El pasado 25 de agosto, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 13841. Gracias a esa disposición, después de 30 años, será posible aplicar el cuarto capítulo de la Ley 70 de 1993 sobre “…las reglas para el uso de la tierra y la protección de los recursos naturales y del ambiente, en los territorios colectivos de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras”. La nueva reglamentación le da primacía al etnodesarrollo, modelo basado en los conocimientos que esos pueblos recibieron de sus antepasados, y los han adaptado a condiciones ecológicas del presente, sin abandonar la aspiración de que garanticen la autonomía de sus territorios colectivos.
El mandato introduce los “Centros de Desarrollo Forestal”, los cuales, bajo la responsabilidad del SENA, “diseñarán programas especiales de capacitación, formación, actualización” alrededor de “empresas forestales comunitarias y certificación forestal” (ver capítulo 3 del decreto). Mientras que pasados decenios de extracción ilegal de maderas, a las empresas mencionadas les dejaron la clara responsabilidad de la reforestación, lo de la certificación es ambiguo. Supone uno que tiene que ver con las iniciativas REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) introducidas en 2005 como parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, debido al papel que desempeñan los bosques en la captura y almacenamiento de Gases de Efecto Invernadero. Popularizados como ventas de bonos de carbono, no es fácil caracterizarlos. Los auspician agencias de desarrollo que se valen de intermediarios financieros para vincular a una empresa multinacional contaminante con un consejo comunitario afro al cual compensan por las toneladas de bióxido de carbono que las hectáreas a su cargo captan y almacenan. En el caso de los ríos Baudó y Pepé, a los dos años de iniciado el convenio, ambas juntas directivas hicieron la respectiva cancelación ante la evidencia de perder sus autonomías territoriales y políticas a manos de la compañía intermediaria. Sin embargo, los consejos de Raposo, Mayorquín y Anchicayá (área rural de Buenaventura) no corrieron con esa suerte y hoy los empresarios proponentes cobran “retroactivamente hasta 2010 el trabajo de conservación de la gente que ha habitado allí”.
Otras experiencias dejan ver la indefensión de los pueblos étnicos frente a las manipulaciones de emprendedores, abogados y notarios corruptos2. Con todo, sería esperanzador que los centros de desarrollo forestal ya mencionados ofrecieran aprendizajes para que consejos comunitarios y cabildos indígenas se familiaricen con las incontables siglas y compleja terminología que las Naciones Unidas, Minambiente y demás entidades involucradas han adoptado para caracterizar la propuesta. También para que dimensionen el propósito de las iniciativas, su magnitud, ventajas, riesgos, retos, métodos para medir las toneladas de CO2 que capturan las selvas, así como su valor monetario, y de esa manera logren antídotos contra su vulnerabilidad. Hace seis lustros no había REDD+. La Ley 70 tiene que salirle al paso a retos inimaginables en 1993.
* Miembro fundador, grupo de estudios afrocolombianos, Universidad Nacional. Patronato de Artes y Ciencias.
1 Carlos Duarte hace una excelente aproximación a ese y al decreto 1396.
2 María Jimena Duzán. Los carbon cowboys, especuladores de los bosque colombianos, a fondo, podcast de noviembre de 2021.
