Mi columna “Río Bogotá: ¿de río a tubería de desagüe?” generó gran controversia. Exfuncionarios y ciudadanos se manifestaron, unos defendiendo la ampliación del cauce y la construcción de los jarillones (muros de contención) para evitar inundaciones, otros protestaron por la destrucción del paisaje y la transformación del río y sus afluentes en canales de drenaje. La discusión va para un debate jurídico.
El río Bogotá, desde su nacimiento y en su recorrido por la sabana de Bogotá hasta la planta de Alicachín (Muña), antes de que descienda por la cordillera, atraviesa espacios sociales y ecológicos muy diversos que requieren tratamientos distintos.
Desde el nacimiento hasta Cajicá, el río recorre un espacio rural donde su ronda está dominada por kikuyo y algo de vegetación nativa. De Cajicá hasta Cota recorre un área semiurbana invadida en algunas partes por viviendas, clubes y universidades. Luego está el tramo que va desde Puente la Virgen (Cota) hasta Alicachín (Muña), una ronda desde hace muchos años invadida, donde se han rellenado los reguladores naturales y sobre ellos se ha construido. En este tramo la CAR adelantó, con recursos del Banco Mundial y contrapartida de los bogotanos, proveniente del impuesto predial, el proyecto “Plan de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá”, para evitar que se repitan las inundaciones y el desastre social del 2011. Su diseño se basó en detallados estudios técnicos y desde la construcción de esos enormes jarillones el “canal de drenaje” está cumpliendo su cometido: proteger de inundaciones a la población ribereña que hace años invadió la ronda del río.
Si viviéramos en Dinamarca y no en Cundinamarca, se hubiese evitado que tanta gente construyera su vivienda en la ronda del río y los pocos que lo lograran serían reubicados y sancionados. Pero en Cundinamarca las cosas son distintas y desde la llegada de Quesada hasta ahora, muchos se han ido apropiando de la ronda inundable del río. El proyecto partió de la idea de que era imposible reubicar a todos los invasores y se acordó ampliar el cauce, construir jarillones y una zampa (barrera adicional después de los jarillones), para asegurar que el canal de desagüe evitara que de nuevo el agua llegara al cuello de los invasores de la ronda. Hasta aquí la justificación, vivimos en Cundinamarca y no en Dinamarca.
Cosa distinta es el tramo que va desde Puente la Virgen (Cota) hasta Puente Vargas (Cajicá), donde la CAR, de manera autónoma, de nuevo con nuestros recursos, resolvió construir unos jarillones, similares a los del tramo de Cota-Alicachín, y actuar de “Niño Dios” al valorizar tierras de clubes privados, Universidad de la Sabana, urbanizaciones y terratenientes. Los estudios que soportan esta intervención son cuestionables y la obra en ejecución convierte esta parte del río en canal de drenaje, destruye el paisaje y acelera la urbanización.
No se puede permitir que la CAR haga lo mismo entre Cajicá y su nacimiento, ni con los afluentes como Río Frío y Teusacá, donde tiene plena vigencia el Acuerdo 17 (2009). Se debe recuperar la ronda de protección incluyendo 30 metros a lado y lado de la cota máxima de inundación, y hacer restauración de sus ecosistemas nativos. Estos escenarios naturales hay que protegerlos y la demanda jurídica es la opción ante una CAR que se mueve en sentido contrario.
Mi columna “Río Bogotá: ¿de río a tubería de desagüe?” generó gran controversia. Exfuncionarios y ciudadanos se manifestaron, unos defendiendo la ampliación del cauce y la construcción de los jarillones (muros de contención) para evitar inundaciones, otros protestaron por la destrucción del paisaje y la transformación del río y sus afluentes en canales de drenaje. La discusión va para un debate jurídico.
El río Bogotá, desde su nacimiento y en su recorrido por la sabana de Bogotá hasta la planta de Alicachín (Muña), antes de que descienda por la cordillera, atraviesa espacios sociales y ecológicos muy diversos que requieren tratamientos distintos.
Desde el nacimiento hasta Cajicá, el río recorre un espacio rural donde su ronda está dominada por kikuyo y algo de vegetación nativa. De Cajicá hasta Cota recorre un área semiurbana invadida en algunas partes por viviendas, clubes y universidades. Luego está el tramo que va desde Puente la Virgen (Cota) hasta Alicachín (Muña), una ronda desde hace muchos años invadida, donde se han rellenado los reguladores naturales y sobre ellos se ha construido. En este tramo la CAR adelantó, con recursos del Banco Mundial y contrapartida de los bogotanos, proveniente del impuesto predial, el proyecto “Plan de adecuación hidráulica y recuperación ambiental del río Bogotá”, para evitar que se repitan las inundaciones y el desastre social del 2011. Su diseño se basó en detallados estudios técnicos y desde la construcción de esos enormes jarillones el “canal de drenaje” está cumpliendo su cometido: proteger de inundaciones a la población ribereña que hace años invadió la ronda del río.
Si viviéramos en Dinamarca y no en Cundinamarca, se hubiese evitado que tanta gente construyera su vivienda en la ronda del río y los pocos que lo lograran serían reubicados y sancionados. Pero en Cundinamarca las cosas son distintas y desde la llegada de Quesada hasta ahora, muchos se han ido apropiando de la ronda inundable del río. El proyecto partió de la idea de que era imposible reubicar a todos los invasores y se acordó ampliar el cauce, construir jarillones y una zampa (barrera adicional después de los jarillones), para asegurar que el canal de desagüe evitara que de nuevo el agua llegara al cuello de los invasores de la ronda. Hasta aquí la justificación, vivimos en Cundinamarca y no en Dinamarca.
Cosa distinta es el tramo que va desde Puente la Virgen (Cota) hasta Puente Vargas (Cajicá), donde la CAR, de manera autónoma, de nuevo con nuestros recursos, resolvió construir unos jarillones, similares a los del tramo de Cota-Alicachín, y actuar de “Niño Dios” al valorizar tierras de clubes privados, Universidad de la Sabana, urbanizaciones y terratenientes. Los estudios que soportan esta intervención son cuestionables y la obra en ejecución convierte esta parte del río en canal de drenaje, destruye el paisaje y acelera la urbanización.
No se puede permitir que la CAR haga lo mismo entre Cajicá y su nacimiento, ni con los afluentes como Río Frío y Teusacá, donde tiene plena vigencia el Acuerdo 17 (2009). Se debe recuperar la ronda de protección incluyendo 30 metros a lado y lado de la cota máxima de inundación, y hacer restauración de sus ecosistemas nativos. Estos escenarios naturales hay que protegerlos y la demanda jurídica es la opción ante una CAR que se mueve en sentido contrario.