Una batalla “cultural” contra la Constitución de 1991

El nuevo gobierno ha declarado una guerra a la Constitución de 1991, a la educación pública y a la autonomía consagrada en la Ley General de Educación. La ha llamado “batalla cultural”, pero en realidad es una lucha contra derechos adquiridos. ¿A dónde nos llevará esta decisión?

Uno esperaría que una nueva ministra de Educación llegara a hablar de los gravísimos problemas que tenemos en este ámbito en el país: la crisis emocional de los jóvenes, sus bajos niveles de atención o su adicción a los smartphones; la deserción en las aulas de Transición, la deficiencia en la formación de los futuros docentes o la persistente debilidad en la calidad educativa, entre muchos otros. Sin embargo, nada de eso sucedió. La nueva ministra llegó hablando de una “guerra” que quiere declararles a los derechos adquiridos por las mujeres y la población LGTBI en Colombia. Ese es el problema de nombrar en el cargo a una exfiscal y no a personas que han dedicado su vida a trabajar por los niños y los adolescentes. Es la mejor manera de no avanzar en la construcción de una política pública de largo plazo. Algo similar podemos decir de la directora del ICBF y de la nueva ministra de Cultura. Son políticas muy curtidas, pero no tienen la más mínima experiencia en los cargos para los cuales fueron designadas. La pregunta es: ¿para qué las nombraron?

Mientras estuvo como detenido político en Italia por el gobierno de Benito Mussolini, Antonio Gramsci escribió sus Cuadernos desde la cárcel. Según su tesis, la revolución no consiste solamente en tomar el aparato del Estado. También debe producir una transformación profunda en la manera en que las personas piensan, interpretan y entienden lo que consideran justo, verdadero y normal. Gramsci nunca habló de “batallas” o de “guerras”, sino de impulsar una profunda reforma o movimiento cultural. Él era lingüista, intelectual y escritor. El nombre militar a esta idea se lo puso la nueva derecha del mundo, para adaptarla a las necesidades electorales de los tiempos modernos. En Argentina, así tituló Agustín Laje su último libro. El prólogo lo escribió Javier Milei. Su tesis es muy clara: la llamarán “batalla cultural”, pero en realidad es una batalla política. Según Edelman, en 2022, después de Argentina, fuimos la nación más polarizada del mundo. Con los gobiernos de Petro y Abelardo es muy probable que terminemos ocupando un lugar todavía más deshonroso en una lista que habla de aquellos países que no han aprendido a dialogar. En educación tendríamos que hacer exactamente lo contrario: promover la confianza, favorecer el diálogo y educar en el respeto a la diferencia y en la solución dialogada de los conflictos.

Conocí a la actual ministra de Educación cuando recibí una invitación para marchar el 10 de agosto de 2016. La marcha era convocada para promover el voto por el No en el plebiscito por la paz y para rechazar la decisión de la Corte Constitucional que exigía a los colegios adecuar su manual de convivencia para evitar la discriminación hacia la población LGTBI. Meses antes, el joven Sergio Urrego se había suicidado después de sufrir una discriminación agobiante en su colegio. Era una marcha que promovía la exclusión contra la población gay. En educación tenemos que hacer todo lo contrario: enseñar a los niños a valorar y respetar las diferencias.

Para lograr las gigantescas movilizaciones, su movimiento divulgó unas cartillas pornográficas diciendo que esas eran las que quería repartir el MEN. Hoy vuelven a hablar de la supuesta “ideología de género”. Lo que no dicen es que en Colombia el MEN no entrega cartillas sobre educación sexual a los colegios, ni hoy ni hace diez años. Las tales cartillas no existen. Sin embargo, esa idea fue utilizada políticamente para promover el miedo que tienen muchos padres ante la idea que les venden de que un ministerio va a utilizar estrategias para volver gays a sus hijos.

La pregunta es: ¿por qué lo vuelven a decir diez años después? La respuesta no es pedagógica ni religiosa, sino política: el miedo ha sido un arma muy usada por los gobiernos autoritarios: ofrecer seguridad por medio de la exclusión y la desconfianza. Estamos ante una nueva batalla violenta, excluyente y polarizante.

El nuevo gobierno quiere borrar del mapa a la población homosexual. Está enceguecido por el fanatismo. Por eso destituyó a Carlos Sepúlveda, experto en planeación, y nombró al activista político Julián Buitrago para que fungiera como director del Departamento de Planeación. El “delito” de Sepúlveda fue pertenecer a la comunidad LGTBI. En una monarquía musulmana puede que algunos consideren la homosexualidad como delito, pero no debería serlo en una democracia.

A un país que ha vivido una guerra casi eterna, Abelardo viene a agregarle otro frente de batalla al reconocer exclusivamente las familias conformadas por padre, madre e hijos, cuando la Encuesta Nacional de Hogares del DANE nos muestra, en 2025, que el 55% de los niños menores de quince años no viven con ambos padres. Prácticamente la mitad de los hogares están a cargo de una mujer. ¿Será que el nuevo gobierno quiere desconocer a la mitad de las familias del país y excluir a la población LGTBI? Se me vienen a la cabeza las profundas palabras del papa Francisco al respecto: “Si una persona es gay y busca al Señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla?”.

La función esencial del ICBF es proteger a niñas, niños y adolescentes. Aun así, en la primera declaración que hizo, su directora invisibilizó a las niñas y decidió que solo hablará de la niñez. Lo más grave del caso es que, en 2024, 18.000 niñas presentaron denuncias por presunta violación y en el 65 % de los casos el acusado era un familiar o alguien muy cercano a la familia. ¿Ese no será un problema más importante por atender?

Los cambios en el lenguaje no son casuales. La “guerra cultural” se desarrolla en múltiples frentes: en las redes, las iglesias, los medios de comunicación, las escuelas y las familias. Para ganarla, se requiere construir una nueva narrativa que vuelva a empoderar a los hombres y a limitar los derechos adquiridos. En Estados Unidos, está tomando fuerza la propuesta de eliminar el voto femenino para que sean los hombres quienes retomen las riendas del hogar y, como demuestra la miniserie Adolescencia, la manósfera machista y excluyente se tomó las plataformas tecnológicas.

En una columna anterior comentaba que, seguramente, este gobierno tomaría ideas de Milei, Trump o Bolsonaro para educación. Hoy me ratifico. Bolsonaro nombró un ministro cristiano, quien también decía luchar contra el adoctrinamiento político, al tiempo que imponía el adoctrinamiento religioso. Afortunadamente, en Colombia un juez de la República ordenó al presidente disculparse por “vulnerar la neutralidad religiosa desde el primer día de su posesión”. Ojalá esto nos ayude a mantener el carácter laico del Estado establecido en la Constitución de 1991.

Trump ha declarado una batalla cultural contra las universidades, la intelectualidad y la educación pública. Por eso las ha ahogado financieramente y ha promovido el sistema de bonos escolares. Abelardo ha dicho que también utilizará los bonos y que entregará colegios públicos a comunidades religiosas ¿También prohibiremos libros, como hizo el gobernador en Florida y como pide el exprocurador y representante del gobierno en la OEA? Así mismo, es probable que el gobierno tome varios elementos de Milei, con quien expresan admiración mutua. También, a su semejanza, está cambiando el lenguaje para invisibilizar a las mujeres, quiere reescribir la historia borrando los asesinatos del Estado y debilitó, ahogó financieramente y cerró los organismos de protección de la mujer y de las minorías.

Está claro que la llamada “batalla cultural” no enfrenta ningún problema real de la educación, no mejorará la calidad ni elevará la movilidad social. Sí aumentará el odio, el fanatismo, la discriminación y la exclusión entre la población. Al fin y al cabo, las guerras más mortales en la historia de la humanidad se han realizado en nombre de Dios y de la religión. Por eso una vez más reitero: la educación pública debe ser laica. No es un capricho, es una decisión que la civilización tomó hace siglos para favorecer el respeto a la diversidad y la convivencia entre personas con ideas, prácticas, religiones y valores diferentes. Como sabemos todos los educadores, el papel de la educación es favorecer el desarrollo integral de cada estudiante e impulsar a la sociedad a resolver sus conflictos de manera dialogada, privilegiando el beneficio colectivo. Por eso la educación moderna debe formar a los ciudadanos que nos ayudarán a construir la democracia.

Parafraseando a Freeman Clarke, los políticos piensan en exceso en las próximas elecciones, los educadores –por el contrario– pensamos en las próximas generaciones. Tal vez por eso debería ser una obligación moral de todos los gobiernos poner al frente del ministerio de Educación a un educador, no a un político.

* Director del Instituto Alberto Merani (@juliandezubiria).