2 Oct 2021 - 5:30 a. m.

Una administración incompetente pero incoherente

A la tradicional incompetencia de nuestros gobiernos, la administración Duque añadió una incoherencia que sería ridícula si no fuera criminal; si no afectara renglones tan sensibles como la salud pública, la naturaleza y la paz. Repasemos las perlas de este collar.

Una de las propuestas ecológicas más ambiciosas del hemisferio es el Acuerdo de Escazú, un conjunto de medidas para proteger la naturaleza y la vida de los ambientalistas, garantizar el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, y darle voz al ciudadano en los proyectos que afecten los ecosistemas en América Latina y el Caribe.

El Acuerdo se firmó el 4 de marzo de 2018 en Costa Rica, pero Colombia aún no lo ratifica.

El 20 de julio de 2020 el presidente Iván Duque le pidió al Congreso que tramitara con urgencia la ley que ratifica el Acuerdo, pero el proyecto de ley se hundió sin pena ni gloria. Este año tampoco será ratificado. Ni siquiera está en la agenda. Algunos senadores propusieron incluirlo en las sesiones extraordinarias, pero la bancada oficialista no les paró bolas. («Los ambientalistas son enemigos del progreso», ha dicho Uribe en voz alta. «Y comunistas», añade en voz baja).

¿Por qué la aplanadora gobiernista en el Congreso, tan eficaz a la hora de defender al mindefensa y a la mintic, no tramita la bendita ley? ¿Tendrá algo que ver en el asunto la elocuencia de las coimas de las multinacionales mineras?

El waiver de las vacunas es otra de las jugaditas criminales de Duque. En los foros internacionales el presidente es un fanático del waiver, es decir, la suspensión temporal de las patentes sobre las vacunas para que se puedan producir de manera masiva y rápida y terminar con la infame situación actual: «Países ricos con dosis suficientes para vacunar seis o siete veces a su población mientras que otros países no tienen ni una sola dosis que les inyecte esperanza», como dijo un Duque inspirado en la Asamblea General de la ONU. El waiver, una propuesta presentada por India y Suráfrica en febrero, ha recibido el apoyo de miles de científicos, de más de cien países del mundo y de todos los países latinoamericanos, excepto El Salvador, Chile y… ¡Colombia! Cuando les preguntan la razón de la tardanza, el presidente y el minsalud responden que están estudiando el asunto. Llevan ocho meses estudiando el asunto «mientras el virus sigue circulando, mutando y matando», como explicó Rodrigo Uprimny en El Espectador del domingo. ¿Cómo explicar la estudiadera de este Gobierno? ¿Tendrá algo que ver la elocuencia de los dólares de las farmacéuticas?

La fobia de esta administración por la paz no es un secreto para nadie. Se dejó sentir desde la campaña presidencial de los «Trizas» en 2018, la subrayó el discurso de Macías el 7 de agosto de ese año, la celebraron las carcajadas de Paloma Valencia en la fiesta de celebración del mismo día («¡Una cosa es el Gobierno y otra el Centro Democrático!») y la confirmaron las absurdas objeciones de Duque a la ley estatutaria de la JEP, que solo sirvieron para empantanar durante un año la agenda legislativa.

La oposición del Centro Democrático a la aprobación de las curules de las víctimas, la negligencia del Gobierno en la implementación del Acuerdo de Paz, su brutal represión de la protesta popular y su indiferencia ante los cientos de asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las Farc son la confirmación de ese odio visceral.

El fundamentalismo de esta administración se rige por una directriz no escrita pero celosamente observada: salvo el programa «Paz con legalidad», así llamado solo para dejar en claro la ilegalidad del Acuerdo, la palabra paz no figurará en ningún documento oficial.

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