Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
Acostumbrados como estamos a que los privados hagan mal uso del espacio público, nos parece que cualquier intento de utilizarlo constituye un delito y una apropiación indebida.
El caso más reciente fue el de la negativa de los arrendatarios a devolver a Bogotá el parque La Florida de Engativá pese al vencimiento del contrato y la sentencia de los jueces que los obliga a restituirlo. El hecho lo dio a conocer El Espectador en su edición del 15 de mayo. Desafiando la sentencia dictada y el reclamo del gobierno distrital, los predios no han sido devueltos.
El espacio público constituye una dimensión esencial del desarrollo de la población y hace que la vida de todos en una ciudad sea o pueda ser más amable. Pero los ciudadanos y los gobiernos de turno no han entendido este asunto en toda su magnitud, por ello son tan frecuentes este tipo de apropiaciones indebidas e ilegales.
También es verdad que algunos casos indignan a la ciudadanía más que otros, como si hubiese una jerarquía en los espacios públicos. Y quizás la haya. Las apropiaciones de los privados van desde las grandes extensiones de playas, pasando por latifundios que no ha mucho eran baldíos de la Nación, hasta grandes recursos hídricos o ríos y riachuelos que debieron ser lindero y que hoy hacen parte del paisaje privado de conjuntos residenciales y de urbanizaciones piratas y no tan piratas. También se privatizan grandes extensiones que podrían ser plazas o parques, pero que terminan convertidas en parqueaderos de vecinos o de iglesias. Los curas de barrio son expertos en este tipo de expolio.
De manera que la inoperancia de los gobiernos y el abuso de los particulares han hecho que cualquier uso del espacio público se mire con recelo, aun los que terminarían beneficiando a muchos de los ciudadanos. Uno de los casos más notables en Colombia es la dificultad (¿imposibilidad?) que encuentran los establecimientos del sector hostelero para hacer uso del espacio público, dadas ciertas condiciones y un pago previo del arriendo del espacio a las alcaldías o a las gobernaciones, para el disfrute de todos. No se trata, por supuesto, de convertir las calles de las ciudades en una gran fonda o en una discoteca a cielo abierto, pero sí de permitir que los habitantes de la ciudad puedan sentir y comenzar a entender que el espacio público puede usarse y que debe usarse de manera adecuada. Eso, además, comprometería a los gobiernos con la tarea, siempre vigente, de su ampliación y de su mejora.
