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El verdadero desafío de Abelardo de la Espriella consiste en dejar de gobernar por contraste y comenzar a estructurar sus propias políticas mostrando resultados. La mayor parte de quienes lo eligieron no lo hicieron porque conocieran su trayectoria, compartieran sus ideas o tuvieran claridad sobre su programa de gobierno. Lo hicieron, ante todo, para poner fin al gobierno de Gustavo Petro y a lo que, para un importante sector de la opinión, representaba. Se trató de un voto contra Petro antes que un voto por De la Espriella. A ese electorado, y a su núcleo más duro, se esmera en mostrar una actitud que ya se revela insuficiente para resolver los inmensos problemas que debe administrar.
Esa circunstancia ayuda a entender los primeros cien días de un presidente empeñado en demostrar que es lo contrario de su antecesor, una actitud que intenta encontrar eco político, pero no sustituye a un programa de gobierno o a una gestión eficiente. Las diferencias no pueden limitarse al impacto de una imagen aislada del contexto. Como señaló The Economist en su balance de los primeros 100 días, se necesitarán más que videos de TikTok para desarticular las organizaciones criminales que controlan el narcotráfico, la minería ilegal y amplias zonas del territorio o para controlar la inflación sin generar estancamiento y pagar los gastos del estado sin incumplir los pagos de la deuda externa.
En materia de seguridad, se nota un cambio que merece reconocerse, pero seguimos sin una estrategia integral –incluyendo su logística y financiación- que garantice que después de cada operativo, el Estado permanezca en los territorios, desmonte las economías ilegales, impida el reclutamiento de menores y proteja a las comunidades. Las redadas y las demostraciones de fuerza pueden producir resultados inmediatos y fotografías contundentes; pero no recuperan el control territorial. Las publicitadas redadas del presidente, una estrategia de redes y espectáculos mediáticos, no sustituyen una estrategia de seguridad.
En materia económica las dificultades son más evidentes. El Gobierno ha enviado señales a la inversión privada, al sector minero-energético y a la recuperación de la confianza empresarial. Heredó un panorama fiscal calamitoso. Deuda, déficit y obligaciones presupuestales dejan escaso margen para financiar la seguridad y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. La Ley de Rescate, con nuevos impuestos y recortes de gasto, muestra que las promesas de austeridad y reducción de impuestos se estrellan con la realidad. Se requieren recursos más que discursos. Capacidad de ejecución que en los casos de la salud -donde solo propone mayores tarifas e impuestos para pagar ineficiencia y corrupción- y la atención a los damnificados del terremoto no se ha demostrado. Luego de reducir los gastos del Estado necesitará encontrar una fórmula contra la estanflación.
En términos de política interna, preocupan las tensiones con los gremios, los cuestionamientos sobre la independencia de algunas instituciones y no es clara la “nueva política” en la relación con los partidos y el Congreso. Gobernar exige concertación, respeto por los contradictores y capacidad para construir acuerdos en el Congreso, capacidades que el gobierno se encuentra pendiente de demostrar. La construcción concertada del plan de desarrollo, cuyo esbozo acaba de presentar, puede ser la oportunidad para lograr consensos que necesita.
Al cumplir sus 100 primeros días el presidente sigue empeñado en marcar diferencias con Petro y responder a las expectativas de quienes votaron por el cambio, pero en su administración están sobrando gestos y faltando recursos, políticas consistentes, resultados estructurales y capacidad de gestión. El país votó para dejar atrás cuatro años de desasosiego e incertidumbre, no para quedarse en la inútil tarea de recordar que Petro ya no está.