En ese puerto sobre el río Suandé la gente vivió una tragedia comparable a la de Bojayá. Ocurrió el 13 de enero de 2008, cuando el Frente 29 de las Farc-Ep disparó un mortero y usó otras armas hechizas con impactos cercanos a la Institución Educativa San José del Telembí. Como se habían reiniciado las clases, hubo tres niños y cuatro adultos muertos, 16 heridos y 20 casas destruidas. Hoy vuelve a imperar el pesimismo que vivió la comunidad en esos años, debido a las acciones violentas que las disidencias comenzaron a desplegar desde el 1° de diciembre. En la vereda de Piscaundé, dejaron dos niñas heridas de gravedad. Pese a que el ejército las llevó en helicóptero a Tumaco, una de ellas ya murió. En Paloseco, Gorgona Uno, Gorgona Dos, Guaval y Chilví desplazaron a 130 familias**, mientras que en Magüí ese número llega a 250, la mayoría refugiadas en el salón comunitario localizado al lado de la iglesia. Espacio que debió diseñar un arquitecto paramuno ignorante de los efectos del calor y la humedad del litoral.
En la costa nariñense, a esta reafirmación de la violencia la acompañan la parálisis del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y el terror que causa el reinicio de las fumigaciones aéreas. Quizás las avionetas comiencen a volar sin que haya controles específicos para la proliferación de gasolineras y depósitos de materiales de construcción repletos de sacos de cemento. Se trata de probables evidencias de la libertad con la cual circulan los precursores químicos, si se tiene en cuenta que en Magüí, junto al hospital y al cementerio, localizaron las garitas hechas de sacos de fibra rellenos de arena desde las cuales todos los días los soldados apuntan sus ametralladoras.
Si esta es la paz con legalidad acerca de la cual habla el presidente Iván Duque a propósito de las manifestaciones públicas que originó el 21N, comprende uno que la mayoría de los carteles que los marchantes han portado se refieran a la urgente y verdadera implementación del acuerdo suscrito en el 2016. Las camisetas manchadas de tinta roja que los manifestantes han dejado en lugares públicos consisten en un símbolo nuevo y poderoso del rechazo a la sangre cuyo derramamiento continuado tiene hastiada a la ciudadanía. Para captar ese mensaje y actuar en consecuencia no se necesitan ni reuniones gremiales, ni conversaciones de agenda difusa. Tan sólo observación elemental de la realidad.
** Información que envió un líder comunitario que pide anonimato.
En ese puerto sobre el río Suandé la gente vivió una tragedia comparable a la de Bojayá. Ocurrió el 13 de enero de 2008, cuando el Frente 29 de las Farc-Ep disparó un mortero y usó otras armas hechizas con impactos cercanos a la Institución Educativa San José del Telembí. Como se habían reiniciado las clases, hubo tres niños y cuatro adultos muertos, 16 heridos y 20 casas destruidas. Hoy vuelve a imperar el pesimismo que vivió la comunidad en esos años, debido a las acciones violentas que las disidencias comenzaron a desplegar desde el 1° de diciembre. En la vereda de Piscaundé, dejaron dos niñas heridas de gravedad. Pese a que el ejército las llevó en helicóptero a Tumaco, una de ellas ya murió. En Paloseco, Gorgona Uno, Gorgona Dos, Guaval y Chilví desplazaron a 130 familias**, mientras que en Magüí ese número llega a 250, la mayoría refugiadas en el salón comunitario localizado al lado de la iglesia. Espacio que debió diseñar un arquitecto paramuno ignorante de los efectos del calor y la humedad del litoral.
En la costa nariñense, a esta reafirmación de la violencia la acompañan la parálisis del programa de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito y el terror que causa el reinicio de las fumigaciones aéreas. Quizás las avionetas comiencen a volar sin que haya controles específicos para la proliferación de gasolineras y depósitos de materiales de construcción repletos de sacos de cemento. Se trata de probables evidencias de la libertad con la cual circulan los precursores químicos, si se tiene en cuenta que en Magüí, junto al hospital y al cementerio, localizaron las garitas hechas de sacos de fibra rellenos de arena desde las cuales todos los días los soldados apuntan sus ametralladoras.
Si esta es la paz con legalidad acerca de la cual habla el presidente Iván Duque a propósito de las manifestaciones públicas que originó el 21N, comprende uno que la mayoría de los carteles que los marchantes han portado se refieran a la urgente y verdadera implementación del acuerdo suscrito en el 2016. Las camisetas manchadas de tinta roja que los manifestantes han dejado en lugares públicos consisten en un símbolo nuevo y poderoso del rechazo a la sangre cuyo derramamiento continuado tiene hastiada a la ciudadanía. Para captar ese mensaje y actuar en consecuencia no se necesitan ni reuniones gremiales, ni conversaciones de agenda difusa. Tan sólo observación elemental de la realidad.
** Información que envió un líder comunitario que pide anonimato.