Durante 2022, diversas sentencias de la Corte Constitucional establecieron que la virtualidad podía utilizarse como complemento, pero no como sustituto de la presencialidad. A pesar de lo anterior, la educación virtual con menores viene creciendo descontroladamente desde 2020. Llegó el momento de reglamentarla.
Cuando culminó la pandemia originada por el COVID 19, algunos colegios no quisieron retornar a la presencialidad. Sus directivos estaban angustiados porque disminuían los estudiantes y los ingresos y, en ese contexto, pensaron que la virtualidad les podría reducir costos y facilitar la organización de sus actividades. Dado lo anterior, varios padres entutelaron a esas instituciones educativas porque consideraban que al permanecer en virtualidad se transgredía el derecho a la educación de sus hijos. La disputa llegó a la Corte Constitucional, que en 2022 fijó posición.
La Sentencia 410 de 2022 es muy clara. La Corte parte de un principio con enorme consenso entre los educadores, que se conoce como el principio de la integralidad. Al respecto dice: “los estudiantes van al colegio a desarrollar, además de la dimensión académica, las dimensiones sociales y emocionales mediante la convivencia, el juego, el relacionamiento con los compañeros y profesores y el tejido de lazos de amistad”. Teniendo en cuenta lo anterior, la Corte concluye: “La educación presencial resulta, entonces, irremplazable, y aunque la virtualidad se seguirá utilizando, esta debe entenderse como complemento y no como sustituto de la presencialidad… En conclusión, la Sala encuentra que se vulneró el derecho a la educación y se puso en riesgo la salud mental de los estudiantes del Colegio”.
A pesar de la claridad de la sentencia, lo cierto es que la educación virtual viene aumentando de manera descontrolada en el país desde el final de la pandemia. Algunos padres quieren tener a sus hijos bajo su custodia todo el tiempo. Les aterra la posibilidad de que se desplacen hasta las escuelas o que jueguen e interactúen con otros niños en parques, colegios y calles. Viven asustados por los riesgos que pueden correr sus hijos e hijas y, debido a lo anterior, han recurrido a la educación virtual o en casa. Sin duda, quedaron especialmente afectados por la pandemia. La desconfianza, que siempre ha sido muy alta entre los colombianos, alcanzó niveles desproporcionados en el país durante esta época. Para 2022, Colombia aparece como el cuarto país en el mundo con mayores niveles de desconfianza. El 95 % de los colombianos dice que no se puede confiar en la mayoría de las personas.
Las comparaciones que he realizado entre la población en edad escolar y la población que está estudiando formalmente me permiten estimar que cerca de 70.000 niñas, niños y adolescentes en Bogotá han pasado a modalidades no formales de educación en los últimos años. El Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Javeriana concluye que a nivel nacional tenemos 650.000 estudiantes menos en 2024 frente a los que teníamos en 2019. Sin embargo, la población en edad escolar solo ha decrecido en 250.000, lo que implica que tenemos 400.000 niñas, niños y jóvenes que han abandonado el sistema escolar en los últimos años. Preocupa muy especialmente que menores de edad comiencen a quedarse en casa en modalidades virtuales y de homeschooling.
Estamos demorados en reglamentar un proceso que está totalmente desregulado en Colombia. En España, por ejemplo, hay supervisión estricta sobre las trayectorias educativas de cada uno de los estudiantes y, si al iniciar el año un niño se retira del sistema escolar, existen mecanismos para hacer un seguimiento riguroso que determine si los padres están violando el derecho a la educación de sus hijos por abandono, descuido o sobreprotección. Lo mismo pasaría en la mayoría de los países europeos, pero muy especialmente en Francia y Alemania.
Durante la pandemia, todos fuimos testigos de que la virtualidad con niños era inviable. Los menores carecen de la autonomía, lectura y concentración necesarias para mantenerse atentos a clases ofrecidas por medio de pantallas. Así mismo, fue muy evidente el crucial papel socializador de la escuela. En ese periodo los niños no extrañaron sus clases de matemáticas o ciencias, sino muy especialmente a sus amigos y compañeros. Por eso, mientras permanecieron cerradas las escuelas, el deterioro en las competencias socioafectivas de los niños alcanzó niveles críticos. Comenzaron a evidenciar estrés, inflexibilidad, angustia y ansiedad. Durante ese periodo, el Instituto Colombiano de Neurociencias estimó que el 88 % de los niños y niñas presentaron signos relacionados con el deterioro de su salud mental. El origen estaba en la ausencia de socialización y juego entre pares.
Es muy triste que, por dificultad para manejar su propia angustia, un grupo de padres quiera exponer nuevamente a los menores a un proceso de aislamiento de sus amigos y compañeros. Pero es todavía más triste ver que el Ministerio de Educación Nacional no prioriza la tarea de frenar la deserción escolar que viene creciendo de manera muy preocupante en los colegios oficiales desde 2010 y en los privados desde 2020.
Hoy tenemos más elementos para comprender los riesgos. Como expliqué en mi columna anterior, los estudios son cada vez más concluyentes: los jóvenes actuales tienen menores niveles de lectura, pensamiento profundo y autonomía. El acceso a pantallas, videojuegos y redes es una de las causas principales de esta situación.
El LEE afirma que entre 2015 y 2025 la población que asiste a la escuela cayó en 920.000 estudiantes. De ellos, el 81 % corresponde a estudiantes que abandonaron la educación pública y solo el 19 % corresponde a retiros de colegios privados. La elevada y creciente deserción en colegios oficiales está asociada a la baja pertinencia, contextualización y calidad de la educación que ofrecen. También a dificultades socioeconómicas de las familias y a la ausencia de condiciones mínimas para garantizar el derecho a la educación en amplias zonas del país. Por su parte, la creciente deserción en la educación privada está más vinculada con padres muy ansiosos que buscan disminuir costos educativos y quieren evitar riesgos derivados del traslado de sus hijos y de su vida escolar.
Contrario a lo que se cree, la baja natalidad todavía no explica más del 20 % de los casos de deserción. Va a ser decisiva en el futuro, al tiempo que implicará la disminución de 3,1 millones de estudiantes en las próximas dos décadas, pero debemos tener en cuenta que solo a partir de 2021 comenzó a caer lentamente la población en edad escolar. El reciente informe publicado por el LEE concluye al respecto: “La evidencia muestra que, en varios niveles educativos —especialmente en educación inicial, secundaria y media—, el sistema está perdiendo estudiantes en etapas en las que la población aún existe y demanda atención, lo que sugiere fallas no solo en la oferta, sino en los mecanismos de acompañamiento, retención y transición entre niveles”.
La Sentencia SU-032 de 2022 obligó al Estado a crear las condiciones para que el derecho a la educación de los menores no fuera violado por carecer de conectividad y dispuso que pudieran recibir la educación virtual que se requería durante la pandemia. Todos sabemos que la orden fue violada durante el gobierno de Iván Duque porque el dinero que debía destinarse para esto fue robado en lo que se conoció como el escándalo de “Centros Poblados”. La conectividad tan solo llegó al 4,5 % de los municipios priorizados. Una vez culminada la pandemia, nuevamente la Corte salió en defensa del derecho a la educación de los niños y por eso la Sentencia 410 de 2022 estableció el retorno obligatorio a la presencialidad de todos los estudiantes de educación básica en el país. Lo triste en un país como Colombia es constatar que en 2021 la orden no se cumplió porque las mafias enquistadas en el poder saquearon los recursos destinados a la conectividad de los hijos de los campesinos que vivían en las regiones más aisladas. Ahora la nueva orden de la Corte tampoco se está cumpliendo por unos padres que viven con angustia y ansiedad extrema.
En consecuencia, respaldo la solicitud de la Mesa Nacional de Educación Privada para que se reconozca y reglamente la educación virtual, que hoy está totalmente desregulada en el país.
