El gobierno de Gustavo Petro generó expectativas muy altas en educación. Sin duda, avanzamos en infraestructura, abrimos algunas sedes escolares y universitarias en las regiones y aumentaron los recursos. Aun así, el balance es claramente menor que las expectativas. ¿Cómo explicar los avances y las limitaciones que tuvo este gobierno en educación?
En campaña, Gustavo Petro propuso crear 500.000 nuevos cupos universitarios, mejorar la infraestructura, ampliar la gratuidad y construir sedes en múltiples lugares de Colombia. Varias veces habló de que fortalecería la “sociedad del conocimiento” asignándole gran énfasis a la ciencia y la educación. El balance es bastante mejor de lo que señala la oposición, pero débil si se compara con las expectativas generadas por el primer gobierno de izquierda en el país.
Sin duda, el mayor avance fue presupuestal. El Ministerio de Educación pasó de un presupuesto de 49 billones de pesos en 2022 a uno de 87 billones en 2026, la cifra más alta en la historia del país. También logró un cambio estructural en la forma de transferir recursos a las instituciones públicas de educación superior mediante la modificación de la Ley 30 de 1992. En ese momento se decretó que el gobierno incrementaría anualmente los recursos teniendo en cuenta el IPC. Pero la fórmula generó una deuda histórica, porque el número de estudiantes se multiplicó por 4,5 y los costos educativos aumentaron de manera significativa, muy por encima de la inflación. A partir de la fecha para las transferencias se tendrá en cuenta un índice propio en la educación superior. Es un avance trascendental para no seguir agravando la crisis financiera de las entidades públicas universitarias. Aun así, no será fácil garantizar los nuevos recursos cada año.
El gobierno cumplió parcialmente con la meta de los 500.000 cupos y amplió la gratuidad, cambios que pueden considerarse significativos en tanto permitieron aumentar el porcentaje de bachilleres que logra matricularse en la educación superior al año siguiente de graduarse del colegio del 43 % en 2023 al 48 % en 2025. Sin embargo, no tomó medidas para frenar la deserción, desfinanció por completo la ciencia y restringió recursos para el ICETEX, que históricamente había garantizado educación superior a un amplio grupo de jóvenes de sectores medios de la población. Pero lo más grave fue su abierta intervención en contra de la autonomía de la Universidad Nacional, que sentó un pésimo precedente en la nación y gestó una muy delicada situación de ingobernabilidad en la universidad que más ha aportado a la ciencia, el arte, la cultura y la solución de los problemas del país.
Se construyeron algunas instituciones en lugares apartados del territorio nacional. Eso hay que aplaudirlo porque en Colombia la educación rural había sido por completo abandonada por los gobiernos anteriores. Aun así, se debilitó pedagógica e institucionalmente el mejor programa de las últimas décadas: Todos a Aprender. Es por lo anterior que el avance en la calidad de la educación básica fue muy bajo. De allí que las brechas entre colegios públicos y privados se siguieron ampliando. Esto es especialmente grave porque en la práctica implica que la educación básica no cumple con uno de sus objetivos más importantes: ampliar las oportunidades para los sectores menos favorecidos y, de esta manera, favorecer la movilidad social.
Colombia es uno de los países con más desigualdad en el mundo y la baja calidad de la educación básica sigue siendo la variable que explica en mayor medida la poca movilidad social. Durante el gobierno de Gustavo Petro, esa inequidad no alcanzó a ser modificada. Afortunadamente tenemos una educación superior pública de excelente calidad.
¿Por qué la calidad de la educación básica no avanzó durante el gobierno de Gustavo Petro?
Hay dos factores esenciales para explicarlo. Por un lado, está la ausencia de un plan sistemático para abordar las variables asociadas a la calidad. Fue un gobierno con un liderazgo muy caótico que empoderó a activistas políticos con baja o nula experiencia técnica y científica. Como lo expliqué en una carta pública que le dirigí al presidente en diciembre de 2023, si el gobierno quería elevar la calidad de la educación tenía que mejorar la formación de los docentes, fortalecer el trabajo en equipo, transformar el lineamiento curricular, cualificar la estructura de las instituciones educativas y consolidar la educación inicial. Nada de eso se hizo durante los cuatro años de gobierno. En ese periodo, por ejemplo, la población en grado cero se redujo en 135.530 niños sin que el gobierno tomara las medidas excepcionales que la situación requería. Es cierto que ningún gobierno nacional en este siglo había intentado transformar pedagógicamente las escuelas de este país, pero hay que reconocer que el primer gobierno de izquierda también desaprovechó una oportunidad de lujo para hacerlo.
La segunda explicación es institucional. Con los tres ministros y ocho viceministros que tuvimos durante los cuatro años es imposible realizar un trabajo serio y profundo para iniciar la transformación pedagógica de las escuelas en Colombia, mucho más con el bajo nivel de formación de los docentes, con el sesgo administrativo de los rectores, con un ministro que desconocía por completo el sector y con padres que presionan por fortalecer escuelas cada vez más tradicionales.
Daron Acemoğlu y James A. Robinson ganaron el Nobel de Economía al demostrar que los países que prosperan son aquellos que tienen instituciones más sólidas. ¿Cómo puede ser sólido un ministerio de educación con semejante inestabilidad en los cargos directivos más importantes? Una y otra vez el país se ha preguntado por qué la calidad de la educación no avanza. Una respuesta sencilla y orientadora la encontramos en el trabajo de estos premios Nobel. En Colombia carecemos de política pública de largo plazo y de una institucionalidad educativa fuerte. ¿Cómo podemos hablar de una institucionalidad fuerte si, desde 1998, no se ha implementado ninguno de los tres planes decenales de educación? ¿Cómo podemos hablar de una institucionalidad robusta si el Ministerio de Educación y el Congreso no cuentan con una comisión asesora científica y pedagógica que les ayude a definir los planes de educación a largo plazo, a hacerle seguimiento a las políticas adoptadas, a los planes decenales y a las recomendaciones de la Misión de Sabios de 1994 y de 2019?
No hay duda, el gobierno Petro solo cumplió parcialmente las expectativas que creó en educación. Pero el problema parece permanecer cuando la nueva ministra anuncia que dejará a un lado los lineamientos del tercer y cuarto Plan Decenal de Educación e impulsará lo que el gobierno ha llamado una “batalla cultural” contra la Constitución de 1991, la Ley General de 1994 y los derechos adquiridos por las mujeres y las minorías en las últimas décadas. Esta batalla será coordinada con Paola Holguín, nueva ministra de Cultura, quien en su larga trayectoria política no ha hecho el más mínimo aporte a la cultura o las artes en el país. Razón tenía Juan Gabriel Vásquez cuando decía que Paola Holguín representa todo lo contrario de lo que debería ser una ministra de cultura.
Mientras nombremos ministros que vienen de la clase política y no comprenden el sector, mientras carezcamos de comités de pedagogos y científicos asesores en el Congreso y el MEN, mientras desconozcamos los acuerdos alcanzados en los planes decenales y no construyamos una institucionalidad más robusta, los colombianos no mejoraremos la calidad de la educación que reciben niñas, niños y jóvenes.
¿Será que en cuatro años volveremos a escribir una columna similar o más grave que esta?
P.D.: En días pasados Colombia vivió el terremoto más fuerte en lo que va del siglo XXI. Además de la pérdida de vidas humanas y de los 2.000 colegios destruidos, ha sido especialmente triste ver el uso político de la tragedia por parte de fanáticos enceguecidos que prefieren defender en redes sus ideas políticas en lugar de cuidar la sensibilidad y la vida. Como decía Octavio Paz: “La ceguera biológica impide ver, la ceguera ideológica impide pensar”. Hasta el momento de escribir esta columna, el único gobierno en el mundo que ha rechazado a los rescatistas mexicanos ―que han viajado por 98 países para ayudar en tragedias similares― es el de Colombia. Ojalá eso cambie en los próximos días. Estamos perdiendo la empatía.
