Sacar a Maduro a cañonazos

Donald Trump aumenta la presión en el Caribe sur, con mayor despliegue militar para sacar al dictador venezolano, Nicolás Maduro, del poder y lograr un cambio de régimen. La justificación de esta escalada, la lucha contra las drogas que salen de Venezuela hacia los Estados Unidos y que atentan gravemente contra su seguridad, no tiene mayor sustento. La democracia y el respeto a los derechos humanos deben regresar pronto al país vecino, sí, pero no bajo acciones unilaterales de fuerza. El fin no puede justificar los medios.

Este tipo de actuación, con total desprecio por el derecho internacional, se da en momentos en que la valiente líder opositora María Corina Machado recibió el premio Nobel de Paz. Este hecho hizo abrigar la esperanza de que María Corina liderara una “transición pacífica a la democracia”, lo que ha chocado con sus recientes declaraciones. En ellas, ha expresado su apoyo a Trump, a quien le ofreció su premio, afirmando que no se puede “negociar con debilidad frente a una estructura criminal narcoterrorista (…) el camino a la paz es la libertad, y para que exista libertad tiene que existir fuerza”.

Resulta contradictorio que quien recibió el Nobel de Paz no haya condenado el hundimiento con misiles de seis supuestas narcolanchas y lo que ha sido considerado como la ejecución extrajudicial de 27 personas, supuestos narcotraficantes, sin que se haya presentado ninguna prueba. Tampoco se ha pronunciado por la cancelación del estatus de protección temporal a los miles de migrantes de Venezuela en EE. UU., ni la deportación sumaria de más de 15 mil de ellos desde los Estados Unidos, ni el envío de 250 más a la megacárcel de seguridad en El Salvador.

¿El legítimo el uso de la fuerza, por parte de un tercer país, para sacar a un régimen ilegítimo? Solo si se lleva a cabo mediante una acción multilateral, autorizada por Naciones Unidas, vía Consejo de Seguridad, y este no es el caso. Lo otro es retornar a la nefasta política de las cañoneras, mediante una invasión clásica, virtualmente descartada por lo que implicaría. Más probable es la realización de ataques quirúrgicos, o selectivos, contra objetivos específicos, o su combinación con operaciones tipo comando para sacar a Maduro y sus secuaces.

El portal de verificación de noticias PolitiFact ha demostrado cómo la retórica de la Casa Blanca ha construido una falsa narrativa sobre la gran amenaza que representa Venezuela por el ingreso de cocaína o fentanilo al país del norte. No más del 5 % de la coca que llega allí proviene de Venezuela y no hay prueba de ingreso de fentanilo por esta vía, entre otras cosas.

Según un artículo reciente del New York Times reproducido por El Espectador, “los sondeos independientes muestran que la mayoría de los venezolanos rechazan la intervención armada. Una encuesta de septiembre mostró que alrededor del 30 por ciento de los encuestados apoyaba el uso de la violencia por parte de un ejército extranjero para lograr un cambio político”.

De momento, María Corina Machado encarna el liderazgo que debe conducir a Venezuela a su retorno a la democracia. Sus opciones serían la de ser el motor que conduzca a una salida sin violencia, mediante una transición que permita un gobierno conformado por representantes de ambas partes, una posibilidad que no se ha intentado y que requeriría de la alineación de complejos elementos, no fácil de lograr.

La otra opción es la de esperar a que mediante la amenaza, o el uso directo de la fuerza, Maduro, Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez o el general Padrino López acepten dejar el poder o, en caso del uso de fuerza, parcial o letal, por parte de Washington, sean secuestrados o muertos en una acción militar directa. Esta alternativa abre la puerta al futuro uso unilateral e indiscriminado de la fuerza por parte de los Estados Unidos, a su conveniencia, contraviniendo las normas de la OEA y de las Naciones Unidas. Ya en el pasado se utilizó el argumento de armas nucleares que no existían para invadir Iraq.

Oponerse a una acción ilegal en contra de un país de la región no implica, bajo ningún concepto, apoyar la continuidad de una sangrienta dictadura, donde se han presentado delitos de lesa humanidad, que ampara el tráfico ilícito de drogas, se protege a terroristas y ha generado la salida de cerca de siete millones y medio de venezolanos. Utilizar medios violentos esperando alcanzar fines democráticos no augura tiempos mejores.