiantes sobre uso y tenencia. El caso de los menonitas es apenas la evidencia más visible de un problema estructural: persecuciones administrativas, abusos de poder, amenazas de expropiación y violaciones de derechos fundamentales que tienen exhaustos a miles de empresarios del agro. La Altillanura podría ser el mayor polo agroindustrial del continente, pero avanza con grilletes jurídicos que ningún país serio impondría a su región más estratégica.
Y por si todo esto fuera poco, aparece el tercer obstáculo: una carga tributaria que castiga en vez de impulsar. Quien invierte en esta región debe enfrentar 44 rubros impositivos que comienzan con la constitución de la empresa y no terminan ni siquiera cuando se vende la cosecha. Es un ecosistema tributario diseñado para desincentivar, no para promover el desarrollo de un territorio que podría duplicar la producción agrícola del país, atraer inversión nacional y extranjera y convertir a Colombia en un actor relevante en los mercados globales de alimentos.
La Altillanura es la mayor oportunidad económica del siglo XXI, pero también el espejo del abandono estatal, de la burocracia paralizante y de la falta de visión. Si Colombia quiere crecer, esta región debe dejar de ser un territorio castigado por su propio Gobierno.
En la próxima entrega presentaré las propuestas que, a mi juicio, pueden abrir el camino para que la Altillanura se convierta, por fin, en el gran motor agrícola del país.
