El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo crea nuevas contribuciones, autoriza mayor endeudamiento público y disfraza la contratación pública bajo la modalidad de privada, aumentando el riesgo de corrupción.
En una maraña de artículos se crea un nuevo impuesto a las energías renovables (161, inciso 3), se aumentan en 1 % las cotizaciones de riesgos profesionales (273) y se crean contribuciones adicionales para alimentar mayor burocracia en la Unidad de Planeación Mineroenergética (183), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (186), la Superintendencia de Servicios (186), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (186), la Superintendencia de Salud (195), de Transporte (214) y mas dinero para el fondo empresarial de la Superservicios (291), que ha puesto el dinero para sanear a Electricaribe, para lo cual todos los usuarios de estratos 4, 5 y 6 pagarían sobretasa del 4 % sobre su consumo eléctrico (290).
El articulado faculta para que nos endeuden más: “Extingue” las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (31), trasladando su déficit de $7 billones al presupuesto nacional. Autoriza a la nación a ser codeudora mediante bonos hipotecarios para financiar vivienda de interés prioritario y social (47) y pagar la Ley de Punto Final para la Salud (133). Obliga a que la nación asuma el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe presente y futuro (285) y otros pasivos, en una inaceptable socialización de las pérdidas generadas por los españoles de Gas Natural Fenosa. Adicionalmente, permite que con dineros públicos se otorguen créditos superiores a un año al Fondo Empresarial de la Superservicios sin garantía alguna, ni aportes al fondo de pasivos contingentes (284) para sanear a Electricaribe y poder entregársela carnuda a un inversionista privado.
Además, actos y contratos públicos se regirán por normas de derecho privado, para que los entes de control no puedan revisar a tiempo y en detalle: operaciones de cobertura financiera sobre precios del petróleo (30), préstamos sin importar plazo (34 parágrafo 1), contratos del Fondo de Adaptación (45) y del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (109), los servicios técnicos prestados por la UPME (183) y el manejo de los Fondos para de Modernización del Parque Automotor de Carga (221) y de modernización de la DIAN (270). Una gran piñata para repartir en las próximas elecciones.
@jrobertoacosta1 jrobertoacostaopinion@gmail.com
El proyecto de Plan Nacional de Desarrollo crea nuevas contribuciones, autoriza mayor endeudamiento público y disfraza la contratación pública bajo la modalidad de privada, aumentando el riesgo de corrupción.
En una maraña de artículos se crea un nuevo impuesto a las energías renovables (161, inciso 3), se aumentan en 1 % las cotizaciones de riesgos profesionales (273) y se crean contribuciones adicionales para alimentar mayor burocracia en la Unidad de Planeación Mineroenergética (183), la Comisión de Regulación de Energía y Gas (186), la Superintendencia de Servicios (186), la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (186), la Superintendencia de Salud (195), de Transporte (214) y mas dinero para el fondo empresarial de la Superservicios (291), que ha puesto el dinero para sanear a Electricaribe, para lo cual todos los usuarios de estratos 4, 5 y 6 pagarían sobretasa del 4 % sobre su consumo eléctrico (290).
El articulado faculta para que nos endeuden más: “Extingue” las obligaciones del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (31), trasladando su déficit de $7 billones al presupuesto nacional. Autoriza a la nación a ser codeudora mediante bonos hipotecarios para financiar vivienda de interés prioritario y social (47) y pagar la Ley de Punto Final para la Salud (133). Obliga a que la nación asuma el pasivo pensional y prestacional de Electricaribe presente y futuro (285) y otros pasivos, en una inaceptable socialización de las pérdidas generadas por los españoles de Gas Natural Fenosa. Adicionalmente, permite que con dineros públicos se otorguen créditos superiores a un año al Fondo Empresarial de la Superservicios sin garantía alguna, ni aportes al fondo de pasivos contingentes (284) para sanear a Electricaribe y poder entregársela carnuda a un inversionista privado.
Además, actos y contratos públicos se regirán por normas de derecho privado, para que los entes de control no puedan revisar a tiempo y en detalle: operaciones de cobertura financiera sobre precios del petróleo (30), préstamos sin importar plazo (34 parágrafo 1), contratos del Fondo de Adaptación (45) y del Fondo de Financiamiento de Infraestructura Educativa (109), los servicios técnicos prestados por la UPME (183) y el manejo de los Fondos para de Modernización del Parque Automotor de Carga (221) y de modernización de la DIAN (270). Una gran piñata para repartir en las próximas elecciones.
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