Al sector eléctrico se le fueron las luces

Los aumentos en las tarifas de energía han sido y son desproporcionados. No guardan relación con la realidad de la economía, las necesidades de la ciudadanía, la industria, ni las mismas estructuras de costos. Peor que un mercado intervenido es uno anárquico en el que cada actor, en un sector sensible y estratégico, marcha por su lado, considerando, solamente, sus particulares intereses de corto plazo. Una solución real no se puede posponer.

Como tituló el editorial de El Espectador el jueves pasado, “La energía está impagable” (Ver aquí). Cualquiera podría pensar que se trata de un problema mundial, en vista de lo ocurrido en Europa y Estados Unidos a raíz de la invasión a Ucrania, sin considerar que gran parte de la energía que consumimos la producimos aquí y su estructura de costos, salvo por los derivados del petróleo, no se ha visto afectada. ¿Alguien pesca en rio revuelto? En el sector eléctrico, paradójicamente, parece un problema de desconexión entre los agentes económicos que puede solucionarse administrativamente con una oportuna intervención de las autoridades.

Un análisis comparativo nos puede ayudar a dimensionar el asunto. Luego del gran apagón de 1992, el país pudo crear un esquema de producción y distribución de energía que desde entonces ha respondido a nuestras necesidades y se ha ajustado a la evolución de la sociedad y la demanda. El servicio de energía llega hoy al 100% de los colombianos. El 94% tiene acceso a combustibles “limpios” para cocinar. Coincidiendo, y adelantándose a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, el 76% de la electricidad del país proviene de energías renovables y hacemos un uso racional de ella: nuestro consumo per cápita, 1615 kv/hora, es 4 veces inferior al de Europa; 1/8 que el de Estados Unidos; 1/3 del de Chile y casi la mitad del promedio de Suramérica.

Si hablamos de precios, para 2020 entre 12.23 y 14.4 dólares/kW, en Latinoamérica, nos encontramos en la mitad de la tabla. Mas ineficientes que Argentina, Ecuador y Brasil, pero más eficientes que México y Costa Rica, para citar algunos referentes. Debemos considerar que el precio de la energía es factor fundamental de competitividad. Decide inversiones, localización de empresas, empleos y condiciona el futuro de economías y países. Su impacto debe analizarse en relación con la estructura general de precios; de ingresos y salarios, pero también con el sentido común y las posibilidades y realidad de las economías. Coincidiremos en que ningún indicador, ni siquiera el Índice de precios del productor (IPP) que regula los contratos en el sector —convirtiendo expectativas en incremento de tarifas—, logra explicar el desfase entre las tarifas y los ingresos de la población, pero tampoco guarda relación con precios y utilidades promedio de mercado.

La propuesta de racionalizar los precios —modificando el indicador utilizado para estimar las tarifas—, en la superficie un problema técnico, puede interpretarse como una intención de autorregulación pero pone en evidencia la incapacidad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) para cumplir sus funciones y anticiparse a lo que puede ser un problema de dimensiones inimaginadas: una excesiva o desacertada intervención podría provocar problemas estratégicos de oferta, mientras ninguna intervención, como ocurre ahora, nos tiene en las puertas de otra crisis social. Hemos llegado al absurdo: no puede resultar más costosa la tarifa de energía que la de arrendamientos, como empieza a ocurrir en muchos lugares de Colombia. Las distorsiones ocasionadas por problemas de la cadena de valor deben ajustarse de inmediato y traducirse en facturas más justas para la ciudadanía.

No existen condiciones para crear un fondo, similar al de los combustibles, que permita, artificialmente, estabilizar las tarifas, como lo expresó acertadamente el ministro de Hacienda en un acto de responsabilidad. La estructura de costos o las mismas pérdidas de energía —factores puramente administrativos— no justifican una acción de ese tipo que, por demás, serían una solución extemporánea debido a los tiempos de los procesos legislativos. Se trata de lograr, manteniendo los actuales esquemas, mayor racionalidad y un precio más justo en relación con los costos de producción y distribución. Generadores y comercializadores, coordinados adecuadamente y acompañados por el gobierno, deben y pueden, tan pronto como en las próximas facturas, encontrar la salida.

@herejesyluis