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Hace más de 20 años, Echeverry, Fergusson y Querubín publicaron un estudio en el que analizaban las inflexibilidades del Presupuesto General de la Nación, es decir, aquellos egresos del Estado que deben cumplirse independientemente de quién asuma el poder o qué programa de gobierno implemente.
Aunque ha habido cambios, sigue siendo cierto que quien llegue al Ministerio de Hacienda encontrará, como lo documentaron estos autores, que una parte mayoritaria de los recursos recaudados sigue teniendo un destino preestablecido. Modificar esas asignaciones implicaría alterar profundamente las reglas del juego, muchas de las cuales están consagradas en la Constitución.
Como esto ha sido así por décadas sorprende que, en el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2025, el gobierno utilice el término “inflexible” 49 veces y lo esgrima como el evento extraordinario que justifica el abandono de la regla fiscal.
Ese escape implicará egresos públicos por encima de los límites legales de la regla fiscal por cerca de $80 billones de pesos entre 2025 y 2026 y llevarán la deuda pública al nivel más alto relativo a la actividad económica desde la Guerra de los Mil Días.
Con esa plata se podrían construir dos líneas de metro en Bogotá, pero en este caso, los 80 billones no se gastarán en nada que vayamos a recordar. El gobierno ya había superado los límites de la regla fiscal en 2024.
Sin embargo, en esa ocasión argumentó que se había enfrentado a un volumen inusual de gastos extraordinarios y que, si estos se excluían de las cuentas, se había cumplido con la regla fiscal.
Así, en tres de los cuatro años de este gobierno, habremos funcionado sin amarres fiscales. Eso lo pagaremos, literalmente, caro. Los intereses que cobra el mercado financiero por prestarle recursos al gobierno son cada vez más altos. En concreto: si en 2023 pagamos $46 billones en intereses por la deuda pública, para cuando cambiemos de gobierno en 2026, esos pagos sumarán el doble, $92 billones de pesos. Eso equivale a una cuenta de $1,7 millones de pesos por cada colombiano solo para honrar los intereses de la deuda de gobierno central.
Quien entre a gobernar en 2026 tendrá mucho trabajo. Mi sospecha es que el asunto será tan crítico en el frente fiscal que terminaremos, como a finales del siglo pasado, diseñando las salidas de la mano del FMI.
En esa discusión se tendrán que modificar los fundamentos que rigen la estructura de gastos del gobierno central, hacer otra reforma tributaria, reestructurar la deuda y cambiar la regla fiscal. Esta última, luego de la decisión del gobierno perdió el activo que la hace útil, la credibilidad de los mercados financieros.
El gobierno ha dicho que presentará una reforma tributaria este año. Dudo que el proyecto tenga éxito en un año preelectoral y con un ambiente político tan maltrecho. De hecho, me temo que aprobarla podría ser incluso contraproducente: el gasto del gobierno se ha vuelto un barril sin fondo y entre más lo alimentemos mayor será el reto de su ajuste para el gobierno entrante y las billeteras de los contribuyentes.
X: @mahofste
