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La llamada a consultas al embajador de Colombia en Washington y al encargado de Negocios de los Estados Unidos en Bogotá es un hecho preocupante, pero no presagia un rompimiento de relaciones bilaterales, como algunas voces apocalípticas lo auguran. A nadie le conviene que la insensatez, de lado y lado, termine perjudicando una bicentenaria relación en la que debe primar el respeto mutuo sobre la retórica. Frente a las discrepancias, actuales y futuras, el único camino válido es la diplomacia. Lo demás es tóxica confrontación.
Este reciente impasse, generado por unas irresponsables declaraciones del presidente Gustavo Petro, tal y como lo mencionó en su editorial de ayer El Espectador, no tendría por qué haberse presentado. En caso de que el primer mandatario tuviera pruebas ciertas de una presunta vinculación del secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, en un plan para derrocarlo, están los canales diplomáticos para manifestar las quejas y señalamientos del gobierno. Hacerlo de manera pública, como Hugo Chávez con su diplomacia del micrófono, sin pruebas, tiene consecuencias. La indeseable situación que se está viviendo en estos días es la respuesta a dichas declaraciones que tuvieron como fuente responsable, para acabar de completar la tragicomedia, al dictador del país vecino, Nicolás Maduro. Por favor.
No en vano, en esta reciente coyuntura, de nuevo el embajador García-Peña ha hecho un llamado a la cordura y a la sensatez: “Las opiniones especulativas o inflamatorias no aportan al fortalecimiento de la conversación bilateral, ni al cuidado de una relación basada en el respeto mutuo, la cooperación y el entendimiento compartido”. Tiene toda la razón. Diferencias bilaterales se presentarán de nuevo a futuro. Sin ir muy lejos, el próximo 9 de julio vence el plazo para que la Casa Blanca anuncie qué va a pasar con la imposición de nuevos aranceles a nivel mundial. ¿Cómo va a afectar esta decisión a Colombia? ¿Cuál será el impacto en la economía colombiana?
De otro lado, como se ha venido especulando con fundamento, el 15 de septiembre Washington deberá anunciar si se certifica o descertifica al país por su lucha contra las drogas. Todo indica que será la segunda opción. Este cuestionable mecanismo opera unilateralmente, ya se impuso durante el gobierno Samper y, dependiendo de la forma en que se aplique, podría generar serios daños al país. Al respecto, y para evitar un procedimiento de este tipo, en la OEA se estableció una evaluación entre países que resulta mucho más equilibrada. Se lleva a cabo dentro de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, CICAD, y debería ser el camino que, diplomáticamente, Colombia tendría que transitar como lo ha hecho hasta ahora. Allí cuenta con el apoyo de un buen número de estados miembros que privilegian la mirada multilateral a la imposición bilateral.
El gobierno ha demostrado en estos casi tres años improvisación e incoherencia en buena parte de su actuar internacional. Tres cancilleres en tres años, la última de ellas sin mayor preparación ni conocimiento, donde el presidente no ha demostrado mayor respeto por ese cargo y obra más con la emoción de los trinos en X que la racionalidad propia de su investidura, no puede tener resultados distintos a lo que estamos viendo en estos días. El menosprecio por la carrera diplomática y su voluntad de modificar el ingreso a la misma con medidas populistas no presagian un mejor futuro.
Por lo anterior, es necesario hacer un nuevo llamado a priorizar la diplomacia, como mecanismo idóneo en materia de política internacional, por encima de las declaraciones sin fundamento que tanto daño hacen. ¿Es demasiado pedir? ¿Es demasiada ingenuidad, mientras se especula sobre si la reciente renuncia definitiva de Laura Sarabia a la Cancillería no fue tan definitiva?
